La fiscalía pidió indagar a José Luis Espert por presunto lavado de activos y un contrato falso
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La Fiscalía Federal de San Isidro pidió la declaración indagatoria de José Luis Espert por presunto lavado de activos. El exdiputado nacional habría usado un contrato de consultoría falso para justificar el ingreso de u$s200.000 que recibió durante la campaña presidencial de 2019.
El pedido lo hizo el fiscal federal Fernando Domínguez. También requirió investigar al contador de Espert, Mariano Cosentino, y a la sociedad Varianza S.A., que el exlegislador creó en 2019 junto a su esposa, María Mercedes González.
El juez federal Lino Mirabelli ya dispuso la inhibición general de bienes y la prohibición de innovar sobre los activos del matrimonio. La medida congela cualquier operación patrimonial mientras avanza la investigación.
Espert fue candidato presidencial en 2019 con el partido Avanza Libertad. Obtuvo el 2,2% de los votos en las elecciones generales. Luego fue diputado nacional hasta asumir como secretario de Energía en el gobierno de Javier Milei.
La transferencia que disparó la causa judicial
Los u$s200.000 investigados fueron transferidos en enero de 2020 a una cuenta bancaria de Morgan Stanley. Según la fiscalía, esa cuenta no había sido declarada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El dinero lo envió Wright Brothers Aircraft Title Inc., una empresa estadounidense. De acuerdo con el expediente, esa firma integraba una organización investigada en Estados Unidos por delitos vinculados al fraude aeronáutico, el lavado de dinero y el narcotráfico.
La empresa estaba encabezada por Debra Lynn Mercer-Erwin, condenada en Estados Unidos a 16 años de prisión. El empresario argentino Federico "Fred" Machado, señalado como quien financió la transferencia, fue extraditado desde Argentina.
Machado se declaró culpable en Estados Unidos de conspiración, fraude reiterado y lavado de activos. La fiscalía sostiene que mantuvo una relación de financiamiento logístico y económico con la campaña presidencial de Espert en 2019.
Ese vínculo entre Machado y la campaña de Espert fue el origen de toda la investigación judicial que ahora apunta al exdiputado como presunto autor de lavado de activos.
El contrato guatemalteco que la Justicia considera falso
Para justificar el origen de los fondos, Espert presentó un contrato de prestación de servicios con la empresa guatemalteca Minas del Pueblo S.A. Según ese documento, habría sido contratado para realizar tareas de análisis de mercado, refinanciación de deudas y planificación estratégica.
El proyecto estaba valuado en un millón de dólares. El contrato indicaba que Espert prestaría servicios de consultoría especializada en minería.
Sin embargo, la fiscalía sostiene que el documento carece de respaldo fáctico. Las pruebas reunidas indican que Espert nunca viajó a Guatemala para prestar esos servicios. Además, las minas vinculadas a la empresa no se encontraban operativas.
No existen facturas de exportación ni otra documentación que acredite la ejecución efectiva de la consultoría. Tampoco hay registros de viajes, reuniones o informes técnicos relacionados con el proyecto.
En su dictamen, el fiscal Domínguez afirmó que el expediente solo cuenta con "un contrato que reza haberse celebrado en un lugar en el que no se encontraba ninguna de las partes que lo suscribió". No existen antecedentes que permitan acreditar que el objeto del acuerdo hubiera tenido un cumplimiento real, según concluyó la investigación fiscal.
Autos de lujo y un fideicomiso millonario en Costa Esmeralda
La fiscalía analizó documentación bancaria, archivos digitales y conversaciones de WhatsApp secuestradas durante la investigación. Con esos elementos reconstruyó el recorrido que habrían seguido los fondos una vez ingresados al patrimonio de Espert.
Parte del dinero habría sido destinado a la adquisición de vehículos de alta gama. Primero un BMW y luego un Lexus valuado en cerca de u$s130.000.
La esposa del exdiputado, María Mercedes González, suscribió un fideicomiso inmobiliario en Costa Esmeralda. El monto de esa operación superó los $200 millones.
Los intercambios entre los contadores analizados por la fiscalía muestran conversaciones sobre distintas alternativas para el tratamiento impositivo de esos fondos. De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, finalmente se habría decidido no declararlos ante las autoridades fiscales.
En esos mensajes también aparecen conversaciones atribuidas a Espert relacionadas con la justificación de ingresos y gastos personales. Los chats incluyen referencias a "optimización fiscal" y "estructuras offshore".
Con esos elementos, el fiscal consideró que las operaciones investigadas encuadran en las tres etapas clásicas del lavado de activos: colocación, estratificación e integración. La primera fase habría sido la transferencia desde Wright Brothers. La segunda, el paso por la cuenta no declarada de Morgan Stanley. La tercera, la compra de bienes de lujo y el fideicomiso inmobiliario.
La fiscalía no descarta que el monto investigado pueda ser superior a los u$s200.000. El contrato presentado por Espert hacía referencia a un proyecto de consultoría por un total de u$s1 millón.
La investigación continúa. La Justicia deberá resolver ahora el pedido de indagatoria formulado por el Ministerio Público Fiscal. Una vez fijada la fecha, Espert tendrá derecho a declarar ante el juez federal Mirabelli o negarse a hacerlo.