El informe final de un comité parlamentario británico considera que Facebook actúa como un "gánster digital" cuya principal fuente de ingresos es la venta de los datos de sus usuarios a través de sus herramientas de publicidad. También solicita que se investigue el uso que hace la compañía de los datos de los usuarios.

Este documento es el resultado de una investigación de 18 meses sobre "el derecho de los individuos a la privacidad, cómo sus elecciones políticas pueden verse afectadas e influenciadas por la información en línea y la interferencia en elecciones políticas" tanto en el Reino Unido como en el resto del mundo.

"Entre las innumerables publicaciones inocuas de celebraciones y fotos de las vacaciones, algunas fuerzas malignas utilizan Facebook para amenazar y acosar a otros", aseguran antes de acusar a Facebook y a otras compañías del sector de no saber o no querer prevenir que se utilice su plataforma para diseminar discursos de odio y propaganda, influir elecciones y otros procesos democráticos o publicar porno de venganza.

El comité considera que es poco probable que cambie la situación actual. En su opinión, lo que debe cambiar es "la aplicación de una mayor transparencia en la esfera digital", de modo que los ciudadanos conozcan "la fuente de lo que están leyendo, quién lo ha pagado y por qué se nos ha enviado esa información".

Consideran que Facebook opera "monitorizando a usuarios y no usuarios, rastreando su actividad y almacenando información personal". Es más, creen que la compañía obtiene sus ingresos "vendiendo acceso a los datos de los usuarios mediante sus herramientas de publicidad".

Más adelante, este mismo informe explica que "no se debería permitir a empresas como Facebook actuar como 'gánsteres digitales' en el mundo online considerándose a sí mismas por delante y por encima de la ley".

Facebook, explican, comenzó hace 15 años como "una aparentemente inocua forma de compartir información con amigos y familia", pero se ha convertido en un fenómeno global capaz de influenciar eventos políticos, como las elecciones de Estados Unidos.

Creen que Facebook no solo no ha actuado contra las aplicaciones sospechosas o abusivas, sino que, de hecho, "trabajaron con estas aplicaciones como una parte intrínseca de su modelo de negocio".

También recuerdan que, a pesar de haberles hecho "solicitudes específicas", la red social no les proporcionó "ni un solo ejemplo de una compañía excluida de su plataforma por una filtración de datos importante".

Esto se debería a que "únicamente toman medidas cuando estas filtraciones se hacen públicas" y a que "la transferencia de información" es el modelo de negocio de Facebook. "La afirmación de Mark Zuckerberg de que 'nunca hemos vendido la información de nadie' es sencillamente falsa".Por su parte, la empresa se ha defendido en un comunicado, recogido por el diario digital Techcrunch, en el que aseguran compartir la preocupación del Comité "por las noticias falsas y la integridad de las elecciones".

Además, se muestran satisfechos de haber realizado "una contribución significativa" a su investigación, en la que respondieron "más de 700 preguntas". Aunque no responden a las acusaciones del informe, explican que no van "a esperar" a que lleguen los cambios y regulaciones necesarios y que ya han hecho "cambios sustanciales" de modo que ahora cada anuncio político debe ser previamente autorizado y ha de quedar constancia de quién lo paga en un archivo durante siete años.

También presumen de haber triplicado el tamaño del equipo encargado de detectar y proteger a los usuarios del contenido malicioso y de haber invertido en inteligencia artificial y machine learning para ayudarles a prevenir el abuso.

El informe, en la primera de sus conclusiones, considera que las redes sociales ya no pueden "esconderse detrás de la afirmación de que son una mera 'plataforma' y asegurar que no tienen responsabilidad en la regulación del contenido".

Así, recomiendan que se formule una nueva categoría de empresa tecnológica que intensifique sus obligaciones y que exija que asuman "responsabilidad legal" por el contenido identificado como dañino después de que haya sido publicado por sus usuarios.