El Banco Nación eliminó una norma clave tras el escándalo de los créditos hipotecarios de los políticos

En un intento por contener el costo político y la creciente indignación ciudadana, el Banco Nación decidió eliminar de forma definitiva la normativa que facilitaba el acceso a créditos hipotecarios para funcionarios públicos y cargos electos. La medida, formalizada a través de una circular, deroga un apartado de la Reglamentación 802 que permitía que personas en puestos políticos obtuvieran préstamos extraordinarios con una velocidad y montos inalcanzables para el ciudadano común.

La polémica estalló cuando se reveló que cerca de 40 políticos y altos funcionarios -muchos de ellos pertenecientes al Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo- habían calificado para créditos que rondaban, en promedio, el cuarto de millón de dólares. Lo que generó mayor malestar es que, mientras ocho de cada diez argentinos que solicitan un crédito hipotecario son rechazados, estos beneficiarios obtuvieron montos de hasta u$s340.000 con la tasa más baja del mercado, destinados en varios casos a la compra de una segunda o tercera vivienda.

La controversia tiene su origen en septiembre de 2024, bajo la gestión de Daniel Tillard y su entonces vicepresidente Darío Wasserman. En aquel momento, se alteró la resolución sobre "empleados del sector público" para incluir una aclaratoria que pasaba casi desapercibida: se especificaba que el beneficio alcanzaba también a "cargos políticos designados por resolución o electivos".

Esta modificación permitió que tanto funcionarios del Ejecutivo como legisladores -entre ellos nombres vinculados al ultracristinismo como Anabel Fernández Sagasti y Julia Strada- pudieran acceder al financiamiento estatal. Según admitieron fuentes del Palacio de Hacienda en "off" a medios nacionales, fueron los propios beneficiarios quienes pidieron esa aclaración normativa en 2024 para "protegerse" legalmente, sabiendo que la adjudicación de estos préstamos millonarios generaría un escándalo mediático.

Reacción oficial e incertidumbre sobre las cuotas

Ante la propagación de la información en redes sociales y la presión de la opinión pública, el propio presidente Javier Milei salió a defender la moralidad de los funcionarios, aunque con un tono de fastidio. "No tienen nada de ilegal porque los funcionarios no mataron, no violaron la libertad de expresión y no afectaron el derecho a la propiedad", respondió el mandatario, minimizando el impacto ético de que sus colaboradores accedieran a privilegios mientras el resto de la población enfrenta restricciones crediticias.

A pesar de la defensa pública, la orden de "ir al mazo y dar de nuevo" fue ejecutada por Wasserman, quien tras asumir la presidencia del banco un mes antes, firmó la eliminación del renglón de los cargos políticos. Los puntos clave de la nueva situación son:

• Eliminación del apartado: Ya no existe la figura de "designados por resolución o electivos" como beneficiarios específicos.
• Montos bajo la lupa: Los préstamos otorgados promedian los u$s250.000, con cuotas que pueden llegar a los 4 millones de pesos mensuales.
• Dudas sobre los ingresos: Crece el interrogante sobre cómo funcionarios con sueldos estatales declarados pueden afrontar dichas cuotas mientras mantienen estilos de vida en barrios cerrados y varios vehículos.

El escándalo también salpicó la salida de Tillard de la entidad, quien fue desplazado no solo por estos "despistes" normativos, sino tras conocerse el nombramiento de su propio hijo como broker en las operaciones financieras del banco. Por ahora, la eliminación de la norma busca desactivar la polémica, aunque el temblor en el gabinete y la bronca de los solicitantes rechazados prometen seguir marcando la agenda política.