El Gobierno busca cobrar universidad y salud a extranjeros sin residencia en plena campaña antiargentina post Mundial

La Libertad Avanza presentó un proyecto para arancelar hospitales públicos y universidades provinciales a extranjeros sin residencia permanente en Buenos Aires. La iniciativa llegó a la Legislatura bonaerense impulsada por el diputado provincial Agustín Romo, jefe del bloque libertario.

El disparador fue inesperado. Las burlas en redes sociales tras la final perdida del Mundial generaron una ola de indignación en el oficialismo. Posteos de extranjeros residentes en el país que se burlaban de la Selección Argentina y criticaban otros aspectos sensibles ajenos al fútbol funcionaron como detonante para la iniciativa legislativa.

"Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires", tuiteó Romo.

La adhesión fue unánime al interior del oficialismo. Desde Las Fuerzas del Cielo hasta el karinismo respaldaron la medida. Patricia Bullrich, una de las figuras más importantes del Gobierno, expresó su apoyo público a la propuesta.

Salud y educación par extranjeros: qué servicios quedarían bajo arancel y quiénes pagarían

El proyecto presentado por el diputado Agustín Romo.

El proyecto alcanza tanto atención médica programada como carreras universitarias. La distinción clave está en el tipo de residencia: quedan comprendidos quienes tengan residencia temporaria, transitoria, precaria o ningún estatus migratorio regular.

"No resulta justo que personas que se encuentran transitoriamente en el país puedan utilizar gratuitamente estos servicios sin contribuir a su sostenimiento", sostiene el documento presentado en la Legislatura.

Para acceder a servicios de salud programados, los extranjeros comprendidos deberán acreditar un seguro médico, cobertura de un tercero obligado o abonar el arancel correspondiente. El dinero recaudado irá directamente al Fondo Provincial de Salud.

Las universidades provinciales de gestión estatal tendrán que fijar una retribución para estudios de grado cursados por ciudadanos extranjeros sin residencia permanente. Cada casa de estudios definirá montos y modalidades de pago dentro del marco general de la ley.

"Mientras un argentino tenga dificultades para acceder plenamente a la salud y a la educación, es una locura que estemos financiando esos servicios para los extranjeros", agregó Romo en diálogo con Infobae.

El diputado provincial remarcó la asimetría en el trato internacional. "Somos el país más generoso del mundo, pero cuando vamos al exterior no recibimos el mismo trato: en ningún lado nos dan salud o educación gratuita, ni siquiera por reciprocidad".

Las excepciones sanitarias que contempla el proyecto

El documento establece garantías para casos de urgencia médica. Los hospitales públicos no podrán demorar ni condicionar la atención por cuestiones de pago cuando haya riesgo de vida, y solo una vez que el paciente esté estabilizado se iniciará el cobro de la prestación.

Quedan exceptuadas del arancel las víctimas de trata de personas. También se excluye del cobro la atención relacionada con enfermedades transmisibles o vacunación, por razones de salud pública.

No hay cifras actualizadas que reflejen el nivel de consultas de extranjeros en los últimos meses. Cuando el Gobierno había querido instalar un debate similar hace dos años, el entonces ministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak, informó que en todo Buenos Aires solo el 0,2% de las consultas y el 0,8% de las internaciones correspondían a extranjeros.

Por qué la medida no escala a nivel nacional

Esta iniciativa no se prevé replicar en el plano federal. Modificar el régimen sanitario implicaría tocar la Ley de Migraciones, según afirman fuentes del Ministerio de Salud de la Nación.

Por el lado de las universidades nacionales, el panorama es diferente. Está vigente el DNU 366/2025 sobre la autorización para cobrar a estudiantes extranjeros. Los rectores están legalmente autorizados desde finales de mayo del año pasado.

"Desde el Gobierno ya lo hicimos (dentro de las restricciones que tenemos). Ahora les corresponde a las universidades cobrarles a los estudiantes que no sean residentes permanentes", afirmó el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez en su cuenta de X.

Sin embargo, ninguna de las casas de estudio nacionales tiene previsto implementar aranceles. Los rectores englobados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) manifestaron oportunamente su rechazo a la medida.

El fenómeno de los "estudiantes golondrina" que preocupa al oficialismo

"La idea es evitar lo que nosotros llamamos los estudiantes golondrinas. Que son quienes vienen a estudiar, se quedan y después al instante se van", explicó Álvarez en diálogo con Infobae.

El funcionario señaló que existen empresas dedicadas a facilitar este tipo de migraciones educativas temporales. "Hay empresas que se encargan de eso. En Brasil y en Ecuador existen, por decir algunos casos".

La medida propuesta por Romo no afecta a quienes ya tengan residencia permanente. Los estudiantes internacionales y quienes permanezcan en el país de manera temporaria o transitoria serán los únicos que deban afrontar el arancel.

"Encima, nos damos cuenta de que muchos de los que vienen a vivir, estudiar y disfrutar de la Argentina nos odian, nos critican y nos tildan de racistas. Bueno, se acabó", dijo el presidente del Bloque de Diputados de LLA.

"El contribuyente argentino no tiene por qué seguir pagándole la salud y la educación a extranjeros que nos insultan y no valoran al país. El juego se terminó", completó.

Los antecedentes porteños que marcaron el camino

Esta iniciativa también se presentó en la Ciudad de Buenos Aires hacia finales de 2024. El bloque libertario que comanda la legisladora porteña Pilar Ramírez impulsó una propuesta similar.

Fue en el marco de la versión porteña de la Ley Bases. El documento tenía 95 páginas divididas en varias áreas, desde reorganización de Ministerios y Secretarías hasta simplificación de trámites, e incluía una medida para que no residentes empiecen a pagar servicios de salud pública cuando no se trate de casos de urgencia.

"Extranjeros sin residencia permanente deberán pagar por prestaciones programadas o contar con seguro médico", tuiteó oportunamente Ramírez. La legisladora también busca extender esa normativa para quienes no sean habitantes de CABA.

Aquello fue anunciado en los primeros días de marzo. Una semana y media después, la administración porteña comunicó la implementación de un sistema de cobro por servicios de salud prestados a extranjeros.

La facturación alcanza a personas extranjeras sin DNI argentino que necesiten acceder a procedimientos programados. Tomografías computadas, resonancias magnéticas, internaciones, cirugías y otras prácticas médicas que no son catalogadas como "de urgencia" quedan comprendidas en el sistema de cobro implementado por el Ministerio de Salud porteño.