Y el diciembre de 2018 viene encaminado para repetir la tradición que en materia de telecomunicaciones inauguró el gobierno de Mauricio Macri cuando asumió, allá por diciembre de 2015. Luego de que no prosperara en la comisión de Comunicaciones de Diputados el dictamen para aprobar la ley corta de telecomunicaciones, todo indica que se avanzará en la redacción un nuevo decreto con el objetivo de liberar las frecuencias que hoy están en poder de ArSat para que sean puestas a consideración del mercado el año próximo.

Pero la cosa no es sencilla.

La posibilidad de que se firme un nuevo decreto, esta vez de necesidad y urgencia, es algo que se analiza a nivel oficial aunque también hay versiones que dan cuenta de los esfuerzos del ministro Andrés Ibarra por lograr que la famosa ley obtenga el visto bueno de parte del Congreso. Los tiempos apremian.

Para los optimistas, la última chance podría darse el martes próximo, 27 de noviembre, cuando se reúna la sesión plenaria. Pero, como serán días de alta conflictividad en todos los frentes, la previsión es que ese plenario sea acotado y que los temas que se traten sean los menos conflictivos. Ya hubo mucho stress en el año.

Ante este panorama, entonces, la variante sería el DNU. Aplicado, como se dijo, sólo a las frecuencias de ArSat que fueron, justamente, las que generaron el conflicto que motivaron que no se pudiera avanzar en el dictamen final.

Pero el DNU también tiene sus peros. Dos peros. Por un lado, tendría que pasar el visto bueno de la Bicameral de control de DNU y de legislación delegada que, parece, no anda con muchas ganas de poner tildes verdes a lo que venga en ese formato.

Por el otro, “¿por qué avanzar con un decreto cuando la ley tiene media sanción? Desde lo constitucional tendría que haber otra situación para un DNU. Pero el proyecto no tuvo inconvenientes, hubo aportes, ideas, pero el Gobierno no quiso avanzar con al propuesta de Argentina Federal”, dijo a iProfesional, Juan Brügge, presidente de la Comisión de Comisiones e Informática de Diputados.

Los diputados de Cambiemos, según aseguró Brügge, se negaron a incluir en el texto la chance de otorgarles a las provincias “un 20% del espectro de ArSat para que en 90 días opten por armar su propio sistema de comunicaciones. Y si en ese lapso no tomaban la decisión se liberaba y pasaba al sector privado. Pero no quisieron”. Y todo se frenó.

Llamen a Houdini

El embrollo es institucional. De ahí que el esfuerzo se concentra en encontrar la fisura para que la ley corta encuentre su bandera verde. O la llavecita mientras se está encerrado cabeza abajo en una caja transparente de agua.

El DNU es una posibilidad que, aún en este contexto, vuelve a sobrevolar. Pero, según de qué fuente se trate, la chance es mayor o menor.

Sí está claro, que un decreto de necesidad y urgencia fue una alternativa que se barajó a principios de este año y que, luego, el propio Ibarra dejó de lado pues prefirió avanzar con una ley en el Congreso. Y fue así que en abril se elevó el proyecto al Senado, con presentación oficial y datos de funcionamiento del sector y recomendaciones de organismos internacionales, como la OCDE.De avanzar el DNU, aun con las observaciones ya descriptas, el foco se pondría básicamente en las frecuencias. Tener más espectro es una demanda de las empresas de telecomunicaciones que operan en el país. Además, contar con ellas, permitiría continuar avanzando en el ordenamiento del espectro disponible para, finalmente, disponer de un Plan Nacional sobre el que aún continúa trabajando la consultora Bluenote, contratada por el Gobierno a tal fin.

Se trata de bandas para dar servicios 3G y 4G que la administración nacional recuperó luego de que se quitara, allá por el año 2015, las frecuencias que se habían adjudicado al Grupo Vila-Manzano a finales de 2014. Esos recursos fueron recuperados por el Estado hace un año luego de haber negociado ciertas condiciones para poner fin al conflicto con el grupo empresario. Pero de acuerdo a la normativa vigente, lo que no está en poder de los privados vuelve al Estado a través de ArSat.

Como esta administración tiene más interés en que las frecuencias estén en manos de los privados –y así ponerse a tono con la disponibilidad de espectro sugerida por organismos internacionales como la UIT y la OCDE- la alternativa sería un nuevo decreto.

Si se continúa con una decisión amparada en este instrumento ¿Se incluirá en él todo lo que no se avanzó en la ley corta de telecomunicaciones? En principio no. Pero hay más peros. Habría que prestar atención a un par de cuestiones importantes.

La compartición de infraestructura, que facilita los despliegues de infraestructura, podría salir en los próximos tiempos por la vía de una o varias resoluciones, otro de los caminos elegidos por esta administración para ir poniéndole un poco de orden al sector.

El punto referido a que Telefónica y Claro pudieran dar televisión paga por la vía satelital prácticamente quedaría en la nada. Ambas compañías están desplegando sus redes de fibra óptica sobre las cuales ofrecer contenidos. Y lo hacen al ritmo que el país y la coyuntura imponen: sólo en los lugares en donde hay capacidad de pago y escasa competencia. Que el Estado tome alguna decisión en ese sentido no aportaría nada extraordinario al desarrollo que el sector está experimendo en estos momentos. Destinar esfuerzos, en esta instancia, por contar también con la vía satelital es, en estos tiempos, obsoleto.

Competencia programada

¿Qué pasaría con el inicio de la competencia? ¿Continuará en pie lo dispuesto por el decreto 1340 del 30 de diciembre de 2016? ¿O en el DNU también se incluirán cambios a la fecha prevista en aquella oportunidad y seguir así la propuesta de patearla un poco más expresada en el proyecto aprobado por el Senado?

El artículo 5 del decreto 1340/2016 expresaba que laa telefónicas podrían comenzar a brindar sus servicios de televisión paga a partir de 2018 en ciudad y provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. La medida alcanzaba a Telefónica, Telecom y Claro básicamente. Sólo que en el medio ocurrió la fusión entre Telecom y Cablevisión.

Es lo que explica que ya en este año Telefónica y Claro hayan iniciado con la propuesta comercial de servicios de televisión que se ofrecen empaquetados junto con la telefonía e internet en estas zonas.

Esa norma habilitaba que, a partir del 1° de enero de 2019, esa oferta se extendería al resto del país, con excepción de las localidades de menos de 80.000 habitantes o donde el servicio fuera prestado por una única cooperativa o pyme telco. En esa norma no se establecía fecha límite para esa medida de protección.

La ley corta aprobada en el Senado modificaba estos plazos. Pateaba para el 1° de enero de 2022 el inicio de los servicios de televisión por satélite por parte de las grandes prestadoras en la ciudad y provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, y para el 1° de julio de 2022 lo propio en el resto de las localidades con excepción de aquellas conformadas por menos de 100.000 habitantes o hubiera un único prestador, sea cooperativa o pyme.

Estas cuestiones dependían de que finalmente se autorizada a las telefónicas a dar televisión paga por la vía satelital. Pero ya se explicó en qué situación se encuentra este aspecto. La pregunta es, entonces, ¿vale la pena seguir poniendo fechas para habilitar la competencia por zonas de acuerdo a la disponibilidad tecnológica? ¿O la competencia se abre más allá de esta cuestión y se protege a los son únicos prestadores y atienden localidades pequeñas? La voluntad de este Gobierno a través de sus organismos vinculados con las telecomunicaciones ha sido siempre la de darles un paraguas.

El último punto de la ley corta apuntaba al tema de contenidos, específicamente, al vinculado con comercialización y transporte de señales. Un punto ríspido que, más allá de la norma, mantuvo y mantiene al sector en constante tensión. Y que, sin dudas, exigirá una discusión mayor. Pero que, ahora, también queda en una especie de suspenso con finales que terminarán dándolos los que protagonicen el futuro nuevo conflicto.

La casi dada no aprobación de la ley corta, en definitiva, mantiene en vilo una vez más al sector de las telecomunicaciones. ¿Llegará el brindis de fin de año con un nuevo DNU? Si no hay dos sin tres, tal vez sea el momento del no hay tres sin cuatro. En la Argentina todo es posible.