Arancel cero a celulares importados: ¿bajarán realmente los precios en Argentina?
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Desde el 15 de enero de 2026, el mercado argentino de telefonía móvil experimentó un cambio estructural significativo: los celulares importados dejaron de estar gravados con el arancel de importación.
Esta medida, plasmada en el Decreto 333/2025, fue presentada por el Gobierno nacional como un paso indispensable para vigorizar la competencia interna y, consecuentemente, reducir el costo de acceso a la tecnología para los consumidores.
No obstante, a pesar de la eliminación de este tributo específico, una realidad ineludible se mantiene: los celulares continúan siendo más costosos en la Argentina que en mercados de la región, como Chile o Brasil, y la diferencia se amplifica al compararlos con referencias globales como Estados Unidos.
El Decreto 333/2025 articuló un plan escalonado para la disminución del Derecho de Importación Extrazona (DIE) aplicable a diversos dispositivos tecnológicos. Inicialmente, el arancel se redujo del 16% al 8% en mayo de 2025, para culminar con su supresión total a principios de 2026.
Esta política se enmarca dentro de una estrategia oficial de mayor apertura comercial, cuyo objetivo central es alinear los precios domésticos de la tecnología con los valores que rigen en el circuito internacional.
Sin embargo, es crucial comprender que esta baja arancelaria, aunque importante, no implica una desgravación total. Persisten otros tributos de peso en la determinación del precio final al público.
Los celulares que ingresan al país por la vía de la importación deben seguir abonando el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y están sujetos a un 9,5% en concepto de Impuestos Internos. Esta situación contrasta con la de los equipos ensamblados en el polo industrial de Tierra del Fuego, que gozan de una exención de ese Impuesto Interno, lo que configura un escenario de competitividad intrínsecamente desigual.
La expectativa de una reducción inmediata y contundente en los puntos de venta genera un debate sobre la efectividad del traslado de este beneficio. Existen dudas sobre si la ventaja fiscal se traducirá efectivamente en un alivio para el bolsillo del consumidor o si, por el contrario, será absorbida por otras variables que componen la cadena de costos.
Factores como la existencia de inventarios adquiridos cuando el arancel anterior estaba vigente, los costos asociados a la logística de transporte y "handling", los márgenes de comercialización que aplican los minoristas y las estrategias de financiación que se ofrecen en las tiendas, son elementos que pueden atenuar, o incluso neutralizar, el impacto buscado con la baja arancelaria.
Expectativas gubernamentales versus la complejidad del mercado
Desde el Gobierno nacional se muestran optimista, asegurando que la eliminación del arancel "permitirá que los consumidores accedan a bienes tecnológicos a menor costo y con mayor disponibilidad de modelos". Incluso desde el Poder Ejecutivo se aventuran a estimar que el precio al público de los dispositivos podría experimentar un retroceso de hasta un 30% en las semanas posteriores a la implementación.
No obstante, el traslado completo e instantáneo de la baja arancelaria al precio final es un escenario altamente improbable. La propia dinámica del mercado introduce fricciones. Antes de la entrada en vigor del Decreto 333/2025, ya se observaban movimientos preparatorios en el mercado.
Datos del INDEC, el organismo oficial de estadísticas, indicaron que durante el primer bimestre de 2025, las importaciones procedentes de China registraron un crecimiento interanual del 73,5%, totalizando 3.024 millones de dólares.
Dentro de ese volumen, los productos electrónicos, con celulares y computadoras a la cabeza, exhibieron un aumento vertiginoso del 152%, sumando 135 millones de dólares en el período. Este incremento en el flujo de ingreso de mercadería prefigura el contexto inmediato a la baja arancelaria total, sugiriendo una acumulación de stock con el impuesto anterior.
Además de los factores transitorios, el mercado argentino posee particularidades estructurales que complejizan la ecuación de precios. La volatilidad cambiaria es un componente de riesgo que los importadores y comercializadores internalizan en sus costos.
A esto se suman los altos costos asociados a la seguridad de la mercadería y su transporte interno, y una estructura de comercialización que debe equilibrar la operación del retail físico tradicional con las exigencias y costos de las plataformas de comercio electrónico.
La preocupación sectorial y los impuestos residuales
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) fue una de las primeras entidades en expresar su inquietud ante la medida. Marcos Linares, tesorero del gremio, manifestó que "esta política va en contra de la producción nacional y afecta a todos los sectores", aludiendo al potencial impacto negativo sobre la industria de ensamblaje localizada en Tierra del Fuego.
El principal temor radica en que la apertura comercial debilite a las plantas fueguinas, que dan empleo a miles de trabajadores. Si bien las empresas locales, como Newsan y Mirgor, mantienen un régimen de beneficios impositivos, pierden la protección clave que ofrecía el arancel de importación. El futuro y la posible revisión de ese régimen promocional se erigen como uno de los grandes interrogantes que esta nueva política comercial ha abierto.
Más allá del debate industrial, la atención se centra en la composición final de los precios. Aunque el arancel externo desapareció, la carga impositiva interna se mantiene. El IVA y el 9,5% de Impuestos Internos siguen vigentes para el producto importado.
En este contexto, Ana Vainman, vocera de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), se refirió a la complejidad del traslado de las variaciones fiscales. Según su perspectiva, "la baja de impuestos internos no se traducirá de inmediato en precios más bajos, ya que el impuesto se paga por adelantado y el stock actual en el mercado ya lo ha absorbido".
Esta advertencia subraya que los efectos fiscales no se reflejan automáticamente en las listas de precios, y el beneficio real para el consumidor estará supeditado a cómo la cadena comercial administre sus existencias y sus márgenes de ganancia.
En términos estrictamente fiscales, la supresión del arancel podría traducirse en una merma de entre el 3% y el 5% en el precio final de venta. El Gobierno nacional deposita su esperanza en que la mayor competencia inducida por la importación masiva fuerce rebajas de precios más significativas. No obstante, la realidad demuestra que los precios en la Argentina continúan manteniendo una distancia considerable respecto a los internacionales.
La brecha de precios
Para dimensionar la persistente carestía de la tecnología en la Argentina, incluso después de la eliminación del arancel, es ilustrativo comparar los precios de referencia de modelos de alta gama en diferentes mercados clave.
Tomemos como ejemplo un celular famoso de alta gama, el iPhone 17 Pro Max en su versión de 256 GB. En el mercado argentino, su precio supera los $2.879.999, una cifra que, al tipo de cambio oficial, se traduce aproximadamente en 1.946 dólares. Al contrastar esto con otros países, la disparidad es notoria. El mismo modelo puede conseguirse en los Estados Unidos por cerca de 1.199 dólares, representando una diferencia de más de 700 dólares. En Chile, un mercado regional, el mismo dispositivo tiene un precio de aproximadamente 1.538 dólares.
Un panorama similar se observa con otros buques insignia. El Samsung Galaxy S25 Ultra, también de 256 GB, se vende en Argentina por encima de los 2 millones de pesos, equivalente a unos 1.520 dólares. Este valor sigue siendo superior al de referencia en Chile, donde el mismo modelo tiene un precio de alrededor de US$ 1.350. La diferencia, si bien menor en este caso que con Apple, ilustra cómo la Argentina retiene un sobreprecio que excede la mera eliminación del arancel.
El futuro del precio en la gama media y los costos logísticos
La pregunta crucial para el grueso del mercado se centra en si esta medida impactará en los celulares de las gamas media y económica. Marcas como Xiaomi, Motorola o la propia Samsung ya ofrecían precios relativamente competitivos antes del cambio normativo. La eliminación del arancel podría acentuar esta tendencia, aunque su efecto se manifestará de forma heterogénea según la marca y el canal de distribución.
En el segmento del comercio electrónico, ya se perciben indicios de precios más accesibles para algunos dispositivos de gama media. La expectativa es que un mayor stock de mercadería importada consolide esta tendencia. Sin embargo, cualquier baja de precio dependerá, en última instancia, de la estrategia comercial adoptada por cada fabricante y distribuidor.
Un factor que persiste como determinante, a pesar del arancel cero, son los costos logísticos estructurales. Los gastos de transporte internacional y doméstico, los seguros, el almacenamiento en depósitos y los costos portuarios continúan encareciendo el producto final. La Cámara de Importadores (CIRA) fue enfática en señalar que estas barreras estructurales explican por qué a la Argentina le resulta tan difícil equiparar sus precios a los internacionales.
En paralelo, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) destacó, en sus informes recientes, que el consumidor local se volvió extremadamente sensible a las diferencias de precios, buscando activamente alternativas en plataformas en línea. Esta conducta ejerce una presión constante sobre los retailers para que ajusten sus estructuras de precios y sean más competitivos.
La eliminación del arancel a los celulares importados constituye un hecho innegable en la política comercial del Gobierno nacional, con la capacidad de mejorar la oferta de modelos y potenciar la competencia entre marcas.
Sin embargo, por sí misma, la medida resulta insuficiente para cerrar la brecha de precios que separa a Argentina de sus vecinos y del contexto global. Para el consumidor final, el impacto tangible estará condicionado por múltiples factores: la velocidad con que los puntos de venta actualicen sus precios, la decisión de los canales comerciales de trasladar o absorber la reducción de costos, y la carga persistente de los impuestos internos y los onerosos costos logísticos.