Elisa Carrió pidió a Diputados rechazar el DNU que derogó la Ley de Tierras

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, pidió este miércoles a la Cámara de Diputados que rechace el artículo 154 del DNU 70/23, que derogó la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales. El reclamo se produjo un día después de que la Corte Suprema revocara una sentencia que había declarado inconstitucional esa disposición.

"El DNU que contiene la derogación de la prohibición de límites de compra de tierras a extranjeros es de nulidad absoluta y debe ser rechazado inmediatamente por ambas cámaras. Habiéndolo hecho el Senado, debe ser tratado de manera urgente por la Cámara de Diputados", escribió Carrió en su cuenta de la red social X.

La dirigente agregó: "De no hacerlo, la Cámara de Diputados es cómplice del Poder Ejecutivo". También sostuvo que la medida constituye un "poder autoritario" que "afecta la soberanía e integridad territorial de la Nación Argentina" y responsabilizó al Presidente y a los ministros que firmaron el decreto.

En otro tramo de su mensaje, Carrió afirmó: "Se los dije hace más de 20 años: vienen por el agua y la tierra. Ahora lo que viene es la Inteligencia Artificial (IA) y el agua dulce. Todos cómplices. Que Dios los perdone. Esto es el anarcocapitalismo. Son simples empleados a sueldo para la enajenación de la Nación Argentina. Última matriz de saqueo. O tomamos conciencia o estamos fritos".

Qué resolvió la Corte Suprema sobre la derogación de la Ley de Tierras

La Corte Suprema intervino en una causa iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había cuestionado judicialmente la derogación de la Ley 26.737 dispuesta por el DNU 70/23.

En una instancia anterior, la Cámara Federal de La Plata había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 del decreto. Ese tribunal había considerado que el Poder Ejecutivo no podía utilizar un DNU para eliminar las restricciones establecidas por la Ley de Tierras.

La Corte Suprema revocó ahora esa sentencia, pero lo hizo por una cuestión previa vinculada con la posibilidad de que el CECIM promoviera esa demanda. El máximo tribunal sostuvo que la organización no tenía legitimación para iniciar esa acción y que tampoco estaba configurado un caso o controversia que habilitara un pronunciamiento judicial sobre la constitucionalidad de la norma.

La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Un punto central del fallo es que la Corte aclaró que no se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/23. Es decir, el máximo tribunal no determinó en esa sentencia si la derogación de la Ley de Tierras es constitucional o inconstitucional, sino que dejó sin efecto el fallo anterior porque consideró que no estaban reunidos los requisitos procesales para que la Justicia analizara esa cuestión en esa causa.

La diferencia resulta relevante para el escenario actual: la Corte revocó la sentencia que había declarado inconstitucional la derogación, pero no estableció que el artículo 154 sea constitucional.

Qué efecto tiene el fallo sobre las tierras rurales

Como consecuencia de la decisión de la Corte, volvió a quedar vigente la derogación de la Ley 26.737 dispuesta por el DNU 70/23. De esta manera, dejaron de regir los límites que esa legislación establecía para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

La Ley de Tierras había fijado, entre otras restricciones, las siguientes:

• Un límite del 15% para la titularidad extranjera sobre la superficie de cada territorio nacional, provincial y departamental
• Restricciones vinculadas con la nacionalidad de los titulares
• Un máximo de 1.000 hectáreas para un mismo titular extranjero en la denominada zona núcleo

El DNU 70/23, dictado en diciembre de 2023, derogó de manera íntegra la Ley 26.737 mediante su artículo 154.

La vigencia de esa derogación había quedado cuestionada judicialmente a partir de la demanda promovida por el CECIM. La sentencia de la Cámara Federal de La Plata había impedido que la derogación produjera plenamente sus efectos. Con la decisión de la Corte Suprema, ese fallo dejó de tener vigencia.

Por qué Carrió reclama ahora una decisión del Congreso

El planteo de Carrió se produce en un escenario en el que el debate sobre la vigencia de las restricciones a la propiedad extranjera de tierras volvió al ámbito legislativo.

La dirigente pidió a Diputados que rechace el DNU 70/23 y recordó que el Senado ya se había pronunciado en contra del decreto. En ese sentido, planteó que la Cámara baja trate el tema luego de la decisión de la Corte.

El reclamo no se vincula con una nueva decisión de la Corte sobre la constitucionalidad de la Ley de Tierras, sino con las consecuencias que tuvo el fallo para la vigencia del artículo 154. Al quedar sin efecto la sentencia de la Cámara Federal de La Plata, volvió a regir la derogación de la Ley 26.737 establecida por el Poder Ejecutivo.

Las críticas de la oposición al fallo

Después de conocerse la decisión del máximo tribunal, distintos sectores de la oposición cuestionaron el fallo y reclamaron que el Congreso intervenga sobre el DNU.

El diputado del Partido Socialista Esteban Paulón pidió una sesión especial de la Cámara baja para tratar el decreto. Nicolás del Caño, de la izquierda, también cuestionó la resolución y reclamó acciones contra la derogación de las restricciones.

Desde Fuerza Patria, Martín Soria sostuvo que el Congreso debía intervenir sobre el régimen de tierras, mientras que el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro reclamó activar mecanismos legislativos y judiciales para proteger las tierras y los recursos estratégicos.

En todos los casos, los cuestionamientos políticos se produjeron sobre la base de las consecuencias de la decisión judicial. Por ese motivo, el fallo dejó abierta la discusión de fondo sobre la validez constitucional de la derogación de la Ley de Tierras, mientras que en términos prácticos permitió que vuelva a regir la eliminación de los límites establecidos por esa legislación.