AySA cambiaría el cálculo de las facturas de agua y cloacas y prevé subas de hasta el 149%
El nuevo sistema reemplazaría once categorías territoriales por cinco niveles. Casi 2 millones de hogares pagarían más y otros recibirían descuentos
AySA busca modificar los criterios con los que calcula las facturas de agua y cloacas. La propuesta, que se debatirá este lunes en una audiencia pública, prevé abandonar el sistema de once categorías territoriales utilizado desde hace décadas y adoptar cinco niveles para establecer los importes según la ubicación y las características de cada propiedad.
La discusión se realizará antes del traspaso de la compañía al sector privado, previsto para el 13 de noviembre. El proyecto también incluye cambios en los descuentos vigentes y en la forma en que se aplicarán las nuevas tarifas.
Qué hogares pagarían más y cuáles tendrían descuentos
Las proyecciones de AySA muestran que la modificación tendría efectos distintos según el usuario. El grupo más numeroso, integrado por 1.998.747 hogares, afrontaría aumentos que promediarían el 22,6%. Para una parte de los clientes, el ajuste podría llegar al 149%, aunque las subas que superen el 100% alcanzarían al 3% de los usuarios residenciales.
En tanto, 683.927 hogares obtendrían una reducción promedio del 14,7%. Otros 672.194 no registrarían cambios en el importe de sus facturas.
La empresa elaboró la nueva segmentación con información del Censo 2022 y de la Encuesta Permanente de Hogares. El objetivo es sustituir las once divisiones territoriales establecidas entre las décadas de 1960 y 1980 por cinco grupos que definan cuánto debe abonar cada propiedad.
La eliminación de un descuento explicaría parte de las subas
Entre los cambios previstos figura la quita de una bonificación del 15% que beneficia a usuarios de zonas identificadas como de menor nivel socioeconómico. De acuerdo con los cálculos de AySA, esa modificación explicaría el 54% de la facturación adicional estimada y afectaría a unos 504.000 hogares. Para ese grupo, los incrementos podrían alcanzar el 17,6%.
La transición no se aplicaría de la misma manera para todos: los aumentos se distribuirían en etapas, con el propósito de evitar que el impacto completo llegue de una sola vez. En cambio, quienes deban pagar menos accederían a la reducción total desde el primer mes.
AySA estima $140.000 millones adicionales al año
La compañía proyecta que la reforma permitiría reunir unos $140.000 millones adicionales anuales, calculados a valores de septiembre de 2026. Según la explicación de AySA, el dinero se utilizaría para ampliar la tarifa social y no para aumentar sus ingresos, sino para corregir diferencias en la facturación y reforzar la ayuda a quienes tienen dificultades para pagar el servicio.
La propuesta todavía deberá atravesar la instancia regulatoria. El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) tendrá a su cargo definir si se aprueba el nuevo sistema y establecer el calendario de implementación.
La audiencia pública prevista para este lunes servirá para debatir la iniciativa, aunque lo que allí se plantee no tendrá carácter vinculante.
AySA: las obras de saneamiento y los desafíos ambientales que hereda el sector privado
La modificación del sistema de facturación no es el único desafío que enfrenta AySA en la transición hacia una gestión privada. También está pendiente definir cómo se avanzará con las obras necesarias para ampliar las redes cloacales y mejorar el saneamiento de las cuencas contaminadas del área metropolitana.
En ese escenario, la venta de AySA dejó una serie de interrogantes ambientales para el nuevo operador, entre ellos, el futuro de las obras vinculadas con el sistema Riachuelo, la continuidad de los proyectos de saneamiento y los mecanismos de control sobre los insumos utilizados para tratar el agua.
Andrés Nápoli, titular de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), advirtió sobre la falta de precisiones en torno a algunos de estos puntos. En particular, planteó dudas sobre el estado de las obras pendientes y la información disponible para evaluar qué trabajos deberá completar la compañía después del cambio de control.
El saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo es uno de los temas centrales de esa agenda. La recuperación de estos cursos de agua requiere obras que involucran a distintas jurisdicciones, por lo que su planificación y ejecución no dependen únicamente de una decisión empresarial aislada. La continuidad de los proyectos será determinante para avanzar en la mejora ambiental de las zonas afectadas.
Otro punto en discusión es la transparencia del proceso de privatización. Legisladores cuestionaron que la tasación oficial de AySA se mantuviera bajo reserva y reclamaron información sobre las obras comprometidas y los criterios utilizados para valorar la empresa. En paralelo, se presentó un amparo judicial para solicitar que se haga pública la documentación correspondiente.
La prestación del servicio también plantea una cuestión social: qué garantías tendrán los usuarios que no puedan afrontar el pago de las facturas. El marco regulatorio contempla la posibilidad de interrumpir el suministro por falta de pago bajo determinadas condiciones, una facultad que Nápoli cuestionó por su posible incompatibilidad con el acceso al agua como derecho humano.
De esta manera, la etapa que se abre para AySA no se limita a definir cuánto pagarán los usuarios por el servicio. La ejecución de las obras pendientes, el control de la calidad del agua, la publicidad de la información y la continuidad del acceso al suministro serán aspectos centrales para evaluar el desempeño de la futura gestión.