Será un nuevo Día internacional de las Telecomunicaciones, el cuarto de la gestión Cambiemos. En estos años se produjeron muchos cambios en materia regulatoria. Aún así, hay muchos pendientes.

El camino de los decretos elegido por el Gobierno para introducir transformaciones no fue reemplazado por la sanción de marcos legales nuevos, incluso cuando se transita un período de convergencia y pese a que durante dos años se realizaron rondas de consultas con ese objetivo.

Al no avanzar en aspectos básicos, que ya deberían estar establecidos, tampoco se puede dar el paso siguiente: discutir sobre la privacidad de las personas, los impuestos a los servicios digitales, la tensión entre medios y redes sociales, y la precariedad laboral que surge de las plataformas, que en el mundo ya forman parte de los grandes debates.

Los especialistas del sector en materia regulatoria coincidieron en que la falta de definición en materia de espectro es el principal pendiente de esta gestión. Y que hasta tanto no haya claridad en este punto no se podrán determinar las políticas que le siguen.

Desde el Gobierno ponen el acento en la transformación digital que se lleva adelante en el Estado, no sólo a través de la despapelización y digitalización de gran parte de los trámites que realizan los ciudadanos, sino también a partir del desarrollo de aplicaciones del Estado y el desarrollo de ciudades inteligentes.

Según los datos oficiales ya hay más de 1.600 municipios conectados –sobre unos 2.200- que cuentan con una batería de más de 4.400 herramientas digitales que permiten dar servicios al 79% de la población del país.

En materia de conectividad, a finales de 2018 habían 8,5 millones de banda ancha fija, con una velocidad promedio de 16 Mb, y un objetivo de llegar a finales de este año con 9 millones de conexiones de 20 Mb de velocidad promedio, tal como lo expresó el vicejefe de Gobierno, Andrés Ibarra, durante las jornadas de Smart City, que se realizaron a finales de este mes.

El espectro es el insumo básico del sector de las telecomunicaciones, de la sociedad digital. La Argentina amplió el tope en los últimos años, pero aún está lejos de lo que recomienda la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT). Su mayor disponibilidad implica mejor calidad de servicio para los usuarios.

En números es así: en la Argentina se han adjudicado 390 MHz de espectro, por encima de los 369,9 MHz que tiene la región, pero detrás de Brasil, México, Chile, Nicaragua, Costa Rica, Uruguay y Perú, de acuerdo a datos de 5G Américas. Muy lejos de los 1.300 MHz recomendados por la UIT para 2015, ni qué hablar de los 1960 MHz vislumbrados para 2020.

Definir la hoja de ruta

"El tema pendiente número 1 es el de espectro. Definir qué van a hacer con el de ARSAT porque se trata de un recurso que podría estar disponible para que haya una mejor calidad de servicio. A esto se suma la ventanilla única para la instalación de antenas. Falta la implementación de parte del Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones) que permitirá gestionar lo que ocurre en el país", dijo a iProfesional, Carolina Limbatto, analista principal para Americas Cullen International.

La Argentina nunca definió un Plan Nacional de Espectro, promesa incumplida de sucesivos gobiernos. Ni siquiera ahora, que ya cuenta con un trabajo realizado por la consultora BlueNote, especializada en telecomunicaciones, y contratada específicamente para ello, han trascendido los detalles.

"El plan de espectro no está publicado. No se sabe qué bandas se van a usar, por ejemplo para 5G, y de ese modo tampoco se puede saber si hay que limpiar frecuencias, o definir migraciones de servicios. No se entiende el sentido de no publicar el plan de espectro", añadió Limbatto quien recordó que Colombia y México no sólo ya tienen este mapa elaborado sino que, además, actualizan cargos o decisiones cuando corresponde, y simplifican aspectos del marco regulatorio a fin de dinamizar al sector.

"Falta el plan que contemple el esquema de atribuciones y asignaciones. A partir de eso se pueden establecer la cuestiones regulatorias relativas como qué tipo de bandas se asignarán, cuánto se va a dar, cómo evolucionarán los topes, qué canalización se usará. Esto lleva a otros temas como otorgarle mayor previsibilidad al sector", sostuvo, por su parte, Juan Ignacio Crosta, director de BlueNote.

En la misma dirección se expresó el presidente de la Cámara de Empresas de Internet (CABASE), Ariel Graizer, para quien los pendientes más importantes son viejos y básicos.

"Una tiene que ver con la portabilidad de fijos, que es algo que está recontra frenado y debería liberarse. El otro aspecto es la liberación de frecuencias para que Pymes y cooperativas podamos operar en servicios móviles. Más allá de CATEL, el regulador no interviene lo suficiente para obligar a las móviles a hacer ofertas que sean válidas, con lo cual la movilidad está condicionada", aseveró.

La portabilidad es la posibilidad de que los abonados a la telefonía fija, y que hoy están sujetos a recibir el servicio de una de las dos compañías que lo brinda, puedan cambiarse a otras que también están en condiciones de hacerlo. La consulta se inició hace más de un año y no logró pasar esa etapa.

Respecto de los servicios móviles, hasta ahora el único proyecto para que surja una nueva operadora de telefonía celular bajo el esquema de Operador Móvil Virtual (OMV, es decir, que opera sobre la red de un tercero) es CATEL, que acaba de sellar el acuerdo con Telefónica, para iniciar la comercialización del servicio en agosto próximo.

Crosta consideró que las cuestiones vinculadas con el marco regulatorio son muy amplias, y abordan también cuestiones vinculadas con usuarios y calidad de servicio, lo que las lleva a estar en constante evolución.

Por esa razón, consideró que otro de los grandes pendientes es "cómo van a entrar los OTT (Over The Top, como Netflix) en el marco regulatorio y qué impactos se prevé. Esto implica que hay que cambiar las definiciones de servicios, obligaciones y requisitos para ello".

Los usuarios en la base

Se trata de cuestiones muy técnicas pero que deben ser resueltas para que los usuarios accedan a mejores servicios, tanto en calidad como en precio. Todo lo que tenga que ver con el funcionamiento de los operadores de telecomunicaciones, sean o no dueños de infraestructura, termina impactando en lo que cualquier consumidor contrata.

Por esa razón, Limbatto recordó que otro de los pendientes es el referido a las reglamentaciones generales sobre compartición de infraestructura fija, señalización y la definición de los modelos para los cargos de interconexión. Se trata de aspectos que hacen a la vinculación entre los distintos prestadores y que, en caso de conflicto, pueden generar diversos inconvenientes en el mercado, como menor competencia.

Parte de estos temas quedaron "en suspenso" con la llamada ley corta de telecomunicaciones, que el Poder Ejecutivo envió al Congreso en abril del año pasado, que avanzó en el Senado donde obtuvo media sanción pero que no logró el mismo empuje en Diputados.

Esto motivó al Gobierno a firmar el último verano el DNU para liberar el espectro de ARSAT –aspecto contemplado en ese texto- que fue rechazado por la Bicameral que sigue estos temas en el Congreso. Pero como hasta ahora no hay postura final al respecto por ninguna de las dos cámaras sigue vigente. Se trata de la porción de frecuencias a la que refirió Limbatto y que hoy están en plena indefinición.

Esa ley corta arreglaba mínimos aspectos de los vacíos que se generaron tras el decreto 267/2015 por el cual se introdujeron cambios en la llamada ley de medios 25.622, y Argentina Digital 27.708, por el que se eliminaron la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información (AFTIC), para dar lugar al Enacom.

Luego se creó la Comisión redactora de una futura ley convergente. Durante dos años se mantuvieron consultas con los distintos actores del mercado, públicos, privados y de la academia. La presidenta de esa comisión, Silvana Giudici, actual titular del Enacom, dio a conocer un texto, pero que no logró tener el consenso ni la firma de todos los integrantes de esa comisión. Hasta ahora, ese proceso no ha dado lugar a nuevos lineamientos.

El lado bueno

¿El panorama es tan malo o se avanzó en algo?

Las comunicaciones móviles 4G mejoraron, especialmente al principio de la gestión, en un movimiento más motivado por el entusiasmo del cambio que por las decisiones tomadas.

La conectividad 4G alcanza al 69% del territorio, es decir, unas 2.444 localidades, y la expectativa es que a finales de este año se logre una cobertura de 79%, lo que permitiría alcanzar al 93% de la población -40 millones de habitantes-, según datos oficiales.

"Se hicieron buenas propuestas, se avanzó en estudios en estos años, pero falta la ejecución. Hay buenas intenciones, buenos técnicos, pero falta el aval político. Y esto queda evidenciado con la falta de alineación que existe entre el Enacom, la Secretaría de Modernización (que comanda el vicejefe Andrés Ibarra) y la de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (SETIC, a cargo de Héctor Huici", dijo una de las fuentes consultadas que prefirió el off.

Crosta, de BlueCom, consideró que las políticas en materia regulatoria implican procesos largos. "Hay ejercicios de práctica regulatoria, como encarar consultas, llegar a consensos, que son una buena práctica. Pero esto requiere tiempo. Se trata de un ejercicio constante entre público y privado".

Lo cierto es que, al no tener definiciones sobre estos temas considerados básicos, no se puede avanzar sobre otros que resultan fundamentales para los ciudadanos.

Los debates que no llegan

Se trata de los temas relacionados con la privacidad y los datos personales en relación a la omnipresencia en el uso de plataformas digitales y las cuestiones impositivas vinculadas a los servicios que emanan de ellas.

En el Congreso se encuentra el nuevo proyecto de ley de protección de datos personales pero no hay expectativa en que pueda tratarse durante este año. Temática que, dada su sensibilidad, debería obligar no sólo a encarar una ley más acorde a los nuevos tiempos. La actual fue sancionada en 2001 cuando no había ni smartphones ni redes sociales.

En este sentido, las primeras estadísticas que, por ejemplo, en materia de ciberdelito se vienen realizando en el Ministerio de Justicia, permitirían tener un panorama para modernizar otras leyes, como la de delitos informáticos, sancionada en 2008, pero que tiene poca relevancia principalmente entre los ciudadanos, que son quienes terminan más afectados cuando se produce un ataque informático de cualquier tipo.

Para Gustavo Saín, especialista en delitos informáticos, el país "debería plantear la creación de una ley marco de Internet, es decir, un organismo central que haga los estudios, las consultas, la política sobre datos personales, y que defina obligaciones para las multinacionales cuando haya una investigación criminal".

Se refiere al Marco Civil da Internet que Brasil sancionó en 2014, y es un ejemplo a nivel mundial, de cómo establecer principios y garantías que promuevan una internet libre y democrática en ese país. Allí se establecieron los derechos y obligaciones de los usuarios y de las empresas proveedoras de acceso a servicios on line. Si bien se trata de una ley, la propuesta surgió del Ministerio de Justicia, en 2009.

Para Sain es necesario avanzar en la discusión de temas vinculados con la ciberseguridad, el cibercrimen y la protección de los datos personales que, a su vez, están relacionados con el día a día de los ciudadanos.

El especialista sostiene que es necesario definir una política pública para proteger a los ciudadanos a partir de la masividad que adquirieron internet y las redes sociales porque, cuando hay un delito, desde robo de información hasta grooming, pasando por contenido discriminatorio o crímenes económicos, las mismas empresas ofrecen resoluciones administrativas.

De este modo, la mayoría de los usuarios no acude a la Justicia para iniciar la denuncia correspondiente y penalizar a los responsables. Esto explica que el nivel de denuncias sobre delitos informáticos apenas alcancen el 0,4%, y que sea inexistente el nivel de concientización social sobre los riesgos que también representa el uso de internet.

Pero para llegar a esta instancia de discusión se deben resolver primero las cuestiones básicas, señalaron los consultados. Resulta difícil encarar nuevas construcciones cuando los cimientos no terminan de establecerse.

Parte de estos reclamos se escucharán este jueves, cuando se dé inicio al Internet Day, una jornada de discusión para celebrar el día internacional de las telecomunicaciones -que será el 17 de mayo- que reunirá a distintos actores del sector de las telecomunicaciones, y en donde se espera la presencia de Andrés Ibarra y de Silvana Giudici.