Empleados Judiciales vuelven al paro por reclamo salarial y en defensa del fuero laboral

Continuando con su plan de lucha, la conducción de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) dispuso un nuevo paro nacional de 24 horas para este viernes, en reclamo de una urgente recomposición salarial, por la defensa del fuero laboral y el reconocimiento del sindicato en el directorio de la obra social.

El secretario General del gremio, Julio Piumato, repartió críticas al gobierno y a la Corte Suprema, aunque fue mucho más duro con la Casa Rosada, a la que acusó de "pisar los salarios". En cuanto a la postura de los tres integrantes del Alto Tribunal, explicó que, si bien solicitó el cambio de partidas presupuestarias para cubrir los haberes de marzo, "la situación de los ingresos permanece estancada".

La pelea por la actualización salarial que viene desde el gobierno anterior

La UEJN viene exigiendo una actualización de los ingresos desde la llegada a la presidencia de Javier Milei, aunque vale recordar que los pedidos de aumento venían de la gestión de Alberto Fernández. Subrayó que "vamos a seguir exigiendo que no solo se haga frente a la pérdida por la inflación, sino a recuperar el poder de compra que fue seriamente castigado".

Afirmó que "le decimos no al ajuste que plantea el ministerio de Economía, sí a la recuperación salarial" y cargó contra el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, apuntando que "el ministro es el que tiene pisados los salarios como uno de los puntales de su modelo".

Sobre la situación de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, solicitó que formalice la integración de la UEJN en su directorio, ya que es "vital para mejorar las prestaciones de los trabajadores y sus familias en todo el país", indicaron. Piumato, en tanto, calificó como "insólito" que se les prive de este espacio de representación, asegurando que cuando estuvieron presentes "se logró optimizar sensiblemente el servicio de salud".

El gremio sale a defender el fuero laboral ante el traspaso a CABA

El gremio de Judiciales sumó a la lista de argumentos para intensificar las medidas de fuerza la defensa de la Justicia Nacional del Trabajo, subrayando que "es fundamental resistir los intentos de modificación o desmantelamiento de este fuero estratégico para los derechos laborales" y declaró que "se trata de un retroceso en derechos laborales y un avance sobre un fuero clave para la resolución de conflictos entre trabajadores y empleadores".

Asimismo, manifestó su rechazo al Decreto 95/2026 que delegó en el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la facultad de suscribir convenios de transferencia, y al acuerdo concretado el 10 de febrero entre el propio Adorni y el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, que establece un traspaso progresivo de la justicia laboral a los fueros de la Capital Federal.

Advirtió que dicho traspaso forma parte de un plan para "quitar derechos, debilitar la protección legal de los trabajadores (en beneficio de los grandes grupos económicos) y poner de rodillas a la Justicia del Trabajo, un fuero conquistado con años de lucha y organización sindical".

Remarcó que la Justicia laboral es "una herramienta fundamental para equilibrar la relación entre capital y trabajo, y que atacar el fuero equivale a atacar directamente los derechos de toda la clase trabajadora".

Un fallo clave en la batalla judicial contra la reforma laboral

Hace pocos días, un juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió que ese fuero es el que deberá intervenir en una de las causas clave contra la Ley de Modernización Laboral, cuestionada por la UEJN, que considera la medida inconstitucional. La medida se tomó por un reclamo del Estado, que solicitó que el expediente deje de tramitarse en la Justicia del Trabajo. El juez hizo lugar a ese pedido -conocida como "inhibitoria"- y decidió que la causa pase al ámbito contencioso administrativo.

La causa fue iniciada por el sindicato. La medida judicial ordena que el fuero contencioso intervenga en el expediente iniciado por el gremio, que presentó un planteo a la Justicia laboral para frenar aspectos de la reforma laboral y del acuerdo de transferencia de competencias a la Ciudad de Buenos Aires.

El magistrado Enrique Alonso Reguera planteó que el eje del conflicto solicita interpretar normas de carácter público y que el demandado es el Estado, lo que inclina la competencia hacia el fuero contencioso administrativo y añadió que "para resolver el asunto será necesario acudir a principios y normas de derecho público", lo que justifica apartar la intervención de la Justicia laboral.