Cuánto cobran los presidentes del mundo: los salarios, desde el más alto al más bajo

El debate sobre cuánto debe cobrar un jefe de Estado volvió a instalarse en el centro de la discusión pública. Más allá del número administrativo, el salario presidencial funciona como un símbolo institucional: refleja el valor que cada país asigna al cargo, las expectativas sobre el liderazgo político y el equilibrio que se busca entre autoridad y austeridad.

Cuando una gestión no muestra resultados concretos, cualquier ajuste en la remuneración suele interpretarse como una provocación social. En cambio, en contextos de estabilidad institucional, esos montos se integran a una lógica de profesionalización del Estado y pasan a un segundo plano dentro del debate político.

En clave comparativa, los salarios presidenciales también operan como señales hacia adentro y hacia afuera. En países con economías consolidadas e instituciones sólidas, los sueldos más elevados buscaron atraer perfiles técnicos, jerarquizar la función pública y reducir incentivos a prácticas irregulares. En escenarios atravesados por crisis de legitimidad, los mismos números dispararon tensiones y se convirtieron en bandera electoral.

Salarios presidenciales en América y Europa

En América Latina, la fijación del salario presidencial combinó dos fuerzas que suelen entrar en tensión: la necesidad de jerarquizar la administración pública y la presión social por recortes y sobriedad. Factores como inflación, reformas fiscales, controles parlamentarios y clima político influyeron en los ajustes, que quedaron muchas veces asociados a la imagen del mandatario de turno.

En América del Norte, el esquema es diferente. Estados Unidos y Canadá integraron el sueldo a un paquete institucional con gastos de seguridad, residencia oficial, traslados, atención médica y pensión vitalicia. Allí el monto se definió con parámetros legales estables y no se transformó en debate electoral frecuente.

En Perú, el sueldo presidencial se ubicó en S/ 16.000 mensuales, equivalentes a unos u$s4.300, en línea con el límite fijado por ley. En abril de 2025 surgió una polémica cuando se propuso elevarlo a S/ 35.568, más del doble, lo que generó rechazo político y social. En Bolivia, el presidente Luis Arce percibió Bs 24.978 mensuales, cerca de u$s3.600, dentro de un esquema de contención del gasto público.

En Argentina, el salario presidencial superó los $6.000.000 brutos mensuales, ue al tipo de cambio oficial representó entre u$s6.000 y u$s7.000, con ajustes explicados por la dinámica inflacionaria. El tema continuó siendo objeto de discusión política. En Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva pasó a cobrar R$ 46.366,19 mensuales, unos u$s9.200, tras una actualización votada por el Congreso. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum percibió $134.290 pesos mexicanos, cerca de u$s7.800, bajo la política de austeridad que impide que otros funcionarios cobren más que el Ejecutivo.

En Estados Unidos, el presidente mantuvo un salario anual de u$s400.000, sin cambios desde 2001, y se complementó con una asignación de u$s50.000 anuales para gastos personales vinculados al cargo, además de beneficios de residencia, transporte y seguridad permanente. El esquema se caracterizó por su estabilidad legal y escasa controversia electoral.

En Europa Occidental, los salarios presidenciales o de primeros ministros se regularon mediante leyes claras y mecanismos de transparencia. En Alemania, el canciller federal percibió unos €377.800 anuales, aproximadamente €31.400 mensuales (cerca de €190.000), mientras que en Francia, el presidente Emmanuel Macron cobró €142.000 brutos por año, unos €11.800 mensuales. En el Reino Unido, el primer ministro sumó alrededor de £164.080 anuales, bajo revisión de un organismo independiente. En España, el presidente del Gobierno percibió cerca de €104.000 anuales, con publicación oficial de los datos (unos €7.800 mensuales).

La información se publicó en el Portal de Transparencia y en los Presupuestos Generales del Estado, como parte de una política de divulgación regular para evitar lecturas de privilegios. En Asia, los contrastes fueron marcados. En Irán, el presidente percibió un salario anual equivalente a unos u$s2.155, reflejo de una estructura de poder donde el rol presidencial es más administrativo. En China, el presidente Xi Jinping cobró cerca de u$s22.000 anuales, dentro de una cultura política donde la autoridad partidaria prevalece sobre la remuneración. En India, el primer ministro Narendra Modi percibió alrededor de u$s27.000 anuales, acompañado por beneficios institucionales.

En Arabia Saudita, el rey Salman bin Abdulaziz Al Saud no cobró un salario fijo al estilo occidental. La manutención de la casa real surgió de asignaciones del presupuesto estatal para seguridad, viajes y funcionamiento, en un esquema de alta opacidad financiera que dificultó establecer una cifra precisa.

En Israel, el presidente Isaac Herzog cobró cerca de u$s173.000 anuales, unos u$s14.400 mensuales, mientras que el salario del primer ministro se ubicó muy por debajo. En Arabia Saudita y Marruecos, los monarcas no percibieron un salario fijo al estilo occidental, ya que el financiamiento de la casa real provino del presupuesto estatal. En el mismo debate público, el salario de Benjamin Netanyahu se ubicó en torno a u$s4.200 mensuales.

En África, los salarios estuvieron condicionados por desigualdad y fragilidad institucional. En Egipto, el presidente percibió cerca de u$s47.000 anuales; en Argelia, unos u$s168.000, unos u$s14.000 y en Sudáfrica, el presidente Cyril Ramaphosa cobró alrededor de u$s223.500 anuales, dentro de un esquema regulado por ley.  En Marruecos, el rey Mohammed VI no cobró un salario fijo. La casa real se financió con asignaciones del presupuesto estatal y otros recursos, en un esquema donde la opacidad volvió difícil fijar ingresos personales concretos.

En la República Democrática del Congo, el presidente Félix Tshisekedi percibió cerca de 12.536.925 francos congoleños, cifra que el debate local tradujo a unos u$s6.300 mensuales. En Madagascar, el salario del presidente Andry Rajoelina no quedó claramente expuesto y se estimó en torno a €5.988.

En Oceanía, los salarios figuraron entre los más altos en relación con el ingreso per cápita. En Australia, el primer ministro percibió unos u$s386.200 anuales, mientras que en Nueva Zelanda el jefe de Gobierno cobró cerca de u$s300.000. En países insulares como Fiyi o Papúa Nueva Guinea, los montos fueron más bajos y generaron debates internos.

En las Islas Fiyi, el presidente Ratu Naiqama Lalabalavu percibió cerca de FJ$ 185.000 anuales, equivalentes a unos u$s83.000. El primer ministro de Papúa Nueva Guinea, James Marape percibió alrededor de 346.037 kinas anuales, equivalentes a unos u$s97.200. 

El repaso global muestra que los salarios presidenciales dejaron de ser un dato meramente contable. Funcionaron como una radiografía del modelo político e institucional de cada país. En democracias estables, sueldos elevados se "justificaron" por responsabilidad, profesionalización y prevención de conflictos de interés. En contextos de crisis, el número se transformó en chispa simbólica: midió legitimidad, representatividad y eficacia percibida.