Denuncian a la esposa de Manuel Adorni por presunto entramado de contratos millonarios con empresas del Estado
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Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, quedó en el centro de una denuncia judicial por presunto conflicto de intereses. La diputada nacional Marcela Pagano presentó un escrito ante el Juzgado Federal N°11, a cargo de Ariel Lijo, donde apunta contra los contratos de la consultora +BE, propiedad de Angeletti.
La presentación señala que esa empresa habría mantenido vínculos comerciales con compañías que tienen negocios o relaciones directas con el Estado. Según la denuncia, esto podría configurar un esquema de conflicto de intereses dada la posición de Adorni en el Gobierno.
El escrito judicial sostiene que podría existir un "circuito triangular de flujos económicos" entre organismos estatales, empresas privadas proveedoras y la consultora de Angeletti.
Para Pagano, este esquema involucra a firmas que contratan con entidades bajo la órbita del funcionario. La Justicia deberá ahora determinar si hay irregularidades o si se trata de actividades comerciales legítimas.
El caso YPF, National Shipping y las capacitaciones millonarias
Uno de los ejes centrales de la denuncia apunta al vínculo entre la petrolera estatal YPF, la naviera National Shipping y la consultora +BE. La acusación plantea que este triángulo podría haber generado un retorno indirecto de fondos al entorno de Adorni.
National Shipping es una empresa controlada por la familia Virasoro, dedicada al transporte marítimo y fluvial de hidrocarburos. Según la presentación judicial, mantiene contratos con YPF desde hace 28 años, es decir, mucho antes de que Adorni llegara al Gobierno.
La consultora de Angeletti habría brindado capacitaciones a gerentes y jefes de esa naviera en tres oportunidades durante 2024 y 2025. Las fechas citadas son el 6 y 23 de noviembre de 2024, y el 3 de octubre de 2025.
El monto total de esos servicios ascendió a $6.370.000, según los datos aportados en la denuncia. Para Pagano, este vínculo comercial resulta problemático porque Adorni integra el directorio de YPF como representante del Estado.
Sin embargo, desde National Shipping respondieron a la acusación. Señalaron que Adorni fue designado director de la petrolera en enero de 2026, es decir, con posterioridad a las capacitaciones contratadas.
La empresa remarcó que los contratos con YPF existen desde 1998 y que las capacitaciones se realizaron antes de que el funcionario tuviera cualquier injerencia en la compañía estatal.
Tecnópolis, DirecTV y el Grupo Foggia en la mira
La denuncia incorpora otro capítulo vinculado con la concesión del predio de Tecnópolis. Se trata de una licitación estimada en $183.000 millones para una explotación por 25 años, un proceso que está a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
Ese organismo depende directamente de la Jefatura de Gabinete, lo que vuelve más sensible cualquier sospecha de conflicto. Entre las empresas preseleccionadas figura DirecTV Argentina, asociada al Grupo Foggia del empresario Marcelo Dionisio, que según la presentación judicial sería cliente de la consultora +BE.
El expediente también menciona a Mara Natalia Gorini, pareja de Dionisio y asesora en la Secretaría General de la Presidencia, bajo la órbita de Karina Milei. Gorini fue directora del Grupo Foggia hasta 2024 y continuaría vinculada a la empresa como apoderada.
Para la denunciante, este entramado de relaciones personales y comerciales podría generar un nuevo conflicto de intereses. La pregunta clave es si la consultora de Angeletti tuvo contacto comercial con una empresa que ahora compite por una concesión multimillonaria supervisada por el organismo que depende de su esposo.
Grupo Datco y los contratos con organismos del Estado
La presentación judicial señala además que la consultora +BE habría tenido como cliente al Grupo Datco, una empresa tecnológica y de telecomunicaciones. Esta firma presta servicios a distintos organismos estatales, según detalla el escrito.
Entre los entes mencionados figuran ARCA, AySA, Banco Central, Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y Trenes Argentinos. Pagano sostiene que esto refuerza la hipótesis de una red de relaciones comerciales con proveedores del Estado.
La denuncia no aporta cifras concretas sobre estos contratos, pero los menciona como parte del esquema general de vínculos entre la consultora y empresas que facturan al sector público.
Licitaciones de SMS y correos electrónicos bajo sospecha
Otro punto del escrito apunta a supuestas irregularidades en licitaciones para el envío de SMS y correos electrónicos del Gobierno. Estas contrataciones fueron impulsadas cuando Adorni se desempeñaba como secretario de Comunicación, antes de su designación como jefe de Gabinete.
La denuncia menciona una adjudicación superior a $3.650 millones en la que participaron las empresas ATX SA y Area Tech SA. Según Pagano, ambas firmas estarían vinculadas entre sí, lo que podría configurar un esquema de competencia simulada.
Pablo Javier Casal, presidente de Area Tech, habría trabajado previamente para Rubén Santiago Ward, titular de ATX. Además, las compañías tendrían conexiones con Lugalu SA y compartirían domicilio en el barrio porteño de Parque Patricios.
También se mencionan posibles vínculos entre Tsoft Informática SAS y Tecnosoftware SA. La presentación sostiene que estarían controladas por la misma familia, lo que podría haber distorsionado los procesos licitatorios.
La acusación plantea que este esquema habría favorecido a empresas conectadas entre sí, reduciendo artificialmente la competencia y encareciendo los contratos para el Estado.
Pedido de investigación patrimonial y comparación con causas anteriores
El escrito judicial solicita además que se investigue la evolución patrimonial de Manuel Adorni. Según la denuncia, su salario como funcionario se mantendría en valores de 2023 mientras su patrimonio habría registrado un incremento.
La presentación también menciona la existencia de deudas con cuatro acreedores privados, entre los que figurarían familiares del funcionario. Este punto busca determinar si hubo movimientos patrimoniales no justificados o incompatibles con sus ingresos declarados.
Pagano plantea en su denuncia que el esquema descripto podría guardar similitudes con las causas "Hotesur" y "Los Sauces", en las que se investigó el uso de estructuras empresariales familiares para canalizar pagos de empresas contratistas del Estado.
Esa comparación apunta al corazón político de la denuncia. Las causas mencionadas involucraron a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su familia, y se convirtieron en emblemas de la corrupción durante el kirchnerismo.
La Justicia federal deberá ahora determinar si los vínculos comerciales señalados constituyen actividades privadas legítimas o si podrían configurar conflictos de interés o irregularidades. El caso recayó en el juzgado de Lijo, un magistrado cuestionado pero con larga trayectoria en causas de corrupción.
La denuncia de Pagano, diputada libertaria, resulta llamativa porque apunta contra un funcionario del mismo espacio político. Esto podría reflejar tensiones internas en La Libertad Avanza o un intento de la legisladora por marcar distancia de posibles irregularidades en el Gobierno de Javier Milei.