Polémica en Diputados entre LLA y la oposición por un proyecto para regular la Inteligencia Artificial

Un acalorado debate se suscitó en la Cámara de Diputados en torno a un proyecto de ley que busca establecer un marco normativo de la Inteligencia Artificial, con eje en el control estatal sobre los datos utilizados por estos modelos, bajo el objetivo de proteger los derechos de las personas.

La discusión, que tuvo enfrentados a legisladores de La Libertad Avanza y el kirchnerismo, se dio en el marco de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, por donde en el último año y medio pasaron numerosos especialistas para abordar la temática.

En el tramo final del periodo ordinario, y antes del recambio parlamentario, el diputado de Unión por la Patria Daniel Gollan, presidente de la comisión, convocó a dictaminar el proyecto que fue elaborado sobre los aportes que hicieron los distintos expositores. Sin embargo, el tema dividió aguas.

En un giro de poder sobre la agenda del Congreso tras las elecciones, varios oficialistas se hicieron presentes en el debate y defendieron su postura en contra de una regulación para la IA. Además de cuestionar el modelo europeo, apuntaron que la iniciativa plantea una idea al estilo chino, a través de la creación de una agencia de fiscalización.

Buscan regular la IA: ¿a quiénes alcanzaría la ley?

El proyecto impulsado por Unión por la Patria recibió dictamen de mayoría, mientras que La Libertad Avanza suscribió un despacho de rechazo. No obstante, el texto también tiene giro a otras tres comisiones, presididas todas por el oficialismo, con lo cual corre nulas chances de ser tratado. Consciente de esto, Gollan aseguró que la intención era dejar un antecedente a futuro.

"Hay quienes dicen que la IA se tiene que autorregular, hay otros que dicen que hay que regularla con un grado tan estricto que prácticamente lo que hay en desarrollo hoy en Argentina correría cierto riesgo de desaparecer, con todas las virtudes que tiene", sostuvo el diputado y explicó que la iniciativa "no pretende abarcar todos los aspectos, porque además sería imposible, pero sí generar un marco" que "de ninguna manera signifique quitar potencial al desarrollo virtuoso de la IA".

De acuerdo al proyecto, la ley aplicaría a proveedores de sistemas de IA, siendo obligatorio tener una representación legal en Argentina; a responsables del despliegue y uso de los sistemas de IA; a importadores, distribuidores y fabricantes de productos y servicios de IA.

A su vez, establece una serie de principios y derechos de las personas. Sobre esto último, prevé mecanismos de reclamos de los humanos en caso de verse afectados por la IA. Algunos de los derechos que menciona son: impugnación y revisión humana; rectificación y supresión de datos; y la no discriminación y la corrección de sesgos discriminatorios directos, indirectos, ilegales o abusivos.

"En situaciones en las que las decisiones, predicciones o recomendaciones generadas por sistemas de inteligencia artificial tengan un impacto irreversible o difícil de revertir o impliquen decisiones que puedan generar riesgos a la vida o integridad física de individuos, habrá una participación humana significativa en el proceso de toma de decisiones y determinación humana final", reza uno de los artículos.

La Libertad Avanza rechazó la creación de una agencia de control de la IA

Uno de los puntos del dictamen de la Comisión de Ciencia consiste en la creación de una "Agencia de Gestión y Planificación de Tecnologías Digitales" que establezca estándares técnicos y éticos para el uso de la IA en los sectores público y privado, además de supervisar, auditar, gestionar un registro de sistema de IA de alto impacto y "garantizar que las decisiones tomadas por sistemas de IA puedan ser revisadas por un tribunal o autoridad competente".

El texto impulsado por la oposición clasifica los sistemas de IA como de "riesgo inaceptable", "alto riesgo" y "riesgo limitado". La agencia podría crear un registro público sobre los de "alto riesgo" que "puedan generar eventuales daños o peligros que se entienda prioritario prevenir causados por la evolución de los procesos de digitalización, gestión de datos, robotización, inteligencia artificial u otros procesos innovadores que puedan derivar en problemas no previstos".

Al argumentar la posición en contra, la bullrichista Sabrina Ajmechet, recientemente incorporada al bloque de La Libertad Avanza, subrayó que "en Europa se reguló de forma apresurada sobre IA, se hizo una regulación rígida que ahogó la innovación, que los dejó y los está dejando fuera del mercado".

"Mucho del proyecto está basado en la experiencia europea", observó y criticó "el control total y absoluto como forma de gobierno". Pero además, advirtió: "Se propone que la Argentina se tire un tiro en los pies copiando el modelo europeo, pero encima se empeora esto, porque se agrega un súper agencia estatal solamente comparable como la tiene China. Una agencia que certifique, audite y sancione cualquier IA. No se me ocurre un peor modelo posible".

En línea con sus pares, Ajmechet se manifestó "absolutamente en contra que se regulen cosas que todavía no se entienden". Y consideró que la iniciativa apunta a "desalentar el desarrollo local e invitar a todas las empresas a radicarse fuera del país". "Las empresas van a preferir no innovar antes que enfrentar sanciones", agregó.

IA: proponen resguardar derechos de las personas mediante reforma del Código Penal

Durante el debate, el diputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño, quien firmó un dictamen de minoría, señaló que "sin dudas el Código Penal es vetusto, tiene mil parches y queda a trasmano de todos los delitos que tienen que ver con IA, y ahí es donde creo que habría que poner más tiempo para lograr los consensos".

"Mucha gente de carne y hueso está sufriendo problemas que traen los algoritmos y le estamos debiendo una ley", sostuvo y enumeró una serie de temas sobre los que habría que avanzar con cambios en la legislación vigente: consentimiento para contenido creado por la IA sobre la voz e imagen; propiedad intelectual sobre producciones sintéticas y asistidas; injurias de difusión masiva con IA; pornografía sintética, entre otros.

También firmante de otro dictamen de minoría, el cordobés Juan Brügge aclaró que no era "anti inteligencia artificial", pero que está de acuerdo con la regulación "porque hay que proteger los derechos y la evidencia empírica a nivel mundial demuestra claramente que la IA tiene una capacidad nunca vista de perjudicar los derechos de los particulares. Primero, porque tiene un esquema de procesamiento de datos masivo; y, por otro lado, porque tiene la capacidad de tomar decisiones".

"El enfoque en protección de los derechos humanos es algo que se puede compatibilizar con la innovación. Se puede aplicar y se puede mejorar la calidad en todos los aspectos, pero tenemos que trabajar sobre las consecuencias", agregó.