Cambios en la Ley de Inteligencia: el Gobierno redefinió funciones y el rol de la SIDE por DNU

El Poder Ejecutivo formalizó este viernes una amplia modificación a la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520 a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, publicado en el Boletín Oficial. La medida introduce cambios de fondo en la estructura, conducción y competencias del esquema de inteligencia del Estado.

Uno de los puntos centrales de la reforma es el fortalecimiento de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que pasa a concentrar la dirección estratégica del sistema, con mayores atribuciones sobre la coordinación, el presupuesto y el control de los organismos que lo integran.

Según se desprende de los fundamentos del decreto, el objetivo es ordenar el marco normativo vigente, reducir superposiciones, mejorar los mecanismos de control interno y adaptar el sistema a un escenario atravesado por amenazas tecnológicas, criminales y geopolíticas en constante evolución.

El Gobierno argumentó la necesidad de avanzar con rapidez y consideró que el trámite legislativo ordinario no resultaba compatible con la urgencia de los cambios. Por ese motivo, optó por el instrumento constitucional del DNU para implementar la reforma de manera inmediata.

Nace la Comunidad de Inteligencia Nacional

Entre los cambios más relevantes se destaca la puesta en marcha de la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN), un espacio permanente de coordinación que integrará a los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN), a las áreas de inteligencia de las Fuerzas Armadas y a las fuerzas policiales y de seguridad federales, junto con otros organismos del Estado vinculados a la materia.

La nueva estructura quedará bajo la órbita de la SIDE y tendrá como misión concentrar y coordinar la producción de inteligencia estratégica a escala nacional.

Un nuevo esquema informativo para el Estado

El decreto también establece la conformación de la Comunidad Informativa Nacional (CIFN), integrada por ministerios y organismos públicos que no producen inteligencia en sentido estricto, pero que aportan información clave para el análisis estratégico.

Entre los organismos que la componen se encuentran las carteras de Relaciones Exteriores, Justicia y Seguridad Nacional, así como el Renaper, Migraciones, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Autoridad Regulatoria Nuclear y la Dirección General de Aduanas, entre otros.

Separación entre ciberseguridad y ciberinteligencia

La norma también avanza en una distinción formal entre las funciones de ciberseguridad y ciberinteligencia. Para ello, establece el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), que dependerá de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y tendrá a su cargo la defensa del ciberespacio y de los sistemas e infraestructuras digitales estratégicas.

En ese mismo sentido, la ex Agencia Federal de Ciberseguridad adopta la denominación de Agencia Federal de Ciberinteligencia y concentra su labor exclusivamente en la producción de inteligencia en el ámbito digital.

Contrainteligencia y redefinición de funciones

En el plano de la seguridad estratégica, el decreto redefine el rol del organismo especializado, que pasará a llamarse Agencia Nacional de Contrainteligencia. A partir de este cambio, su accionar se enfocará exclusivamente en la identificación anticipada de riesgos como espionaje, sabotaje o interferencias externas, quedando al margen de las investigaciones penales que lleva adelante la Policía Federal.

Como parte de los cambios, el decreto suma una definición legal específica de la contrainteligencia y fija la exigencia de implementar medidas de seguridad pasiva en todos los organismos del Estado nacional, quedando su cumplimiento a cargo de sus titulares.

Cambios en la inteligencia militar y controles internos

La reforma también alcanza al área de inteligencia militar. El decreto elimina la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, hasta ahora bajo la órbita del Ministerio de Defensa, y reasigna sus competencias y recursos a la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto, con la intención de simplificar la estructura y reducir superposiciones.

La norma también refuerza los mecanismos de supervisión interna: la División de Asuntos Internos pasa a convertirse en la Inspectoría General de Inteligencia, con un mandato ampliado para fiscalizar recursos, desempeño operativo y la integración funcional de los organismos.

Más poder para la SIDE y control parlamentario

Conesta reforma, la SIDE queda posicionada como el organismo rector del sistema, con atribuciones ampliadas que incluyen la aprobación presupuestaria, la supervisión de los gastos y el control sobre los nombramientos y remociones de autoridades.

Como cierre, el decreto habilita a las áreas de inteligencia a requerir apoyo operativo de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad, con autorización previa de la SIDE, y confirma que todas las tareas del sector mantienen su condición de carácter encubierto.

De acuerdo con el procedimiento previsto en la legislación vigente, el DNU será enviado a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá evaluar su validez. En paralelo, el Ejecutivo impulsa una de las reformas más significativas del sistema de inteligencia desde la sanción de la ley en 2001