Polémica por la Ley de Tierras: qué cambia el proyecto que habilitaría más compras de campos por extranjeros
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El Senado debatiría este 25 de junio un proyecto que podría cambiar el régimen de tierras rurales en Argentina. La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger, propone modificaciones que especialistas consideran riesgosas para la soberanía territorial.
El proyecto busca eliminar la limitación del 15% para extranjeros en la compra de tierras establecida por la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737 de 2011). Esta restricción aplica en el ámbito nacional, provincial y departamental, indica la periodista Karina Ocampo en una nota publicada en el sitio EconomiaSustentable.com.
También modificaría la Ley 27.604, que prohíbe cambios en el uso del suelo afectado por incendios. Actualmente, estas tierras no pueden venderse ni lotearse durante 30 a 60 años. El objetivo declarado es evitar la especulación inmobiliaria y comercial después de desastres ambientales.
El tratamiento del proyecto ya se pospuso dos veces en el Senado. Desde el gobierno de La Libertad Avanza aseguran que cuentan con los votos suficientes para su aprobación.
Los casos que marcaron la extranjerización en los años 90
La década del 90 dejó casos emblemáticos de concentración de tierras en manos extranjeras. Benetton acumuló más de 900 mil hectáreas en la Patagonia. Joe Lewis adquirió 13 mil hectáreas alrededor de Lago Escondido, también en la región patagónica.
Ambos casos se citaron como ejemplos de los beneficios exclusivos para capitales extranjeros dentro del modelo neoliberal privatizador de esos años. El caso de Lewis generó particular controversia por el cercado de un espejo de agua y la restricción del acceso público a sus costas.
Acciones legales denunciaron estas prácticas. Sin embargo, los caminos continúan bloqueados hasta hoy. La nueva ley podría multiplicar este tipo de situaciones en todo el territorio nacional, remarca el artículo de EconomiaSustentable.com.
En 2023, el gobierno había intentado reformar la Ley de Tierras Rurales 26.737 a través de un DNU. La Justicia frenó la iniciativa y luego la declaró inconstitucional. Ahora el Ejecutivo vuelve a la carga con un proyecto de ley que busca el mismo objetivo.
Cuánto territorio argentino está en manos extranjeras
El Observatorio de Tierras del Programa Interdisciplinario de Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA elaboró datos precisos sobre el fenómeno. Trabaja en conjunto con el Mirador Interdisciplinario Latinoamericano de Políticas Agrarias.
A nivel nacional, alrededor del 5% del territorio argentino está en manos extranjeras. En superficie, esto supera los 13 millones de hectáreas. De acuerdo a la nota de EconomiaSustentable.com, equivale a la extensión completa de Inglaterra.
El Observatorio advierte que el dato nacional, aunque impactante, no es el más relevante. La verdadera dimensión del fenómeno aparece cuando se analiza a escala provincial y departamental, o cuando se cruza la información con la ubicación de cursos de agua, acuíferos o zonas con potencial minero.
En su cuarto informe, titulado "El proyecto de ley de extranjerización de tierras del gobierno nacional, un nuevo estatuto legal del coloniaje", publicado en abril de 2025, los autores Pablo Volkind, Matías Oberlin y Julieta Caggiano hacen una advertencia contundente.
"Lejos de fortalecer derechos, el proyecto debilita las capacidades estatales de regulación y abre el territorio a una lógica de mercado sin resguardos suficientes. Por eso, más que una ley de protección, entendemos que se trata de una 'ley de extranjerización' que pone en riesgo el acceso del pueblo argentino a los bienes comunes", sostiene el documento.
Qué pasaría con las zonas de frontera y los recursos estratégicos
La socióloga Julieta Caggiano analiza con su grupo de investigación la reconfiguración del territorio y el acaparamiento de zonas estratégicas en Argentina. Ubica este fenómeno como parte de un proceso que ocurre en diferentes países del llamado "Sur Global".
Caggiano explica que el proyecto mantiene una única restricción: ningún Estado extranjero podría comprar tierras. Tampoco empresas con participación estatal. Ese sería el único límite frente a lo que propone la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
"Lo que hace es quitar todo tipo de límites para la compra de capitales extranjeros privados. Solamente limitaría a los capitales extranjeros estatales", detalla la socióloga. Se puede identificar un alineamiento con políticas establecidas por Donald Trump en Estados Unidos.
La investigadora menciona el caso de Peter Thiel, que está comprando propiedades en América con un esquema similar. En Honduras, por ejemplo, invirtió en un proyecto masivo de ciudad privada "libre" que pretende tener autonomía fiscal, policía propia y legislación de Estados Unidos.
"El proyecto de las grandes empresas ligadas con Silicon Valley y los aparatos tecnológicos muchas veces cuentan con más capital que los propios estados. Se instalan en lugares estratégicos acaparando recursos que son comunes", advierte Caggiano.
La Ley de Zonas de Frontera vigente en Argentina, sancionada en 1944, establece límites claros. Las zonas de frontera deben estar en manos de ciudadanos argentinos, no de extranjeros. El proyecto de inviolabilidad la estaría derogando.
También quitaría protecciones sobre tierras que contienen cuerpos de agua. Casos como el de Joe Lewis en Lago Escondido pasarían a ser moneda corriente en todo el país si se aprueba la ley.
Cómo impacta el RIGI en la competencia por la tierra
Los grandes grupos inversores cuentan con un capital muy superior al de la población local. No compiten en igualdad de condiciones con los productores argentinos.
A esto se suma el beneficio que obtienen con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y Super RIGI. Estos esquemas quitan impuestos y obligaciones de circular la renta dentro del país. Algunas industrias nacionales también acceden a estos beneficios.
La socióloga Caggiano considera cuestionable el desarrollo posible a raíz de la llegada de empresas bajo estas condiciones. El modelo combina extranjerización de tierras con incentivos fiscales que no garantizan derrame económico local.
Según el Observatorio, la Ley 26.737 sancionada en 2011 intentó frenar el proceso de extranjerización que había iniciado en los años 90. Caggiano explica que actuó como tapón para que se congelaran las ventas. Sin embargo, no impidió lo que ya se había concretado.
En la actualidad hay 36 departamentos o partidos que superan el límite de la ley. Se trata de lugares estratégicos. En caso de liberar la venta, el precio de la tierra sería muy alto porque estaría compitiendo con la demanda internacional. Esto obligaría a la gente local a trasladarse a otros sitios.
Qué dice la ley sobre tierras incendiadas y por qué preocupa
En el marco del cambio climático antropogénico, los incendios forestales se suceden con frecuencia en temporadas estivales. También fuera de ellas, como el caso reciente de Cafayate, en la provincia de Salta, donde se evalúa la posibilidad de que haya sido intencional.
Entre fines de 2025 y 2026, solo en la Patagonia se incendiaron más de 100 mil hectáreas de bosque. La organización FARN denunció la inacción estatal en materia de mitigación y prevención. También señaló un desfinanciamiento del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.
Brigadistas y vecinos publicaron en redes el pedido de ayuda a la comunidad. Necesitan cubrir gastos de materiales y vehículos necesarios para hacerle frente a los incendios sin respaldo estatal suficiente.
La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada quitaría el impedimento que protege la zona incendiada. Dejaría la zona apta para generar negocios de manera inmediata después del desastre.
Julieta Caggiano advierte sobre este punto y los cambios en la soberanía que implica. "Parte fundamental de la soberanía de cualquier país es disponer o poder generar políticas a mediano y largo plazo con los recursos naturales que tiene el país", explica.
"Sobre todo con los territorios, con los lugares de frontera o con estos bienes comunes estratégicos como cuerpos de agua, nacientes de ríos, de arroyos, zonas con glaciares o periglaciares, con vías fluviales. Ahí es donde vemos el mayor problema", continúa la socióloga.
"No solo si hay un caso de trata, de búsqueda a un menor, de poder controlar territorio de frontera. Si se aprueba esta ley no se protegerían más esas zonas de frontera. Al perder control sobre el territorio, también se pierde la soberanía sobre los recursos", comenta Caggiano. Incluye bienes imprescindibles como el agua potable.
Cómo está distribuida la tierra en Argentina según el último censo
Un artículo de la Agencia Tierra Viva cita datos del último Censo Nacional Agropecuario (2018). El 96% del dominio de la tierra en Argentina es de propiedad privada. El 3% es estatal. Solo el 1% se encuentra en un estado indeterminado.
Ese 1% podría computarse para tierras ocupadas, tierras comunitarias indígenas u otro tipo de tenencia ni estatal ni privada. La concentración privada es abrumadora y el proyecto profundizaría esta tendencia.
La Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA), espacio de representación gremial que nuclea a pequeños productores, cooperativas, agricultores familiares y pueblos originarios, rechaza el proyecto de manera contundente.
Propone opciones alternativas para la tierra y su producción. Denuncia el perjuicio contra las comunidades originarias que podrían ser desalojadas con mayor facilidad si se aprueba la ley.
Por qué organizaciones hablan de una ley "antipueblo"
La diputada electa Celeste Fierro, política y activista que integra el FIT Unidad-MST, considera que este proyecto es parte de un paquete del gobierno "que viene a entregar absolutamente todo y a facilitarle la tarea a los multimillonarios, a las corporaciones, a los ricos".
"Lejos de ser un proyecto que intente proteger la propiedad de una familia que con su esfuerzo se compró un terreno, construyó una casa o del comerciante del barrio, es una ley que es a la medida del capital concentrado, de las corporaciones inmobiliarias, de los fondos de inversiones extranjeros", explica la legisladora.
"Es todo para legalizar el saqueo de los bienes comunes. Y lo hacen bajo la bandera de la inviolabilidad. Lo que están aprobando es la total impunidad para el negocio extractivo", agrega Fierro.
La diputada también menciona la modificación de la Ley de Manejo del Fuego. Lo considera un incentivo a la destrucción ambiental y la profundización de lo que ya existía en cuestiones de pérdida de soberanía.
"Es permitir que las multinacionales compren los territorios, se los apropien con todos nuestros bienes comunes y recursos estratégicos sin ningún tipo de control. Solamente limitaría a los capitales extranjeros estatales", detalla.
"Entonces, mientras el gobierno desfinancia a brigadistas, al INTA, a la ciencia, le garantiza a los grandes especuladores el cobro de lo que es el lucro cesante si el Estado intenta poner un límite ecológico o social", comenta la legisladora.
Fierro cree necesario poner el asunto sobre la mesa y denunciar la intención del gobierno de que el país sea una zona de sacrificio. "Impulsar la organización, la movilización, junto a las organizaciones socioambientales, en nuestro caso con las compañeras y los compañeros de la Red Ecosocialista, con Jessi Gentile, y todas las organizaciones a nivel nacional", propone.
El objetivo es lograr ponerle un freno a esta nueva avanzada del gobierno, que según la diputada puede concretarse "en complicidad con la oposición completamente falsa que le termina dando los votos".
La Asociación de Abogados/as Ambientalistas y otras organizaciones compartieron un formulario de rechazo a la ley de Sturzenegger "sobre la extranjerización de la tierra y desalojos". El debate en el Senado definirá si Argentina mantiene o abandona las restricciones vigentes sobre la propiedad de tierras en zonas estratégicas.