Francia y Alemania han alcanzado un acuerdo sobre el impuesto a los gigantes de Internet que reducirá el alcance de la propuesta inicial para que solo grave la facturación por servicios publicitarios.

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) intentarán llegar a un acuerdo para adoptar la tasa digital que por el momento está lejos de materializarse, ya que se requiere unanimidad de los Veintiocho Estados miembros pero Irlanda, Dinamarca, Suecia y Finlandia se oponen frontalmente.

Alemania, que el año pasado impulsó la propuesta junto a Francia, ha adoptado una posición más ambigua en las últimas semanas, motivo por el que el ministro de Economía galo, Bruno Le Maire, buscaba un acuerdo con su homólogo germano, Olaf Scholz, que permitiese seguir avanzando.

El acuerdo, plasmado en una declaración conjunta, pide a la Comisión Europea y al Consejo que enmienden la propuesta hecha hasta ahora para que la tasa se centre en la publicidad en línea, dejando fuera los servicios de intermediación entre usuarios y la venta de datos de usuarios.

Esta era una demanda de Berlín que, contrariamente a la mayoría de socios de la UE, pedía sacar del alcance de la tasa la venta de datos. No obstante, el acuerdo francoalemán señala que la directiva no impediría a los Estados adoptar a nivel nacional sus propios impuestos con una base más amplia.

La tasa sería del 3 % sobre la facturación obtenida por los citados servicios y afectaría a las compañías de Internet que facturen más de 750 millones de euros en todo el mundo y más de 50 millones en la UE, tal y como está previsto ahora.

En cuanto a la adopción del gravamen, París y Berlín instan a adoptar la directiva “sin retraso y en cualquier caso antes de marzo de 2019 como muy tarde”, pero apuntan que esta solo entraría en vigor el 1 de enero de 2021 si para entonces no se ha acordado una solución global en el marco de la OCDE.

Este vínculo entre la falta de una solución global y la entrada en vigor del impuesto europeo fue propuesto ya en la última reunión de ministros en noviembre, pero no ha servido para convencer a los opositores al mismo, que defienden que la única respuesta eficaz es a nivel internacional.

Con la extensión del plazo hasta marzo, París renuncia a la que había sido su “línea roja”, en palabras de Le Maire, para tener la tasa aprobada antes de fin de año. Pese a este acuerdo, la adopción del impuesto requiere unanimidad, por lo que no será posible sacarlo adelante hasta que los opositores venzan sus reticencias.