Pensiones bajo la lupa: el Gobierno dio de baja más de 80 mil beneficios

El gobierno de Javier Milei avanza en la revisión de más de un millón de pensiones por discapacidad laboral, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo que lidera el abogado Diego Spagnuolo. Hasta el momento, el 60% de los beneficiarios no se presentaron a verificar los requisitos exigidos para conservar el beneficio.

Según datos oficiales:

• 65.230 pensiones fueron suspendidas por diversas irregularidades
• 8.207 personas renunciaron voluntariamente al beneficio para evitar un posible juicio, al no cumplir con los requisitos
• Se detectaron 6.643 casos en los que los titulares habían fallecido, pero un familiar seguía cobrando la asignación

En total, se dejaron de pagar 80.080 pensiones, lo que representa un ahorro mensual superior a los 23 mil millones de pesos ($23.143.120.000), cifra que surge de multiplicar los beneficios suspendidos por el monto mensual de $289.000, compuesto por $219.000 (el 70 % de la jubilación mínima) más un bono de $70.000.

Podrían superarse las 250 mil bajas

En la ANDIS estiman que las bajas podrían superar ampliamente los 250.000 beneficiarios una vez finalizado el proceso. Las causas más importantes de suspensión son el incumplimiento de los requisitos mínimos y la inasistencia sin justificación a las auditorías convocadas. Estas suspensiones podrían derivar en bajas definitivas.

Desde la agencia sostienen que "la importancia de estas auditorías es un paso necesario para redirigir los recursos hacia las personas con discapacidad y sus familias, asegurando que aquellos que realmente requieren apoyo reciban la asistencia adecuada", y remarcan que buscan "mayor transparencia y equidad en la distribución de los beneficios".

Cómo es el procedimiento de revisión

El proceso de auditoría alcanza a todos los beneficiarios de pensiones por invalidez laboral concedidas en el marco de la Ley 13478 y el decreto 432/97. No incluye a menores de edad ni a personas ya auditadas en 2024.

El operativo está a cargo de profesionales médicos del PAMI y personal de la ANDIS.

• Cada beneficiario recibe una carta documento con la fecha y lugar para presentarse
• Si no responde, se le envía una segunda intimación
• De persistir la ausencia, se procede a la suspensión del beneficio, y se le notifica en el banco donde cobra la pensión
• Si no regulariza su situación, se inicia el trámite de baja definitiva.

Los convocados deben presentarse con el DNI, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) si lo tienen, y la documentación médica que justificó el otorgamiento de la pensión.

Irregularidades detectadas y denuncias por entregas discrecionales

Desde la gestión actual se maneja la hipótesis de que durante el gobierno anterior, particularmente en Chaco y Salta, se entregaron hasta mil pensiones en actos políticos, lo que equivaldría a unos 300 millones de pesos mensuales.

"Los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández hicieron una política de subsidios discrecionales, no como producto de una evaluación médica y necesidad social ante una vulnerabilidad manifiesta. Es lo que estamos revirtiendo", aseguran en la ANDIS.

Nuevo decreto y endurecimiento de controles

El Decreto 842/2024, publicado el 9 de abril, establece un nuevo marco normativo para este tipo de pensiones. Entre otras medidas:

1. Crea un nuevo Cuerpo Médico Evaluador dependiente de la ANDIS
2. Impone la obligación de actualizar datos y reinscribirse
3. Amplía las facultades del organismo para auditar, suspender o dar de baja beneficios

La ANDIS fue autorizada a intercambiar información con otros organismos como el Ministerio de Justicia, ANSES, PAMI y AFIP, y a suspender cautelarmente beneficios ante sospechas fundadas de fraude. Entre los casos detectados se encuentran:

• 212 presos que cobraban pensiones de manera irregular, el 85 % de ellos otorgadas durante gobiernos kirchneristas.
• 331 prófugos de la justicia que seguían recibiendo el beneficio.
• Un beneficiario con cuatro diagnósticos distintos que se presentó a la revisión con un abogado.
• Personas con documentación falsa o incompleta que dijeron estar apadrinadas por dirigentes del Movimiento Evita.
• Un caso donde el hijo de un beneficiario se presentó en su lugar y confesó que su padre vivía en Egipto y que él cobraba la pensión.