Julio de Vido y Roberto Baratta, a prisión por fraude al Estado en la compra de gas licuado
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El Tribunal Oral Federal N.º 7 condenó este lunes al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, a cuatro años de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
La causa investigó la compra de Gas Natural Licuado (GNL) realizada en 2008 y 2009, durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Compra de GNL: Julio De Vido y Roberto Baratta, condenados a prisión por fraude
La sentencia, dictada por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, alcanzó también a Roberto Baratta, ex mano derecha de De Vido, quien recibió tres años y seis meses de prisión. Ambos fueron considerados responsables de un perjuicio millonario al Estado por el pago de más de 5,5 millones de dólares en comisiones a intermediarios.
En el mismo fallo, Nicolás Dromi, hijo del exministro Roberto Dromi y director de Diligentia S.A., fue condenado a tres años de prisión en suspenso como partícipe necesario de la maniobra. Su empresa, junto a Dysan SA, habría intervenido como intermediaria en la adquisición de once cargamentos de GNL, sin aportar experiencia técnica ni justificación para su participación.
Durante los alegatos, los fiscales Fabiana León y Nicolás Codromaz remarcaron que no existió informe técnico ni documentación que avalara la inclusión de esas firmas en la operación, pese a que Enarsa ya tenía relaciones establecidas con proveedores internacionales como Morgan Stanley. "No hay ninguna prueba de qué valor aportó la intermediación de Dromi", sostuvo Codromaz.
El proceso, que se extendió durante once años y fue transmitido vía Zoom, estuvo atravesado por la controversia en torno a un peritaje declarado inválido. El mismo había sido realizado por el ingeniero David Cohen, quien ahora enfrenta un juicio oral por falsedad ideológica.
La condena se suma al historial judicial de De Vido, que ya pasó por prisión en la causa por la tragedia ferroviaria de Once y por la compra de trenes usados a España y Portugal. En paralelo, aguarda definiciones en expedientes emblemáticos como Cuadernos, Skanska y otros procesos vinculados a la obra pública durante el kirchnerismo.
Causa Cuadernos: empresarios ofrecieron "patéticos montos" para evitar el juicio
La investigación en los tribunales federales de Comodoro Py se basó en los cuadernos anotados por el chofer Oscar Centeno, donde detallaba los pagos de supuestos sobornos realizados no solo durante los gobiernos de Cristina sino también de Néstor Kirchner, por contratistas del Estado a funcionarios del ministerio de planificación que conducía, entre otros importantes exfuncionarios, Julio De Vido.
Hoy, los hombres de negocios se juegan una de sus últimas fichas para no afrontar el juicio oral que comenzará el próximo 6 de noviembre y que tiene como principal imputada a Cristina Fernández de Kirchner, a la que acusan de encabezar una asociación ilícita que se dedicaba recaudar fondos mediante sobornos obtenidos de empresarios dedicados a la obra pública. Más de 600 testigos deberán declarar durante el juicio oral donde hay 74 acusados sentados en el banquillo de los acusados.
De esos 74 procesados, hay cerca de 40 empresarios que están intentando quedar afuera de la causa de los cuadernos de la corrupción a cambio de una reparación integral por el daño producido que está tipificado en el apartado 6º del artículo 59º señalado más arriba.
Ofrecen desde yates y autos hasta dinero, y propiedades en el exterior que en su totalidad superan los siete millones de dólares. Estos empresarios que intentan esta alternativa fueron convocados por los jueces del tribunal federal oral N.º 7, Fernando Canero, Enrique Méndez Signorini, y Germán Castelli, que tomarán nota de las ofertas realizadas.
La fiscal Fabiana León fue escuchada por el Tribunal de Justicia y fue contundente. Se opuso categóricamente a este intento, teniendo en cuenta algunos antecedentes en otras causas en las que no se mostró favorable a este tipo de arreglos.
El caso del ex titular del PAMI durante la gestión kirchnerista, Luciano Di Cesare, es un ejemplo. Obtuvo más de 1,3 millones de pesos por vacaciones no gozadas a pesar de no tener derecho a ellas. El funcionario fue procesado y ofreció una reparación dineraria admitida por el PAMI, pero no por la fiscal León, que se opuso y su decisión fue refrendada por la Cámara de Casación.
Pero, además, consideró como "patéticos" los montos ofrecidos para intentar arreglar. Algo que no hizo cuando sucedió el caso del ex titular del PAMI y sostuvo que, si se los dividía por los doce años que lleva la investigación, resultaban "ridículos".
Los montos y la envergadura de las causas comparadas que se solucionaron con esta fórmula no son asimilables, por ello es muy posible que la solución que proponen muchos de los empresarios procesados y, algunos de ellos, arrepentidos, no llegue a buen puerto. El martes 16 de septiembre, el tribunal escuchará a las defensas antes de volver a deliberar.
Entre los empresarios que confesaron los sobornos se encuentran: Alberto Taselli, empresario del sector energético; Aldo Roggio: titular del Grupo Roggio; Ángelo Calcaterra, ex dueño de la constructora Iecsa; Armando Loson, integrante del grupo Albanesi; Carlos Wagner, expresidente de la Cámara de la Construcción; Enrique Pescarmona: integrante del grupo Impsa; Claudio Glazman: integrante del grupo Roggio; Gabriel Pedro Losi, presidente de LOSI S.A.; Héctor Alberto Zabaleta: exdirectivo de Techint; Héctor Javier Sánchez Caballero: integrante de Iecsa; Jorge Balan y Jorge Neira, integrantes del grupo Electroingeniería; Juan Carlos de Goycoechea; integrante de la constructora Isolux; Juan Chediack, expresidente de la Cámara de la Construcción; Marcela Sztenberg, accionista de Equimac S.A.y Rodolfo Armando Poblete; integrante el grupo Romero.