Por qué se debe proteger la propiedad intelectual del software

La tecnología ha cambiado el mundo en que vivimos y ha conseguido hacernos más eficientes, productivos y creativos. Dentro de esta revolución tecnológica, el software aparece como el núcleo desde el cual se impulsa la innovación, se facilita la difusión del conocimiento y se empuja la comunicación.

Actualmente, todos los procesos que rigen nuestras vidas se hallan vinculados a la informática y por tanto, a los programas que hacen posible su desarrollo. Debido, a ese valor que aporta el software a la sociedad, se hace necesaria una protección jurídica clara, eficaz y completa que sea capaz de defender los derechos de propiedad intelectual de los desarrolladores de software. Esta industria constituye un elemento fundamental en el desarrollo no sólo del mercado de tecnología, sino también de la economía en general.

El desarrollo de software es una actividad que requiere importantes esfuerzos de inversión tanto materiales como humanos y genera un conjunto de beneficios para la sociedad que se manifiesta en la creación de riqueza de forma directa (a través de la creación de puestos de trabajo y de la inversión en medios técnicos y materiales de alto nivel) o indirecta (por los beneficios derivados de su distribución en el mercado, creación de empleo y de negocios a través de los canales de venta y distribución, como también por los correspondientes ingresos tributarios derivados de esas actividades).

La copia y distribución ilegal de software repercute negativamente en el desarrollo del sector tecnológico e impide al Estado conseguir los ingresos necesarios, en concepto de impuestos, para poder transformarlos en inversiones de I+D que impulsen el establecimiento de una verdadera Sociedad de la Información.

Un reciente estudio publicado por BSA (Business Software Alliance) y la firma de análisis IDC, muestra que en Argentina, una reducción de 10 puntos en la piratería, que hoy es de un 75%, podría añadir 1100 millones de dólares a la economía del país, crear 7000 nuevos puestos de trabajo y generar un crecimiento de 173 millones de dólares en recaudaciones tributarias en un período de 4 años.

Algunas de las medidas que recomienda el estudio para lograr este objetivo son:

Actualizar las leyes nacionales de derechos de autor para poner en vigor las obligaciones establecidas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
Crear sólidos mecanismos de cumplimiento, tal como lo requiere la Organización Mundial del Comercio (OMC), incluidas estrictas leyes de antipiratería.
Dedicar recursos gubernamentales reales al problema, cooperación entre países y mayor capacitación para funcionarios locales.
Mejorar la educación pública y el conocimiento de la necesidad de proteger la propiedad intelectual.
Predicar con el ejemplo, utilizando el sector público exclusivamente software original.

Los programas de computadoras, a diferencia de otras obras de propiedad intelectual, constituyen un elemento fundamental en el proceso productivo. Han contribuido a revolucionar estos procesos, incrementando su eficacia y haciendo que la totalidad de los mismos sean asistidos, ejecutados o complementados a través de sistemas gestionados por computadoras. Las aplicaciones de escritorio, gestión de bases de datos, diseño asistido por computadora, edición y creación de contenidos, contabilidad y gestión empresarial y antivirus son algunos ejemplos para comprender su importancia en las empresas.

La piratería de software genera, como otro de sus efectos negativos, que las empresas productoras de programas puedan destinar menos recursos a la investigación y al desarrollo, ralentizando así, el progreso tecnológico general.

Disponer de una adecuada protección legal y de un compromiso institucional, son elementos indispensables para la protección del valor del software, y para maximizar sus efectos beneficiosos para la economía en general y para el desarrollo tecnológico en particular.

Marcela Monteros es Gerente General de Software Legal, www.softwarelegal.org.ar