Privatización de AySA genera alerta: denuncian peor calidad del agua y suba de tarifas a usuarios
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La privatización de AySA avanza a toda velocidad. El gobierno nacional ya formalizó la licitación pública nacional e internacional para vender el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos SA.
Mientras tanto, organizaciones sociales y especialistas denuncian un vaciamiento institucional alarmante. Según publica la periodista Karina Ocampo en EconomiaSustentable.com, hablan de despidos masivos, obras paralizadas y un retroceso sanitario que afecta a 15 millones de personas.
En el Senado, la oposición intenta frenar el proceso. Votaron a favor de darle prioridad al tratamiento de un Proyecto de Ley para declarar a la empresa de interés público y estratégico.
Cómo es el esquema de privatización que impulsa el gobierno
El Ministerio de Economía formalizó la privatización el 14 de mayo pasado. Lo hizo a través de la Resolución 704/2026, publicada al día siguiente en el Boletín Oficial.
El esquema plantea que un operador compre el 51% del paquete operativo, el 39% de las acciones se coloquen en la Bolsa de Comercio, y el 10% restante quede en manos de los trabajadores.
El plazo de consultas a los pliegos vence el 12 de agosto. La presentación de ofertas cierra el 27 del mismo mes, informa EconomiaSustentable.com. La recaudación estimada es de u$s500 millones. La concesión será por 30 años, con opción de prórroga.
Los requisitos de solvencia técnica y financiera fuerzan la llegada de operadores globales. Las empresas locales quedan prácticamente fuera de la carrera.
El proyecto de ley que busca frenar la venta
El senador de Unión por la Patria, Eduardo "Wado" de Pedro, encabeza el proyecto para declarar a AySA de interés público. El objetivo es impedir la privatización y declarar intransferibles las acciones en manos del Estado.
La moción de preferencia se aprobó por 35 votos contra 33. El argumento central es que la empresa debe gestionarse para el bien común, no para el lucro privado.
Sin embargo, el tiempo corre. El proceso de licitación ya está en marcha y los plazos son ajustados.
De dónde viene el proceso hacia la privatización
La ingeniera civil María Eva Koutsovitis, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria en la UBA, describe a EconomiaSustentable.com cómo se gestó la privatización. Todo arrancó con la aprobación de la Ley N.º 27.742 —Ley Bases— en 2024.
El artículo 7 de esa ley declaraba que AySA S.A. estaba sujeta a privatización. Después vinieron los ajustes para hacerla rentable. El primer paso fue eliminar los subsidios a la tarifa al usuario. Esos subsidios permitían que el servicio fuera accesible para la población.
"Esto llevó a que, en algunos casos, el aumento de la tarifa llegara a un 1500% durante el 2024", asegura la ingeniera Koutsovitis.
El segundo paso fue reducir el personal. AySA perdió un 20,2% de sus empleados respecto de noviembre de 2023. En ese momento contaba con 7.799 trabajadores.
La disminución significó 1.577 personas menos. Dos años después, en julio de 2025, llegó el golpe final.
Qué cambió con el DNU que modificó el marco regulatorio
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N°493/2025 modificó las condiciones de acceso al agua potable y a la cloaca. El impacto es directo sobre 15 millones de personas.
El DNU habilita la suspensión del servicio a usuarios residenciales por falta de pago, elimina la obligación de expandir el área de servicio hacia zonas sin cobertura —como barrios populares— y permite actualizar las tarifas todos los meses.
Según Koutsovitis, las nuevas condiciones colisionan con el acceso al agua como derecho humano. También ponen en riesgo la salud de millones de habitantes al flexibilizar los parámetros de calidad.
De acuerdo con el sitio EconomiaSustentable.com, la "Campaña contra la Privatización de Aysa" —que agrupa a varias organizaciones sociales— denuncia que con la llegada de Milei las tarifas aumentaron cerca del 300%. También se paralizaron las obras de extensión y mantenimiento.
Las sedes de atención al público usuario en los distritos se cerraron. Los reclamos administrativos por el incumplimiento y abandono de 454 obras quedaron en el aire.
El vínculo con Mekorot y el cambio de enfoque sobre el agua
Las organizaciones sociales destacan el vínculo de AySA con la empresa israelí Mekorot. Esa firma fue denunciada por instrumentar la provisión de agua a la población palestina como parte de la política de apartheid y genocidio.
En respuesta a un pedido de acceso a la información pública, el Licenciado Raúl Soria confirmó que se firmó un Acuerdo Marco el 28 de octubre de 2024. Un mes después, el 4 de noviembre, se concretó un Contrato de prestación de servicios de Consultoría.
La duración del acuerdo es de 12 meses. El objetivo declarado es lograr un uso sostenible de los recursos y adquirir capacidades para una gestión eficiente.
Las áreas de asesoramiento incluyen:
- Planificar acciones a corto y medio plazo en temas de regulación y gestión
- Definir, analizar y proponer la estructura de costos por procesos
- Asesorar en los planes de mantenimiento de los activos
- Reducir las pérdidas en redes de transporte y distribución
- Mejorar el plan de medición a usuarios y la propuesta tarifaria
- Implementar tecnologías para reducir el consumo de energía
La clave del asesoramiento está en considerar al agua como un bien escaso al que se le debe asignar un valor alto. Así lo explicaba en 2024 Diego Berger, coordinador de Proyectos Especiales e Internacionales de Mekorot.
—Cuando vos pagás por el agua el precio que pagamos en Israel, la gente sale corriendo a ser más eficiente. ¿Por qué? Porque estás pagando mucho. ¿Por qué? Porque el costo es alto —dijo Berger en una entrevista.
El funcionario describió el cambio como un "tratamiento psicológico". Los cambios regulatorios de AySA van en sintonía con las políticas de Mekorot. Implica cambiar la mirada sobre el derecho a un bien común, advierte EconomiaSustentable.com.
La polémica sobre el rol de Wado de Pedro
El nombre de Eduardo "Wado" de Pedro aparece vinculado a esta historia de manera controversial. En 2022, cuando era Ministro del Interior, propició una visita a Israel con el apoyo de Mario Montoto, titular de la Cámara de Comercio Argentino Israelí.
La intención declarada era presentar un proyecto de ley para centralizar la gestión del agua. Ese proyecto nunca se concretó. En su lugar, cada provincia firmó un acuerdo con Mekorot a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI).
Organizaciones sociales lo señalan como responsable de los acuerdos con Mekorot y del posterior proceso de privatización. Franco Lucatini, responsable de Comunicación del senador, lo desmiente categóricamente.
—Wado es un ferviente defensor de la soberanía nacional. Su historia personal y su militancia política reafirman que todas las decisiones que tomó siempre fueron a favor de la soberanía argentina —sostiene Lucatini.
Menciona la defensa de la ley de Glaciares, la recuperación de YPF y el compromiso con la causa Malvinas como ejemplos. Sobre el viaje a Israel, explica que el motivo fue aprender del desarrollo de ese país para gestionar el agua en provincias con climas áridos y semiáridos.
—Wado nunca firmó ningún acuerdo con Mekorot. A partir de ese viaje, algunas provincias avanzaron en acuerdos de cooperación técnica, pero se trató exclusivamente de consultorías y transferencia de conocimiento. No hubo concesiones, privatizaciones ni cesión de recursos naturales —afirma.
Agrega que la normativa de Mekorot le impide adquirir o administrar compañías fuera de Israel. Por lo tanto, no habría sustento en la idea de que pudiera quedarse con AySA.
—Los intentos de vincular a Wado con una eventual privatización forman parte de una operación política que busca distorsionar lo que fueron acuerdos técnicos orientados al cuidado del recurso hídrico.
Qué pasa con las obras inconclusas y el impacto en las tarifas
Pedro Bussetti, presidente de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), advirtió en una entrevista radial sobre las obras públicas que quedaron inconclusas en 2023.
Los reclamos administrativos por el incumplimiento y abandono de 454 obras de AySA incluyen proyectos clave. Entre ellos, el alargamiento del colector cloacal de Berazategui y la planta depuradora de líquidos cloacales de Laferrere.
Esos reclamos deberán ser resueltos por el concesionario privado. Sin apoyo estatal, el costo terminará impactando en el servicio a los usuarios.
La experiencia de la privatización de los '90 está fresca en la memoria colectiva. Aguas Argentinas/Suez dejó un saldo de deterioro del servicio, contaminación y falta de inversión en infraestructura.
Cómo empeoraron los controles de calidad del agua
La ingeniera María Eva Koutsovitis afirma que el DNU 493/2025 establece parámetros notoriamente menos exigentes que la Ley 26.221. Las omisiones y flexibilizaciones constituyen una regresión normativa en materia de salud pública.
El decreto aumenta los valores máximos permitidos para sustancias como nitrato (de 45 a 50 mg/l), cloruros (de 250 a 350 mg/l) y sulfatos (de 200 a 400 mg/l) sin justificación técnico-sanitaria, y elimina por completo el monitoreo de sustancias críticas como nitrito, cianuro, fluoruro, alcalinidad total y residuo conductimétrico.
En lo bacteriológico, se flexibiliza el control microbiológico para coliformes y Escherichia coli. También se reduce drásticamente las sustancias orgánicas a monitorear: de 28 a 16.
El DNU omite establecer los mínimos de muestras anuales para el control de cuencas. Koutsovitis sostiene que esto viola el principio de no regresividad.
—Es una regresión normativa en materia de salud pública y derecho ambiental —sentencia la ingeniera.
Las demandas judiciales y las movilizaciones contra la privatización
Usuarios de AySA y diferentes organizaciones civiles presentaron una demanda colectiva contra el DNU 493/25. Entre las entidades firmantes están el Observatorio del Derecho a la Ciudad, Naturaleza de Derechos y el Movimiento la Ciudad Somos Quienes la Habitamos.
La demanda denuncia graves violaciones al derecho humano al agua potable, la salud y la democracia participativa ambiental. Además, el Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente junta firmas para defender el agua.
Integrantes de la "Campaña contra la privatización de AySA" convocan a una concentración el 5 de junio a las 11 hs. Será el Día del Ambiente, en el ERAS (Ente Regulador de Agua y Saneamiento del Área Metropolitana), en Callao 982, CABA.
Se realizará una radio abierta en torno a las consignas: "No a la Privatización de AySA", "Apertura de las sedes de atención al público", "Finalización y ampliación de Obras", y "Fuera Mekorot".
Al finalizar, marcharán hasta la sede central de AySA, en la esquina de Avenida Córdoba y Riobamba. La movilización busca visibilizar el rechazo a la privatización de un servicio esencial que afecta a millones de personas.