El sector del software y los servicios informáticos y la industria tecnológica argentina en general se ven afectadas por una combinación de causas relacionadas a la salud y la economía y que ralentizan su crecimiento.

Por un lado, la pandemia del coronavirus y las medidas de confinamiento social. Por el otro, las restricciones cambiarias y otras resoluciones oficiales que impactan en su actividad cotidiana.

En la siguiente entrevista de iProfesional, Marcos Blanco, líder del área de tecnologías de la información y privacidad (TIP) del estudio Martinez de Hoz & Rueda (MHR), analiza las consecuencias de este "combo" en el sector tecnológico.

-¿Qué va a pasar en el mercado de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la Argentina después del cepo recargado?

-Las restricciones cambiarias tienen repercusiones directas en casi todo el mercado de las TIC, tanto debido al impacto que tienen en el producido de las exportaciones, como en la estructura de costos, incluyendo la dificultad que genera a la hora planificar la necesaria actualización de infraestructura tecnológica en empresas del sector. Ambos efectos tienen como consecuencia inmediata la reducción de planes de inversión, lo cual repercute necesariamente en la calidad de los servicios.

Frente a estas adversidades, y apalancados por la falta de restricciones físicas, que facilitan la movilidad con respecto a otras industrias, es probable que muchas empresas TIC locales busquen reestablecerse y continuar sus operaciones desde algún país vecino.

Por otro lado, la brecha cambiaria, la dificultad para repatriar utilidades, y la inconveniencia de centralizar en la Argentina actividades de alcance regional, sirven como un desincentivo tanto a la inversión por parte de empresas extranjeras que ya se encuentran en la Argentina, como a la radicación de nuevas empresas TIC en el país.

Y finalmente, la facilidad para el trabajo remoto, y la consecuente falta de barreras geográficas, dificulta a las empresas locales mantener talentos, dado que los profesionales técnicos encuentran mejores remuneraciones (muchas veces en dólares) en empresas extranjeras o incluso en el exterior.

Resulta fundamental volver a un consenso entre las principales fuerzas políticas destinado a consagrar como política de Estado el fomento de inversiones en el desarrollo de las TIC orientado a la exportación de bienes y servicios nacionales, como se logró en su momento con la Ley de Software.

Dicho consenso debe plasmarse nuevamente en un marco jurídico especial orientado a la exportación que garantice en forma efectiva la estabilidad cambiaria, impositiva y regulatoria en el largo plazo, a fin de facilitar la competitividad global de las TIC locales y fomentando la instalación en el país de TICs globales orientadas a prestar servicios regionales.

La Ley de Economía del Conocimiento no satisface por completo las demandas del sector tecnológico.

Cara y ceca de la Ley de Economía del Conocimiento

-¿Cuál es la variable que más le preocupa al mercado de las TIC en la Argentina en este momento?

-Los anuncios realizados por el Gobierno en los últimos meses no han resultado muy propicios al desarrollo del sector TIC. En tal sentido, desafortunadamente, existe hoy en la Argentina un amplio abanico de variables que afectan al sector, y en las cuales se tiene puesta la mira con creciente preocupación.

En tal sentido, parte importante del sector se ha visto impactada por la declaración de los servicios TIC como públicos y esenciales. Esta decisión, que de facto convierte los precios de dichos servicios en tarifas, introduce un elemento de inseguridad jurídica en el horizonte inmediato, que puede resultar muy dañino para un sector que requiere cada vez más inversión en infraestructura para mantenerse a tono con los tiempos, sobre todo considerando el histórico atraso tarifario comprobado en otros sectores que dependen de una decisión política para su actualización.

Otro trago agridulce para el sector ha sido la nueva modificación a la Ley de Economía del Conocimiento. La misma fue bienvenida en tanto era necesario definir un marco normativo para brindar certeza a las empresas del sector en cuanto a los beneficios a los que pueden acceder, particularmente a partir del vencimiento de la Ley de Software el año pasado.

Sin embargo, ha dejado muchas deudas pendientes, que pervierten innecesariamente la certidumbre que la misma Ley viene a traer. La principal oportunidad perdida posiblemente sea la eliminación de toda pretensión de otorgar estabilidad fiscal al sector, apartándose de una política consagrada por la Ley de Software, que fue crucial en el desarrollo de dicha industria en el ámbito local en los últimos 15 años.

A estos inconvenientes se suma, finalmente, la variable dólar, que profundiza la incertidumbre del sector al implicar un aumento en la estructura de costos, particularmente para aquellas empresas cuyo negocio depende de la contratación de servicios en el exterior, de la importación de bienes, o de la inversión constante en infraestructura, cuyo mercado sea estricta o mayoritariamente local – y, por ende, sus ingresos sean en pesos.

La brecha cambiaria complica la retención de talento en el sector del software.

-¿Cuál fue el efecto más inmediato que generó el nuevo cambio sobre el dólar en las TIC en la Argentina?

-Para gran parte del sector la devaluación implica un aumento directo en sus costos, en proporciones difíciles de trasladar a sus productos y servicios. Ello resulta más evidente en aquellas empresas que se ven alcanzadas por el congelamiento de precios mencionado, pero incluye, asimismo, a empresas que dependen de un consumo intensivo de software (como el servicio de nube), y aquellas que importan hardware como parte de su negocio.

A su vez, la reducción del retorno en la inversión afectará la calidad de los servicios, porque al no poder trasladar sus costos a precios, las empresas se verán obligadas a reducir dichos costos, lo cual implica menor inversión, y la contratación de servicios e importación de productos más limitados o de menor calidad. Las empresas exportadoras, por su parte, se ven afectadas por una baja de competitividad, debido a los valores a los que deben liquidar el producido de sus exportaciones.

-¿Cómo afectarán estos cambios a la llegada de nuevas tecnologías de la información y la comunicación a la Argentina?

-En el corto plazo, si bien muchos proyectos de inversión en bienes de capital e infraestructura se encontraban detenidos producto de otras variables (como la cuarentena y la negociación de la deuda), las medidas cambiarias han profundizado la paralización de este tipo de inversiones, incluyendo muchas que seguían en curso.

Los resultados de dicha paralización, y de la falta de inversión en lo que sigue, de mantenerse las restricciones, los notaremos con mayor intensidad en el mediano y largo plazo. Las nuevas tecnologías que lleguen al país, por su parte, serán inaccesibles para el usuario final.

-Con estas medidas, ¿se profundizará el atraso tecnológico del usuario argentino promedio de las TIC?

-Este tipo de medidas tiene un impacto negativo en el consumidor final, dado que encarecen el acceso a nuevas tecnologías. En ese sentido, es probable que no sólo profundicen el atraso actual, sino que además provoquen un retroceso, dado que con el tiempo muchos usuarios no podrán acceder a los nuevos dispositivos o medios necesarios para aprovechar los desarrollos de las TIC.

-¿Cómo impactarán estas medidas en la actividad de su organización? ¿Qué cambios deberán hacer en sus planes?

-Como estudio jurídico dedicado al asesoramiento integral a empresas pertenecientes prácticamente a todas las industrias, incluyendo el sector TIC, hemos visto un cambio cualitativo sustancial con respecto al tipo de servicios requeridos por nuestros clientes.

En particular, este tipo de regulaciones, como toda regulación que supone una mayor intervención del Estado en la actividad privada, provoca una clara transición del asesoramiento en cuestiones comerciales (contratos, desarrollo y financiamiento de proyectos, etc.) hacia un asesoramiento más focalizado en los cambios regulatorios, ayudando a nuestros clientes a comprender, transitar y sobre todo mantenerse al día con el entramado legal.

-¿Cómo venía hasta ahora este año para su estudio, en el contexto de la pandemia del coronavirus?

-Siendo un estudio joven, desde el inicio pusimos énfasis en la modernización de la estructura informática que aún hoy caracteriza a los estudios tradicionales. Uno de los pilares prácticos de esa decisión fue proveer a todos los abogados del estudio con herramientas digitales que les permitan trabajar desde cualquier lugar de la misma manera que en el estudio, reemplazando los servidores físicos por un servicio de nube, y fomentando la utilización de herramientas de colaboración y comunicación remota.

Esta decisión resultó ser un inesperado acierto para enfrentar la pandemia, a punto tal que en estudio decidimos adoptar la modalidad de trabajo 100% remota aún antes de que el Gobierno decretara el inicio de la cuarentena.

La infraestructura digital nos permitió continuar asesorando a nuestros clientes sin necesidad de adaptarnos a nuevas modalidades de trabajo, sin retrasos y sin exponer a nuestros abogados.

A la vez por la amplia variedad de industrias en las que el estudio presta asesoramiento, si bien hubo un importante cambio cualitativo en el tipo de trabajo, no hubo una baja sustancial en cuanto a la cantidad, lo cual nos permitió seguir activos.