Barrionuevo denunció penalmente a Pettovello, Cordero por no homologar las paritarias
Al no estar reconocidas las autoridades de Gastronómicos, no se avalan las subas salariales. Pettovello dijo que sufre presiones. ¿Nuevas marchas?
La disputa entre el líder de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hotelería y Gastronomía de la República Argentina (UTHGRA), Luis Barrionuevo, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, sigue al rojo vivo, con denuncias cruzadas que parece dirimir tanto en la justicia como en la calle, teniendo en cuenta la masiva movilización que los trabajadores realizaron en pleno centro porteño.
A pesar de las primeras informaciones, los manifestantes se dirigieron al ministerio de Capital Humano (avenida Carlos Pellegrini 1285) en reclamo de la homologación de las tres últimas paritarias de la actividad, lo que genera que muchas empresas desconocen los aumentos salariales pactados con las cámaras empresariales. Visiblemente molesto, Barrionuevo anunció que realizará denuncias penales contra Pettovello y Cordero, porque "no podemos permitir que el trabajador siga perdiendo poder adquisitivo".
Capital Humano denunció presiones y hostigamiento de Barrionuevo
A pesar de conocerse la jornada de protesta, no se aplicó el protocolo antipiquete como se ve todos los miércoles en el Congreso, con la marcha de jubilados, aunque sí hubo una fuerte custodia policial. En la previa a la marcha, en su cuenta de X, Pettovello denunció presiones y hostigamiento por parte de Barrionuevo y anunció que analiza una presentación judicial o una denuncia para resguardar su "integridad moral y física".
Señaló que "no es correcto mentir, no es correcto presionar y aún más intolerable, hostigar", explicando que la elección de autoridades del gremio "se encuentra judicializada", por lo que recibió presiones para que su cartera desistiera del recurso extraordinario presentado ante la Corte por el expediente. Remarcó: "Considero que corresponde que sea la Justicia, y no las presiones de terceros, la que resuelva la cuestión".
Voceros oficiales consideraron que la movilización de los gastronómicos fue similar a la que antes hacían los piqueteros, asegurando que "no expresó un reclamo laboral genuino, sino que fue una demostración de fuerza organizada con personas que no sabían por qué estaban allí". No sólo criticaron la marcha, sino que aseguraron había menores de edad y "no había trabajadores que protestaran sino personas obligadas a asistir", subrayando: "Que obliguen a la gente a ir es aprovecharse de la vulnerabilidad de la gente".
La disputa gremial que frena la negociación salarial de miles de trabajadores
El conflicto nace del enfrentamiento electoral en el gremio gastronómico, entre Barrionuevo y el ex titular de la poderosa seccional porteña, Dante Camaño. Los comicios se judicializaron, con fallos para uno y otro lado. Desde el barrionuevismo apuntan que el gobierno se niega a certificar las autoridades electas del sindicato pese a contar con fallo judicial que habilitaba esa obligación, generando "una fuerte pérdida salarial" porque la cartera laboral no homologa los acuerdos salariales. Sospechan que continúan los contactos de funcionarios con Camaño -dirigente muy cercano a Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Jorge Macri-, quien en los últimos años adhirió a las políticas libertarias.
Revelaron que "una parte del convenio nuclea a personal que está en comedores comunales, por lo que varios intendentes del PRO no vienen liquidando las subas de las tres últimas paritarias".
En el acto central, Barrionuevo expresó: "Todos los trabajadores no podemos andar en los tribunales dirimiendo los problemas nuestros, que son problemas del mundo sindical" y avisó: "Necesitamos resolver los problemas ahora". Después, fue el turno de las ironías. Afirmó que Pettovello "de capital tiene mucho, pero de humano no tiene nada" y a Julio Cordero, lo llamó "Corderito".
Barrionuevo advirtió que los trabajadores no pueden esperar más
El histórico dirigente sostuvo que "hace meses que vienen dilatando y no homologando los convenios de una paritaria justa y los trabajadores quieren cobrar ayer, no mañana; por eso le digo a la ministra y al secretario que hoy han sido denunciados por mi persona penalmente".
Subrayó: "Nos cansaron; en diciembre ganamos las elecciones en todo el país y hasta el día de hoy no nos dieron la certificación de autoridades. Sí lo han hecho por coima con otros que no eran más dirigentes y que han saqueado las cajas de los trabajadores en el Banco Ciudad. También vamos a denunciar penalmente a los directores del banco". Al respecto, trascendió que se retiraron sumas importantes en dólares que pertenecían al gremio.
Barrionuevo volvió a cargar contra Pettovello, revelando que "anda diciendo que soy mafioso; le digo a la ministra, y si realmente defender los derechos de los trabajadores y tener uno de los sindicatos más importantes y limpios del país es ser mafioso, soy mafioso. Si tener el mejor turismo, las mejores coberturas de obra social, las mejores 54 escuelas en todo el país y el Instituto Gastronómico, que es de alta jerarquía, es ser mafioso, le digo: sí, soy mafioso".
El gremio lanzó un plan de lucha que apunta directo al Gobierno
Como adelanto de la continuidad del plan de lucha del sindicato, advirtió: "Les digo a la ministra y a Corderito que adonde vayan, eventos, restaurantes, confiterías, bares, que se queden tranquilos porque serán bien atendidos por los gastronómicos" y expresó que "hoy estamos en la calle, hoy comienza la lucha. No vamos a esperar más tiempo. Vamos a seguir peleando, vamos a seguir en todo el país dando pelea porque damos la vida por las familias de los trabajadores gastronómicos".
Como solución al conflicto, Barrionuevo sostuvo que la ministra "debe dar un paso al costado porque no sabe ejercer su tarea", y reclamó que "la jefatura de Gabinete tendrá que hacerse cargo de la secretaría de Trabajo".
El poder de fuego del gastronómico se vio reflejado en las varias cuadras que ocupó la marcha, con asistencia de trabajadores de Mar del Plata, Córdoba, Rosario, la costa atlántica y del Gran Buenos Aires, más la activa participación de dirigentes como Daniel y Gustavo Vila (Carga y Descarga), Roberto Solari (Guardavidas) y Oscar Rojas (Maestranza), entre otros, de la siempre vigente CGT Azul y Blanca.
Los cargos penales contra Pettovello y Cordero que presentó el sindicato
En la presentación judicial contra Pettovello y Cordero que fue presentada este lunes ante la Justicia por el abogado del gremio, Horacio Ferro, la denuncia es por haber incurrido en los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión y desobediencia de una orden judicial. Según el escrito, la organización gremial realizó las elecciones el 29 de diciembre de 2025, con 319.964 afiliados empadronados y más de 121.000 votos emitidos y la Lista Celeste 17 de Octubre, que encabezó Barrionuevo, obtuvo 119.708 sufragios. Desde entonces, dice, "el Ministerio de Capital Humano se niega a expedir el certificado de autoridades que acredita la nueva conducción".
El certificado es imprescindible, ya que sin ese documento, la secretaría de Trabajo observó la rúbrica de libros contables del sindicato al considerarlo con "Comisión Directiva vencida desde el 14/12/2025", y la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo frenó la homologación de un acuerdo salarial firmado con la cámara empresarial FEHGRA.
La denuncia se basa en un contraste documentado: en 2024, Capital Humano emitió un certificado a favor de una lista opositora a la conducción nacional, aun cuando existían sentencias de dos instancias que invalidaban esa elección seccional. El escrito indica que en ambos episodios intervino el mismo asesor técnico, Hugo Mauro Landi, y que la única variable que cambió fue quién se beneficiaba del acto administrativo.
Barrionuevo plantea que Pettovello y Cordero convirtieron un acto de naturaleza reglada -es decir, que el funcionario está obligado a ejecutar sin margen de elección- en una potestad discrecional. La denuncia encuadra esa conducta en los artículos 248, 249 y 239 del Código Penal, que sancionan el incumplimiento de deberes de funcionario público, la omisión de esos deberes y la desobediencia de órdenes judiciales, respectivamente.
Los sindicatos también acusan a Caputo por retener fondos de obras sociales
Por otra parte, continúan la denuncia de unas 50 organizaciones gremiales contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por "incumplimiento de los deberes de funcionario público". Detallaron que hay unos $288.000 millones en un plazo fijo en el Banco Nación, que corresponden al Fondo Solidario de Redistribución (FSR, que paga los reintegros a las obras sociales) y, por otro lado, unos $400.000 millones de una deuda que tenía OSDE con el sistema de obras sociales y que el Gobierno, en lugar de transferirlos, depositó en fondos FIMA (fondos de inversión).
Las acusaciones son encabezadas por gastronómicos y otro "peso pesado" como empleados de Comercio. Barrionuevo comparó la actual situación con la crisis de los 90, advirtiendo que los fondos que los sindicatos destinan hoy a cubrir baches sanitarios restan recursos fundamentales para sostener escuelas, campings, vacaciones y otras prestaciones sociales.
Los $288.000 millones que adeuda hoy el Estado al sistema de obras sociales surgen de una partida adicional de casi $148.000 millones que el entonces ministro de Economía Sergio Massa, a pedido de la CGT, incorporó en 2023 en el Presupuesto Nacional, destinada al financiamiento de prestaciones críticas y de discapacidad. Ese dinero llegó parcialmente a las obras sociales, pero la cifra creció porque está depositado en un plazo fijo en el Banco Nación.
La otra suma que se exige es de $400.000 millones, generada por un acuerdo de pago que firmó la prepaga OSDE tras una denuncia en su contra. En 2017, Swiss Medical denunció que OSDE no había ingresado al Fondo Solidario de Redistribución los aportes correspondientes a sus afiliados voluntarios. En septiembre pasado se llegó a un acuerdo por el que se aceptó el ofrecimiento de pago de OSDE, que actualmente representa los $400.000 millones reclamados.