El Senado impulsa plan para rescatar a deudores y evitar juicios masivos: qué propone

En medio de un contexto marcado por el aumento del endeudamiento familiar, el Senado comenzó a analizar un nuevo proyecto que busca ofrecer una salida a miles de personas que no logran sostener sus compromisos financieros. La iniciativa se suma a otros intentos recientes en el Congreso por abordar un problema que crece al ritmo de la inflación, la caída del poder adquisitivo y el uso intensivo del crédito para gastos cotidianos.

El proyecto fue presentado por la senadora Beatriz Ávila y propone la creación de un régimen especial de regularización de deudas de consumo. El objetivo es doble: aliviar la carga económica de los hogares y, al mismo tiempo, frenar la creciente judicialización de estos conflictos, que ya genera preocupación tanto en el sistema financiero como en la Justicia.

Morosidad y créditos: qué deudas incluye el proyecto

La propuesta apunta a personas físicas con deudas en mora vinculadas a créditos de consumo. Es decir, abarca obligaciones como tarjetas de crédito, préstamos personales y otras formas de financiamiento utilizadas para adquirir bienes o servicios básicos.

También contempla deudas asociadas a servicios públicos o privados esenciales. En cambio, quedan excluidos los créditos hipotecarios, prendarios y las obligaciones relacionadas con actividades empresariales o profesionales.

Uno de los puntos centrales es que el régimen obligaría a las entidades financieras reguladas por el Banco Central a ofrecer planes especiales para los usuarios que destinen al menos el 30% de sus ingresos disponibles al pago de deudas, un umbral que refleja una situación de fuerte estrés financiero.

El Senado analiza bajar intereses y aplicar planes de hasta 60 meses

Entre las herramientas previstas, el proyecto establece una condonación mínima del 40% de los intereses moratorios y punitorios acumulados, uno de los principales factores que hacen que las deudas se vuelvan impagables.

A esto se suman planes de pago que podrán extenderse hasta 60 meses, con una tasa equivalente a la tasa pasiva promedio del Banco Central. El objetivo es evitar que el monto adeudado continúe creciendo de forma desproporcionada y facilitar una salida ordenada para los deudores.

Suspensión de embargos y alivio inmediato

Uno de los aspectos más sensibles de la iniciativa es el alivio inmediato que propone para quienes se encuentren en situación crítica. Durante la vigencia de los acuerdos, las entidades deberán suspender embargos, ejecuciones judiciales y reportes negativos en registros crediticios.

Con esta medida, el proyecto busca frenar el deterioro de la situación financiera de los deudores y evitar que queden completamente excluidos del sistema formal, una problemática que se profundizó en los últimos años.

Obligaciones para bancos y financieras

La iniciativa también incorpora exigencias de transparencia y asistencia. Bancos y proveedores de crédito deberán informar de manera clara y gratuita sobre la existencia del régimen, brindar acompañamiento a los usuarios interesados y reportar cada acuerdo alcanzado al Banco Central.

De esta forma, el esquema no solo apunta a reestructurar deudas, sino también a ordenar el vínculo entre las entidades financieras y los clientes en un contexto de alta vulnerabilidad económica.

Los fundamentos: una "carga" para las familias

En los fundamentos del proyecto, Ávila advierte sobre un cambio en la naturaleza del endeudamiento. Según plantea, dejó de ser una herramienta para organizar gastos y pasó a convertirse en un factor de vulnerabilidad.

"El endeudamiento por consumo dejó de ser, en muchos casos, una herramienta para organizar la vida cotidiana y se transformó en una carga que condiciona decisiones básicas de las familias", sostiene.

La senadora pone especial énfasis en el impacto de los intereses acumulados sobre sectores con ingresos deteriorados, como jubilados, trabajadores y jóvenes con antecedentes crediticios negativos.

Plazos y objetivo final

El régimen tendría una vigencia de dos años desde su entrada en vigor y debería ser reglamentado por el Poder Ejecutivo en un plazo máximo de 30 días.

Según el texto, la combinación de quitas, plazos extendidos y tasas reguladas busca generar un equilibrio entre la protección de los consumidores y la sostenibilidad del sistema financiero.

El objetivo final es claro: reducir la conflictividad judicial, evitar la exclusión financiera y permitir que los hogares recuperen, de manera gradual, su capacidad de consumo en un escenario económico desafiante.