Adorni, más complicado: el fiscal evalúa pedir su indagatoria, mientras aparece una offshore sospechosa en Uruguay
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La investigación judicial sobre el patrimonio del vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, puede pasar a una nueva fase. El fiscal federal Gerardo Pollícita evalúa pedir la citación a indagatoria del funcionario por presunto enriquecimiento ilícito, mientras en paralelo se abrió otra causa vinculada a una presunta estructura offshore en Uruguay que quedó radicada en el juzgado federal de Daniel Rafecas.
Todo ello, en el contexto en que la Justicia detectó movimientos con criptomonedas durante 2024 que no habrían sido incluidos en las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción.
Fuentes judiciales señalaron a iProfesional que las testimoniales, los cruces patrimoniales y la documentación financiera incorporada en las últimas semanas "podrían desembocar en una citación" de Adorni si se consolida la hipótesis sobre fondos no declarados y movimientos incompatibles con sus ingresos.
Según pudo saber iProfesional, en las últimas horas, la Justicia detectó además que Adorni supuestamente habría realizado movimientos con criptoactivos durante 2024 que no habrían sido incluidos en su declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción, un dato que podría agravar la situación procesal del funcionario y abrió un nuevo frente de investigación en Comodoro Py.
"Se habrían movido montos varios de entre u$s30.000 y u$s50.000 solo por Lemon, el resto está en estudio", dijeron fuentes vinculadas a la investigación judicial originada en otra ampliación de denuncia de la diputada Marcela Pagano, exdiputada libertaria escindida y que ahora integra el bloque Coherencia.
La información ya está en manos de Pollícita y del juez federal Ariel Lijo, que investigan a Adorni y a su esposa, Bettina Julieta Angeletti, por presunto enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles y posible lavado de activos.
En paralelo, Marcela Pagano amplió la denuncia contra Adorni y el empresario Marcelo Grandio incorporando un nuevo elemento que podría conectar a Grandio con una supuesta estructura especializada en sociedades offshore y fideicomisos internacionales radicada en Uruguay.
Grandio es el periodista de la TV Pública y amigo de Manuel Adorni que viajó en un avión privado junto al jefe de Gabinete a Punta del Este.
La presentación ingresó inicialmente en el juzgado federal de Ariel Lijo, que resolvió enviarla a sorteo. Finalmente recayó en el juzgado federal 3, a cargo de Daniel Rafecas, aunque en Comodoro Py no descartan que termine acumulándose a la causa principal.
El eje de la ampliación es la firma "Insight Trust", una compañía con sede en Montevideo supuestamente dedicada —según la denuncia— a la creación y administración de sociedades offshore, fideicomisos internacionales y estructuras patrimoniales en el exterior.
Pagano incorporó como prueba una imagen publicada por Infobae el 6 de mayo donde aparece Grandio participando de un evento corporativo auspiciado por esa firma. Según sostiene el escrito, el empresario aparece frente al logo de Insight Trust durante una presentación empresarial.
La diputada sospecha que la firma uruguaya podría haber intervenido en la creación o administración de IM Group SAS, una sociedad uruguaya ya mencionada en el expediente y vinculada a Grandío y a su esposa.
Para Pagano, la coincidencia entre la radicación de la sociedad en Uruguay, la especialización offshore de Insight Trust y la participación pública de Grandio en un evento de esa compañía constituye "un indicio grave, preciso y concordante" que justificaría profundizar la investigación.
En la causa ya figuraban además seis contratos entre RTA y la productora IMHOUSE SA y posibles transferencias por $1,67 millones desde esa firma hacia cuentas de Adorni entre 2022 y 2023.
La ampliación de denuncia menciona posibles delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito y eventual lavado de activos.
Pagano pidió exhortos internacionales a Uruguay y reclamó información sobre si fueron clientes o beneficiarios de Insight Trust:
- Marcelo Grandío
- su esposa
- Manuel Adorni
- IMHOUSE SA
- IM Group SAS
- o terceros vinculados
También solicitó informes a la UIF, al Banco Central, AFIP, IGJ y la Comisión Nacional de Valores para revisar movimientos patrimoniales, reportes de operaciones sospechosas y eventuales estructuras fiduciarias internacionales.
La diputada pidió además ampliar las pericias realizadas por la DAJuDeCO sobre comunicaciones telefónicas para incorporar nombres y registros asociados a Insight Trust y a sus socios fundadores.
Aunque desde la Casa Rosada Javier Milei y Karina Milei mantienen un respaldo político total al funcionario, en los tribunales federales admiten que el expediente dejó de ser una revisión preliminar para transformarse en una reconstrucción patrimonial integral.
Milei defendió a Adorni en el gabinete pese al ruido judicial
En la última reunión de gabinete, Milei defendió con dureza a Adorni frente a ministros y funcionarios y ratificó que no piensa desplazarlo pese al creciente ruido judicial y político. El Presidente sabe que dentro del Gobierno hay sectores que consideran que el vocero debería apartarse hasta aclarar su situación.
"Acá el que manda soy yo y al que no le gusta… No vamos a echar a Manuel, es una persona honesta y lo están atacando injustamente. No lo vamos a tirar por la ventana por los periodistas de mierda que tiene este país", bramó Milei en el Salón Eva Perón.
La discusión se agravó luego de que Patricia Bullrich reclamara públicamente que Adorni presente cuanto antes toda su documentación patrimonial para destrabar la crisis política y legislativa que atraviesa el Gobierno. Lo mismo dijo Bullrich en esa reunión de gabinete y Adorni le dijo tenso que la presentará antes de la fecha límite del 31 de julio. Bullrich no se retiró conforme.
En la Casa Rosada llegaron todas las novedades judiciales y hay verdadera preocupación. La resolución firmada por Pollícita tiene 15 páginas y ordena requerimientos simultáneos a bancos, fintech, exchanges de criptomonedas, agencias de turismo, empresas de remesas de dinero y firmas privadas de custodia de valores para reconstruir todos los movimientos económicos de Adorni y su entorno familiar desde enero de 2022 hasta la actualidad.
La sospecha judicial ya no apunta únicamente a cuentas bancarias tradicionales sino también a transferencias digitales, remesas internacionales, cajas de seguridad y activos no bancarizados.
La Justicia pidió información a fintech y exchanges de criptomonedas
La fiscalía pidió información a Mercado Pago, Brubank, Personal Pay, Open Bank, Lemon y otras fintech para determinar si Adorni o su esposa tuvieron cuentas, inversiones, préstamos o movimientos relevantes.
En paralelo, Pollícita requirió informes a más de veinte exchanges de criptomonedas, entre ellos Binance, Ripio, Belo, Bitso, Satoshi Tango y OKX, para reconstruir operaciones con Bitcoin, Ethereum y USDT. También pidió registros de wallets, direcciones cripto, cuentas utilizadas para fondear operaciones e incluso las IP desde donde se realizaron los movimientos.
En Comodoro Py llamó la atención el nivel de detalle técnico del requerimiento. La hipótesis judicial es determinar si existieron circuitos de dinero por fuera del sistema bancario tradicional y si esos fondos no declarados guardan relación con ingresos incompatibles con la evolución patrimonial del funcionario.
La Justicia también avanzó sobre empresas de remesas internacionales como Western Union, Money Express y Latin Express para determinar si Adorni o su entorno enviaron o recibieron dinero dentro o fuera del país.
Otro capítulo sensible apunta a las cajas de seguridad. Pollicita solicitó información al Banco Galicia y a empresas privadas como Brinks, Loomis e Ingot para saber si existieron servicios de custodia vinculados al matrimonio. También pidió registros de acceso, personas autorizadas y documentación respaldatoria.
La investigación alcanzó además los viajes internacionales realizados por Adorni y su entorno. La fiscalía pidió información sobre vuelos a Punta Cana, Cancún, Río de Janeiro, Punta del Este, Montevideo, Aruba y Nueva York.
Uno de los movimientos que llamó particularmente la atención fue un vuelo de Bettina Angeletti desde Nueva York hacia Buenos Aires realizado en marzo de 2026, sobre el cual la Justicia pidió reconstruir forma de pago, facturación y posibles terceros involucrados.
Gastos incompatibles con el patrimonio declarado
Los investigadores también analizan gastos que consideran difíciles de compatibilizar con el patrimonio declarado por el funcionario.
Entre ellos aparecen:
- los u$s245.000 que el contratista Matías Tabar aseguró haber cobrado en efectivo y sin factura para remodelar la casa de Adorni en el country Indio Cuá
- gastos de viajes, hotelería, vuelos y reformas inmobiliarias que elevarían a unos u$s349.640 los fondos movilizados en poco más de un año
En tribunales sostienen que muchos de esos movimientos "carecen de respaldo financiero suficiente" y no presentan bancarización ni documentación que permita justificar el origen de los fondos.
La última declaración jurada de Adorni correspondiente al período fiscal 2024 consigna un patrimonio de $107 millones, u$s42.500 en efectivo y una caja de ahorro en Estados Unidos con poco más de u$s6.200.
Sin embargo, en la investigación aparecen operaciones inmobiliarias y obligaciones financieras que no figuran reflejadas completamente en esa presentación patrimonial.
La causa también incorporó artículos periodísticos sobre una supuesta herencia de inmuebles provenientes del padre del funcionario, Jorge Eduardo Adorni. A partir de eso, Pollícita ordenó consultas sobre eventuales sucesiones y cruces patrimoniales.
En el Gobierno siguen sosteniendo que no existe ninguna irregularidad en la relación entre Adorni y Grandío y consideran que las acusaciones forman parte de una ofensiva política y judicial.
Pero en tribunales reconocen que la causa ya escaló a un nivel mucho más delicado: la eventual aparición de posibles estructuras offshore, sumada a los movimientos con criptomonedas, cajas de seguridad, transferencias internacionales y operaciones inmobiliarias bajo sospecha, empezó a transformar el expediente en una investigación patrimonial de gran escala sobre uno de los funcionarios más cercanos al Presidente.