Reforma laboral: el Gobierno apuesta a aprobarla en diciembre y pide a las empresas que creen empleo formal

El Gobierno nacional busca avanzar en una amplia reforma laboral con dos objetivos centrales: crear empleo privado formal y reducir la informalidad, que hoy afecta a casi la mitad de la fuerza laboral. El proyecto, que el Ejecutivo planea debatir en el Congreso en diciembre, pretende simplificar los procesos de contratación, actualizar convenios colectivos, eliminar la "industria del juicio" y dar mayor flexibilidad a las empresas para adaptarse a las condiciones productivas de cada región.

En la Casa Rosada reconocen que hace más de una década que la Argentina no genera empleo formal y que el 50% de los trabajadores se desempeña en la informalidad. Esta situación, señalan, no solo impacta en la recaudación y el sistema previsional, sino que también deja a millones de personas sin cobertura médica ni jubilación.

El Gobierno considera que el nuevo marco normativo debe ser "claro, simple y de bajo costo", permitiendo que una PyME pueda contratar empleados mediante un trámite digital, sin necesidad de abogados ni intermediarios. La meta es lograr un "blanqueo masivo" que formalice miles de empleos, incluyendo los que realizan trabajadores extranjeros en sectores como aplicaciones de reparto y comercio minorista.

Crecimiento del trabajo independiente

Desde 2010, el empleo privado registrado se mantiene estancado, mientras crece el trabajo bajo monotributo o facturación independiente. Muchas empresas, explican desde la Secretaría de Trabajo, reemplazan puestos formales por contrataciones externas, como forma de evitar juicios laborales o cargas impositivas excesivas.

Según datos oficiales, los monotributistas pasaron de 2.037.800 a 2.161.300 en menos de dos años, mientras que los autónomos subieron a 391.900. Para el Ejecutivo, esta tendencia refleja una legislación obsoleta y una estructura laboral "que desalienta la contratación formal".

Pilares del proyecto

El proyecto de reforma contempla una serie de medidas estructurales:

• Actualización de convenios colectivos: se impulsará la negociación para que los acuerdos vigentes hace más de 70 años puedan modernizarse. En la Casa Rosada lo definen como "flexibilización hacia adelante", garantizando que no se afectarán derechos adquiridos.

• Contratación express: se eliminarán trabas burocráticas y requisitos legales innecesarios para que las empresas puedan incorporar personal de forma ágil y transparente.

• Lucha contra la industria del juicio: se establecerán mecanismos para limitar las demandas laborales abusivas que, según el Gobierno, desalientan la creación de empleo y afectan especialmente a las PyMEs.

• Pagos en moneda extranjera: se autorizará que los salarios puedan cobrarse en dólares, una opción que beneficiaría a sectores exportadores como software, call centers o consultoría.

• Convenios por empresa o región: se permitirá que las condiciones laborales se adapten a la realidad de cada rubro y provincia, en línea con los modelos de países como Alemania o Australia.

Formalización y alivio fiscal

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que uno de los objetivos de la reforma será "terminar con la situación en la que una PyME no contrata por miedo a un juicio laboral". Por eso, el proyecto permitirá que las pequeñas y medianas empresas paguen indemnizaciones y multas judiciales en hasta 12 cuotas mensuales, para evitar cierres por falta de liquidez.

Asimismo, el Ejecutivo busca reducir la carga tributaria sobre el empleo formal. Según la consultora Invecq, Argentina tiene los costos laborales más altos de la región, con una carga del 70%, ligeramente por encima de Brasil. Un estudio del IARAF estimó que las contribuciones patronales representaron el 21,2% del costo laboral total en 2024.

El Gobierno plantea que "blanquear será más provechoso que evadir", e impulsa una revisión integral del sistema tributario para eliminar impuestos que considera improductivos.

La industria del juicio y el peso sindical

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, ha sido uno de los principales defensores del proyecto. Según explicó, "la industria del juicio muerde una parte del salario" y, junto al sindicalismo y las cámaras empresariales, "se lleva porcentajes que deberían volver al trabajador".

De acuerdo con cálculos del Ejecutivo, los gremios retienen alrededor de un millón de pesos por trabajador al año, por lo que eliminar ese "peaje", como lo llaman en el Gobierno, podría incrementar el ingreso neto mensual en unos $100.000.

El oficialismo también cuestiona la rigidez de los convenios colectivos nacionales, que no contemplan las diferencias productivas entre regiones. En la visión gubernamental, el esquema actual dificulta la competitividad y no refleja las realidades dispares entre provincias.

Regulación para los trabajadores de plataformas

Uno de los capítulos más novedosos de la reforma se centra en los trabajadores de plataformas tecnológicas, como repartidores y conductores de aplicaciones. El proyecto busca formalizar su situación sin quitarles independencia, manteniéndolos bajo la figura de monotributistas, pero con cobertura por accidentes y derechos básicos garantizados.

Los repartidores podrán conectarse libremente a distintas plataformas, decidir sus horarios y rechazar pedidos. Además, las empresas deberán informar de forma clara los criterios con los que asignan tareas y pedidos, garantizando transparencia en los algoritmos y condiciones laborales.

Salarios dinámicos y productividad

El Gobierno propone reemplazar el esquema de aumentos salariales automáticos por inflación por uno basado en "salarios dinámicos", donde la productividad y el desempeño sean las variables determinantes.

Este nuevo modelo busca adaptar los incrementos a la capacidad real de pago de cada empresa, evitando subas uniformes que no reflejen las diferencias entre sectores, regiones o tamaños de compañías.

La idea es que los convenios colectivos funcionen como referencias flexibles y no como techos rígidos, promoviendo negociaciones más frecuentes y ajustadas a la evolución de la actividad económica.

Según fuentes del oficialismo, este sistema permitiría aumentar salarios cuando la productividad crezca y establecer esquemas más graduales en momentos de baja facturación.

Resistencias sindicales y desafíos políticos

Las centrales sindicales observan con preocupación varios puntos de la reforma, en especial la posibilidad de que los convenios fijen techos en lugar de pisos y que los aumentos dependan de cada empresa. Temen que eso amplíe la brecha entre regiones y reduzca la protección de los trabajadores con menores ingresos.

Los gremios también rechazan la descentralización de las negociaciones, argumentando que podría debilitar la capacidad de representación colectiva y generar mayor desigualdad.

Además, economistas como Carlos Melconian advierten que el fuero laboral actual constituye un obstáculo clave para las PyMEs: "La gente no toma empleados porque cualquier conflicto puede llevarla a la ruina. No se trata de perjudicar al trabajador, pero la Justicia laboral, como está hoy, no va más", expresó.

Melconian también apuntó a un cambio cultural entre los jóvenes: "Muchos no quieren trabajo formal. Prefieren horarios flexibles, home office y trabajar por objetivos. Esa es la realidad que hay que enfrentar".

Una reforma con impacto estructural

El presidente Javier Milei insiste en que la modernización laboral no implica pérdida de derechos, sino una oportunidad para recuperar el empleo privado y dinamizar la economía. En su visión, el desafío consiste en adaptar las leyes a las nuevas realidades productivas sin debilitar las protecciones esenciales.

Si el Congreso aprueba el proyecto en diciembre, el Gobierno espera iniciar en 2026 una nueva etapa en el mercado laboral argentino, con reglas más simples, menor litigiosidad, incentivos a la contratación formal y una estructura salarial vinculada a la productividad.

El objetivo final, según fuentes oficiales, es que el trabajo formal vuelva a crecer después de más de 15 años de estancamiento, consolidando un sistema "que premie el esfuerzo, proteja al trabajador y estimule a quien crea empleo".