Para Telecom, el DNU 690 ya convertido en ley no sólo provocará un retraso en materia tecnológica en la industria y, por ende, en los servicios que reciben los consumidores sino que, el hecho de haber determinado que los aumentos de precios deban ser autorizados por el Gobierno, se podrá utilizar con intencionalidad política.

Así lo expresó el CEO de la compañía, Roberto Nóbile, durante una conferencia virtual regional en donde fue más allá de los pronunciamientos estrictamente relacionados con la industria para darle un tinte más a tono con los tiempos políticos que se viven en el país.

Tras hacer un repaso sobre los números de la compañía, que incluyen a 29 millones de clientes entre todos los servicios que brinda, entre telefonía, banda ancha y televisión paga, y destacar que la red 4G de la Argentina es una de las mejores de la región, también abordó en sentido más amplio los números de la industria. Destacó que entre todos los actores del sector privado dan cobertura de servicios de telecomunicaciones al 95% de la población además de aportar al 2% del PBI argentino.

Telecom se pronunció nuevamente contra el DNU telco pero ahora le imprimió tono político

Luego se refirió a los desafíos que significó la pandemia y los acuerdos a los que llegaron Gobierno y operadores privados para no cortar los servicios a quienes no pudieran pagarlos como tampoco generar consumos a quienes accedían a plataformas educativas, entre otras medidas similares. "Sin necesidad de recurrir a una norma sino gracias al diálogo del sector", enfatizó.

Fue a partir de ese momento que su discurso fue subiendo en el tono de las declaraciones. Tras destacar que la pandemia en algún momento va a pasar y que, entre sus enseñanzas, quedará que la conectividad será lo que habilitará a las evoluciones futuras, como la internet de las cosas (IoT) y el 5G, señaló que para que ello suceda es necesario contar con "un marco regulatorio moderno, estable y que tenga incentivos".

Ahí se refirió al DNU 690 del 21 de agosto pasado dado a conocer por el presidente Alberto Fernández a través de las redes sociales, y que es abiertamente rechazo por todas las empresas del sector. 

Un fantasma amenazante

Enfatizó que los principios allí establecidos –el congelamiento de precios y la conversión a servicio público a la telefonía móvil, banda ancha y TV paga- no sólo no genera incentivos para la inversión sino que, además, pueden ser utilizados políticamente.

Volvió a sobrevolar la guerra del kirchnerismo contra el Grupo Clarín desde 2008 y hasta finales de 2015, lapso en el que se aprobó la ley de medios primero para, luego, avanzar con otro tipo de medidas, varias de las cuales no prosperaron pero que tenían siempre en la mira al holding argentino.

Por eso, no fue casual que, en relación a lo establecido en el DNU 690, Nóbile señalara que "esto dispara, tal como está escrito, un cambio permanente hacia adelante al determinar que los servicios TIC serán públicos, y los llaman en competencia cuando los servicios públicos o son concesiones o monopolios naturales, y en este caso estamos hablando de servicios esenciales que compiten 100% de la mano de los privados y que han demostrado capacidad e inversión, y de dar el servicio aún en los tiempos más difíciles de la pandemia", enfatizó.

Previo a ello, había destacado que las inversiones de la industria de los últimos  10 años habían superado los u$s20.000 millones. En verdad, los desembolsos del sector, que oscilaron siempre entre los u$s2.000 y los u$s2.500 millones, se fueron deteriorando especialmente con las sucesivas devaluaciones de los últimos cinco años.

La licitación de 4G de finales de 2014 fue la excepción pues el Estado recaudó más de u$s2.000 millones en concepto de espectro, un valor que fue considerado por el sector uno de los más altos pagados por ese concepto a nivel regional. Los precios de los servicios están atados a esas inversiones pero también a las situaciones macro políticas y económicas que registrando la Argentina desde los últimos años, incluidos los cambios en los  marcos regulatorios y las sucesivas devaluaciones.

"Lo preocupante es que, a partir del DNU, los precios, que es con lo que se calcula el repago de las inversiones y con los que se deciden avanzar en desarrollos nuevos, serán autorizados o no por un regulador que, por supuesto, no siempre va a estar viendo los economics o los incentivos de los operadores sino que también va a buscar incentivos políticos", subrayó en el marco del Foro Iberoamérica Transformación Digital Now, que comenzó el martes y culminó este jueves.

Por esa razón, luego siguió: "Esto va a cerrar todos los accesos a las fuentes de financiación externa tanto en entidades financieras como de deudores". Unas semanas antes del DNU había logrado renegociar más del 77% de obligaciones negociables por u$s362 millones que vencían en 2021 y cuyo vencimiento se extendió hasta 2025.

Deuda, reestructuración, anuncio y paga

Producto de ese canje exitoso, un día antes del DNU la compañía había confirmado, además, que reforzaría los u$s500 millones de inversiones previstas para 2020 para ampliarlas hasta los u$s600 millones. Al jueves de ese anuncio le siguió el viernes del sorpresivo DNU. Fue un comentario irónico en la industria que ese anuncio había sido la paga del Gobierno a Telecom luego de la buena noticia anunciada.

Telecom es hoy el operador de telecomunicaciones más grande del país y también el principal inversor. Los desembolsos de Telefónica y Claro están mucho más sujetos a las casas matrices y la foto que devuelve la Argentina no es siempre la más feliz.

Nóbile detalló uno a uno los efectos del DNU de las telecomunicaciones

Por estos días, las compañías están definiendo sus presupuestos de cara a 2021. La incertidumbre que generó el DNU y su reglamentación –que parece venir lenta- también genera dudas a la hora de ponerle una cifra a lo que se necesitará en 2021 para mantenimiento y nuevos despliegues de redes y servicios.

"Claramente iremos a un retraso en el desarrollo de una de las industrias que más ha crecido, que más valor ha aportado en los últimos tiempos y que requiere mucha más inversión para para poder seguir alentando el desarrollo del país", amplió Nóbile.

Y fue más allá todavía cuando subrayó que "resulta muy evidente que el Gobierno, con este cambio de reglas va a poner un freno, si no cambia, a la industria TIC en momentos en que el mundo avanza hacia el desarrollo de la iniciativa privada. Una regulación en estos términos no tiene nada que ver con lo que el ecosistema necesita".

Como la política es el arte de la negociación, o al menos debería serlo si se propone como el arte de lo posible, antes de finalizar su exposición "bajó un cambio", en buen criollo. Se pronunció a favor de un "diálogo abierto y franco entre el gobierno en su rol de regulador y el sector privado" pues señaló que es "imprescindible para establecer un marco regulatorio ágil, moderno y simple que permita e incentive el desarrollo privado, y sostenga a la industria de la información como hemos demostrado hasta ahora", finalizó.