El Gobierno reforma el Código Penal: viudas negras, motochorros y salideras, entre los cambios claves
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El Gobierno nacional avanza en un proyecto de reforma penal que busca actualizar el Código Penal e incorporar nuevas figuras delictivas asociadas a modalidades de robo cada vez más frecuentes en la vida cotidiana. Entre ellas, aparecen las denominadas "viudas negras", los motochorros, las salideras bancarias y las entraderas, conductas que hoy no cuentan con una tipificación específica dentro de la legislación vigente.
La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques, y forma parte de una estrategia más amplia que incluye la redacción de un nuevo Código Penal. Mientras ese texto integral sigue en elaboración, el Ejecutivo buscará avanzar con proyectos parciales en el Congreso para endurecer penas y actualizar la normativa sin demoras.
El Gobierno reforma el Código Penal: viudas negras y motochorros, entre los cambios
El foco está puesto en reflejar en la ley penal modalidades delictivas que, según el diagnóstico oficial, se volvieron habituales pero no están contempladas de manera clara. Esto, sostienen, dificulta tanto la investigación judicial como la aplicación de sanciones acordes al daño causado.
En ese marco, el proyecto prevé establecer escalas penales específicas para estos delitos, que en algunos casos podrían ir de dos a doce años de prisión, con agravantes cuando se utilicen sustancias para anular la voluntad de la víctima o cuando los hechos ocurran en contextos de especial vulnerabilidad, como a la salida de bancos.
Además del endurecimiento de penas, la reforma incorpora un enfoque "pro-víctima", que busca otorgar mayor protagonismo a quienes sufren los delitos dentro del proceso judicial y reforzar su protección.
El paquete de cambios no se limita a los robos urbanos. También incluye la tipificación de delitos como las estafas piramidales, el daño animal, el ingreso de armas a cárceles y las picadas ilegales, en línea con una política criminal que apunta a abarcar nuevas formas de delito vinculadas a la dinámica social y tecnológica actual.
Con este proyecto, el Gobierno busca mostrar avances en materia de seguridad y responder a una demanda social creciente por penas más severas frente a delitos que impactan de manera directa en la vida cotidiana. El desafío, ahora, será lograr consenso político para que las modificaciones avancen en el Congreso.