El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el conflicto por los despidos de Banghó

El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el conflicto por los más de 200 despidos de la empresa de computadoras Banghó, tras una audiencia entre las partes que se extendió toda la tarde y que fue convocada luego que la firma anunciara el cierre de su planta ubicada en la localidad de Florida, en el norte del Gran Buenos Aires.

La medida, dictada por 15 días hábiles, implica la reincorporación de los despedidos a partir del lunes, el pago de la presente quincena y la liberación de la planta, que fue ocupada por los trabajadores, según aseguraron Emiliano Gallo, dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y fuentes de la empresa.

El sindicalista indicó que entre el jueves y el viernes, representantes del gremio y de la empresa se reunirán con los ministros de la Producción, Francisco Cabrera, y de Trabajo, Jorge Triaca.

La audiencia, que comenzó a las 14.00 en la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo y se extendió hasta casi las 21.00 entre la patronal y dirigentes de la UOM, apuntaba en primera instancia a revertir la decisión de la empresa de pagar solo el 50 por ciento de la indemnización a los despedidos aludiendo al artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Gallo, titular de la seccional Vicente López y secretario de Prensa de la UOM nacional, confirmó que la intención del gremio, que impulsó el llamado a la audiencia, era la reincorporación de los cesanteados para poder con la conciliación obligatoria "buscar alternativas" al conflicto.

El conflicto en Banghó empezó a perfilarse semanas atrás y generó varias gestiones y reuniones de los representantes de la empresa y los sindicatos con autoridades ministeriales que no prosperaron y derivaron en protestas de los trabajadores, encabezados por dirigentes de la UOM, el gremio con mayor cantidad de afiliados en la planta de Vicente López.

La empresa anunció el cierre de la fábrica y el despido de 205 trabajadores y fundamentó la decisión en la eliminación a partir del 31 de marzo próximo del arancel de 35 por ciento para la importación de productos informáticos, dispuesta por la Secretaría de Comercio, que "hace inviable la producción local ante la imposibilidad de competir con productos provenientes de países con altos subsidios a la exportación, como es el caso de China", según comunicó.

Banghó es una de las empresas amparadas por el Programa de Transformación Productiva, lanzado en noviembre pasado en el marco de la mesa de Diálogo de la Producción y el Trabajo, y que prevé la asistencia técnica y financiera para las empresas que necesiten mejorar su competitividad con la idea de generar nuevos negocios, insertarse en nuevos mercados y crear empleo.

De acuerdo con fuentes del Ministerio de la Producción consultadas por Télam, la empresa es la única del sector informático que adujo el cierre de una de sus plantas como consecuencia de la eliminación del arancel y es la única que se niega a pagar el 100 por ciento de la indemnización correspondiente.

Según explicó PC Arts en un comunicado, sus directivos realizaron gestiones junto a los sindicatos y las cámaras del sector para intentar revertir la medida, con la advertencia de la posible pérdida de la casi totalidad de los puestos de trabajo, que resultaron "infructuosas".

Las fuentes ministeriales resaltaron que la eliminación del arancel fue una decisión de la Secretaría de Comercio a partir del impacto transversal de la rebaja de los precios de las computadoras, que es un insumo de toda la economía.

Junto al anuncio de la desgravación, el gobierno dispuso programas de pago en cuotas para comprar computadoras y que las empresas pudieran liquidar el stock acumulado, lanzó el Programa de Transformación Productiva y amplió el plan Conectar Igualdad, que en los próximos días habilitará la compra por parte del Estado de 450 mil computadoras de fabricación nacional, reseñaron las fuentes.

El Programa de Transformación Productiva estipula, entre otras medidas, herramientas para acelerar la reinserción laboral de trabajadores en empresas y actividades con demanda de empleo, para lo cual dispone capacitación laboral, seguro de desempleo ampliado de hasta 6 meses por hasta el 50 por ciento del último salario percibido y asistencia familiar integral.

A las empresas, el Estado les otorga un subsidio equivalente al salario mínimo vital y móvil hasta por nueve meses por cada trabajador acogido en el Programa que reinserten.

Al respecto, las fuentes de Producción adelantaron que hay en Vicente López una empresa que busca crear dentro del programa unos 300 empleos, y que también hay conversaciones con otras firmas de zonas aledañas.

El dirigente metalúrgico e integrante del consejo directivo de la CGT, Francisco Gutiérrez, aseguró ayer que el 2 de febrero próximo ese órgano de conducción de la central obrera analizará "la posibilidad de convocar a una masiva movilización de todos los gremios industriales ante la ola de despidos incesante".

Gutiérrez sostuvo que en ese primer encuentro del año de la conducción cegetista "se analizará esa posibilidad", ya que consideró "aciagas" las perspectivas para reanudar en dos semanas la Mesa de Diálogo para la Producción y el Trabajo.