Alberto Fernández apeló su procesamiento y pidió la falta de mérito en la causa "Seguros"
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La defensa del ex presidente Alberto Fernández presentó una apelación ante la Cámara Federal porteña para solicitar que se revoque su procesamiento en la causa Seguros y se le dicte la falta de mérito, mientras avanza la investigación y se ordenan nuevas medidas de prueba.
El recurso fue presentado por su abogada, Mariana Barbitta, luego de que el juez federal Sebastián Casanello lo procesara el pasado viernes por el presunto delito de "negociaciones incompatibles con la función pública".
La defensa sostiene que Fernández fue procesado por hechos sobre los que nunca fue indagado y por "conductas novedosas" que no habían sido parte de la acusación original, lo que -según argumentan- vulneró su derecho a defensa.
"El procesamiento se basó en una plataforma fáctica y jurídica por la cual el ex presidente no fue convocado a declarar", sostuvieron fuentes cercanas a la defensa.
En este sentido, Barbitta pidió que se revoque el fallo y se dicte la falta de mérito, a la espera de que la causa continúe con una instrucción más profunda.
Causa Seguros: los puntos cuestionados por la defensa de Alberto Fernández
Entre los hechos señalados como "novedosos" por la defensa se encuentra la acusación de haber creado el cargo de secretaria privada para María Cantero, esposa del broker Héctor Martínez Sosa, ambos también procesados en la causa.
Además, se le imputa haber promovido la instalación de una oficina que habría funcionado como base de operaciones para un grupo empresarial con el que habría estado vinculado.
La defensa también cuestionó el origen del caso, al advertir sobre la "gravedad institucional y democrática" de procesar a un ex presidente basándose en una investigación periodística, sin que haya -según argumentaron- una pesquisa judicial seria, amplia y objetiva.
En el escrito, se habla de una "persecución infundada", lo que refuerza el pedido para que se revoque el procesamiento.
Ahora será la Cámara Federal porteña la que deberá analizar los argumentos de la defensa y definir si confirma, revoca o modifica la decisión del juez Casanello.
Los fundamentos para procesar al expresidente Alberto Fernández
Hace unos días, Casanello ordenó un embargo sobre los bienes del expresidente de $14.634.220.283,68. Y procesó, junto a Fernández, a otras 33 personas, incluidos Cantero (por los delitos de negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionaria), Martínez Sosa (como partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles) y el exjefe de Nación Seguros Alberto Pagliano (por administración fraudulenta agravada y negociaciones incompatibles).
El expediente judicial señala que durante su gestión se firmaron 45 contratos a través de 25 intermediarios del sector asegurador, beneficiando a privados mediante comisiones extraordinarias. Uno de los ejes de la causa gira en torno a un decreto presidencial firmado por Fernández, que permitió canalizar estas contrataciones bajo condiciones ahora cuestionadas.
Además, se investiga el papel de una cooperativa que habría funcionado como una financiera, y el posible direccionamiento deliberado de esos contratos.
La Justicia considera que detrás de estas maniobras existió una "estructura criminal" cuyo objetivo habría sido desviar fondos públicos hacia manos privadas, bajo el amparo de procedimientos formales simulados.
Los investigadores sostienen que "con la connivencia de Alberto Fernández, habrían operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora Nación Seguros; como así también en la inclusión de empresas coaseguradoras por parte de ésta".
De acuerdo con la reconstrucción del expediente, los intermediarios no solo habrían actuado con pleno conocimiento del expresidente, sino que además el esquema funcionaba como una red sistemática y centralizada para canalizar fondos públicos hacia ciertos actores privados del mercado asegurador, muchos de los cuales habrían tenido vínculos previos o afinidad política con sectores del poder.