Uno de los aspectos más polémicos de Apple es el control férreo de su software y su hardware, porque es una de las razones por las que sus dispositivos suelen funcionar de forma más sencilla.

Sin embargo, esto implica también que otros actores quedan fuera de sus entornos, como ocurre en el iPhone: no es posible instalar aplicaciones fuera de la AppStore, que tiene unas normativas y unos márgenes de beneficios establecidos de forma previa.

Los desarrolladores de aplicaciones para iOS deben ceder un 30% de sus beneficios a Apple, independientemente de lo ganado.

Este control es lo que llevó a un grupo de consumidores en 2011 a lanzar una demanda colectiva contra Apple por monopolio en el iPhone.

Pese a haber sido desestimada por un juez, fue elevada a una corte federal por un juez de San Francisco, y se ampliaron los plazos de la demanda a las aplicaciones vendidas entre 2007 y 2013.

La defensa de Apple ante esta demanda se basa en dos aspectos. La compañía defiende que no venden apps, sino "software de distribución de servicios a los desarrolladores".

La compañía alude a un caso de 1977 por el cual una empresa que no vende bienes directamente a sus consumidores no tiene por qué recompensarles de posibles daños.

Si Apple perdiera el caso, debería devolver ese 30% de los beneficios que obtiene de los desarrolladores y multiplicarlo por 3, pues la legislación estadounidense impone esta pena en los casos en los que se condena el monopolio.