Más artículos
Últimas noticias
Ahora en portada
Últimas noticias

Cuestionan el sistema de videovigilancia porteño por vulnerar derechos humanos

Cuestionan el sistema de videovigilancia porteño por vulnerar derechos humanos
Asociaciones civiles y expertos informáticos dijeron que deben definirse límites de la videovigilancia anunciada por el vicejefe de Gobierno Diego Santilli
Por Andrea Catalano
11.04.2019 06.12hs Tecnología

El 22 o el 23 de abril el Gobierno porteño pondrá en marcha un sistema de videovigilancia para detectar y arrestar a personas que tengan pedido de captura. Se apoyará en una base de datos fotográfica de hasta 100.000 imágenes y su anuncio volvió a encender las alarmas sobre los riesgos que esto representará para la privacidad y las libertades individuales.

El anuncio del nuevo sistema de reconocimiento facial con inteligencia artificial (IA) fue anunciado por el vicejefe de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, durante el Primer Congreso Internacional sobre Delito Transnacional que se realizó la semana pasada en la Legislatura porteña. La duda sobre la fecha es, simplemente, oficial.

Lo que desde la administración porteña definieron como un sistema que apunta a colaborar con la Justicia cuando existen pedidos de captura de malhechores, a fin de apresarlos, es entendido por las organizaciones defensoras de los derechos civiles y humanos como muy riesgoso, especialmente porque, hasta ahora, no se conocen los detalles de la normativa que dará soporte a esta determinación.

El sistema será similar al que existe con el programa Tribuna Segura, que monitorea a los hinchas que asisten a las canchas de fútbol a fin de impedir el ingreso de quienes lo tienen prohibido.

A diferencia de aquel, el que operará sobre la Ciudad de Buenos Aires se montará sobre las 6.114 cámaras dispuestas en la vía pública además de las 849 existentes en los subterráneos.

"Este sistema trabaja en base a la comparación mediante parámetros biométricos de una imagen captada o "desconocida" en tiempo real con la base de datos existente. Mediante el cotejo en tiempo real de los datos del sistema puede verificar si esa persona está o no dentro de la base de datos de personas buscadas por la Justicia", dijeron desde el Ministerio de Seguridad de la Ciudad.

"Es sólo para aquellas personas que están buscadas por la Justicia. En febrero agarramos a un tipo que tenía 10 años de condena por secuestrar personas. Lo que quiere la sociedad es que los agarremos", dijo Santilli, durante su exposición en la Legislatura.

Desde las organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos cuestionaron la puesta en marcha de este sistema biométrico.

"Montar un sistema de este tipo implica que hay que procesar a todas las personas. No hay forma de limitar a los malos. Los sistemas de reconocimiento facial en los espacios públicos son propios de los estados autoritarios. El más avanzado es China. Parte del supuesto de que somos todos sospechosos y representa una filosofía contraria a los derechos humanos comenzando por la intimidad de las personas", dijo a iProfesional, Beatriz Busaniche, de la Fundación Vía Libre.

Libertades en jaque

La intimidad no refiere sólo a los ámbitos privados de las personas, sino también a la que ejerce cuando se mueve en el espacio público. Justamente, la introducción de un sistema biométrico en él lleva a redefinir ese concepto puesto que cuando una persona transita libremente por la calle espera mantenerse en el anonimato. Y no que lo anden identificando con todas las cámaras con las que se cruza a su paso.

En la voz de los expertos, que se pretenda identificar sólo a los sospechosos o delincuentes con pedidos de captura judicial implica, inexorablemente, que las imágenes que se obtienen por las más de 7.000 cámaras con que contará el sistema termine "barriendo" con las caras de todos.

El ministerio de Seguridad señaló que el sistema permitirá el análisis inteligente de video para detectar patrones de comportamiento sobre esas imágenes que se capturan en vivo por parte de las cámaras pertenecientes a la Policía de la Ciudad.

Esa base de datos de búsquedas será provista por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Sin dar más detalles, se infiere que se trata del sistema SIBIOS, que usan el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y Migraciones, para la extensión del DNI en el primer caso, para fiscalizar el ingreso y egreso de personas al país, en el segundo.

Como la reglamentación que soportará a este sistema de videovigilancia aún no está finalizada, según las fuentes oficiales, sólo es posible especular sobre lo existente.

Y acá surgen otros conflictos adicionales. "Diversos estudios sociológicos afirman que cuando una persona advierte que hay una cámara modifica su comportamiento. Se le coarta la libertad. A la vigilancia estatal se suma el control sobre el comportamiento en ese espacio. Es simplista decir que los malos van a ser apresados bajo esta forma", sostuvo, por su parte, Leandro Ucciferri, abogado e investigador de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).

Otro problema que identificó el especialista es que nunca hay suficiente transparencia cuando se ponen en marcha estos sistemas. Y, al igual que Busaniche, consideró que se vulneran los derechos a la libertad de expresión, de reunión, e inclusive a la identidad, con un riesgo adicional, el de la discriminación.

"Una problemática es cómo se definen los rasgos. El algoritmo nunca es preciso, porque la tecnología suele ser desarrollada por personas blancas, hombres y de una clase acomodada. Hay sesgos de esa situación que se llevan al software. De modo que existe un potencial de discriminación hacia aquellas personas que no son blancas, o que se las identifique mal, o que se las considere como sospechosa", agregó.

La tasa de altos positivos fue señalada por los distintos voceros consultados, inclusive expertos informáticos que prefirieron el anonimato.

De hecho, en la final de 2018 de la Championes League de la UEFA entre Juventus y Real Madrid en Cardiff, el sistema que opera allí con el mismo objetivo dio como resultado 2.297 falsos positivos. Y si bien la misma Policía de Gales del Sur admitió que el sistema no es 100% perfecto, sostuvo que a partir de 2.000 positivos se lograron 450 detenciones.

De ahí que Busaniche enfatice que no se debe avanzar con estas tecnologías pues recortan las libertades civiles.

Ucciferri, en tanto, advirtió que "cuando se usan grandes bases de datos se viola el principio de inocencia y debido proceso contemplados en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional. Por estar pesente en una base de datos hay reversión en la carga de la prueba porque no se presume inocente".

Acá se abre otro potencial frente de conflicto. Desde el ministerio de Seguridad informaron que se contará con una base de datos fotográfica de hasta 100.000 rostros para su posterior identificación formando una lista negra de personas buscadas.

¿Cómo determinar si esa base de "hasta 100.000" fotografías es importante? Sólo por hacer una comparación caprichosa: la capacidad de la cárcel de Devoto es de 1.764 condenados, más allá de que hoy está superpoblada y hoy hay 2.000 reclusos. Y en la ciudad de Buenos Aires, transitan cada día unos 5 millones de personas, de los cuales unos 3 millones aproximadamente son habitantes permanentes.

Por eso el directivo de la ADC sostuvo que si la base está conformada por personadas condendas y buscadas por la Justicia el principio de inocencia estaría protegido. Pero, otra vez se vuelve al problema inicial, el sistema "identifica a todos los que no tienen nada que ver". Tal como ocurre en las canchas de fútbol.

De ahí la insistencia en que es muy riesgoso el impacto que este tipo de sistemas provoca en la privacidad y en la libertad de expresión. "No hay hasta ahora ningún informe que argumente que la implementación va a resolver el problema que se pretende arreglar", agregó.

Y vuelven las preguntas obligadas: ¿Qué alcance tendrá? ¿Cuáles son sus límites y garantías? ¿Qué estudios científicos subyacen a esta decisión? ¿La implementación de esa tecnología va a resolver el problema?

Los expertos coincidieron e insistieron en que avanzar en sistemas de videovigilancia estatal deben tener un fin legítímo, y ser específico, además de evaluar la proporcionalidad de la medida. Antes, deben haberse agotado todas las instancias previas para lograr apresar a los malos. Y no olvidar que se deben proteger los datos personales.

La biometría forma parte de los datos personales, que son los que toma el Registro Nacional de las Personas para emitir los DNI de cada nacido en este país, de cada nativo por opción y también de quienes optan por otras alternativas de residencia, temporal o permanente.

La ley N° 17.671 que rige a nuestro DNI tiene 51 años. Fue aprobada el 29 de febrero de 1968 por la dictadura de Juan Carlos Onganía y ha logrado sobrevivir aún con 35 años de democracia cumplidos.

El texto suma actualizaciones y demás cuestiones pero ninguna administración parece pensar en los desafíos que hoy presenta el mundo digital cuando se trata de datos personales, videovigilancia, biometría y derechos. Con este escenario de fondo, habrá que esperar bajo qué parámetros operará el que se inaugurará en días en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Enterate lo último sobre economía digital, startups, fintech, innovación corporativa y blockchain. CLICK AQUÍ
Tecnología en tu mail
Suscribite a nuestro newsletter y recibí diariamente las últimas noticias en finanzas personales. Economía, impuestos, tecnología y buenos negocios:
Más sobre Tecnología
Te puede interesar