Polémica en Chile por la autorización de Piñera de borrar los mails de los funcionarios

Podría quedar sin efecto el decreto supremo firmado por el presidente chileno saliente Sebastián Piñera (en la foto), que permite a los funcionarios públicos borrar los correos electrónicos enviados y recibidos durante los cuatro años de gobierno.

La Fiscalía Regional Centro Norte envió un oficio a La Moneda, sede del Poder Ejecutivo del país trasandino en el que se ordena no borrar esa información.

Según informó el diario La Segunda, que tuvo acceso al documento firmado por el fiscal José Morales Opazo, el texto menciona específicamente a los ministerios de Salud, Educación, Obras Públicas, Trabajo y Vivienda, debido a que se encuentran investigaciones penales en el desarrollo.

También advierte que cualquier acción que obstaculice esas indagatorias será constituyente de delito.

La polémica comenzó luego que el diario El Mostrador diera a conocer un decreto supremo firmado por el mandatario saliente, y que se publicó el 27 de febrero en el Diario Oficial, el cual permitirá a los funcionarios públicos borrar sus correos electrónicos que se remontan al tiempo que han ejercido sus labores.

El decreto del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo deroga una serie de decretos entre los que se encuentran el promulgado por el ex presidente Ricardo Lagos que regulaba las comunicaciones mediante esta vía entre los órganos de administración del Estado y ordenaba que los funcionarios públicos conservaran estos por el periodo que se extendía el gobierno.

El 15 de enero, Piñera, Félix de Vicente (ministro de Economía), Andrés Chadwick (Interior) y Cristián Larroulet (Segpres) firmaron la modificación, según informó el medio digital.

De esta forma, se autorizaría que tanto los correos enviados y recibidos dentro del Estado puedan ser borrados una vez producido el cambio de mando, situación que perjudicaría la "memoria digital".

Consultado por la validez de este decreto, Piñera respondió que "los correos personales, lo ha determinado tanto así la Oficina de Transparencia como la propia Corte Suprema, son personales. Pero todo lo que es oficial, naturalmente se queda".