Contrabando de celulares: 1 de cada 3 teléfonos móviles entra de manera ilegal a la Argentina
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El contrabando de celulares en la Argentina dejó de ser un fenómeno marginal para consolidarse como un problema estructural en el mercado tecnológico, con consecuencias directas sobre la industria formal, la recaudación fiscal y la seguridad del consumidor.
De acuerdo con datos sectoriales, aproximadamente un tercio de los dispositivos activados provienen de circuitos informales, superando los 55.000 equipos ilegales por semana y alcanzando más de 3 millones de unidades anuales en un mercado total estimado en 9 millones de dispositivos.
Las cifras, difundidas por la asociación de ensambladores fueguinos (AFARTE) y recopiladas por consultoras especializadas, evidencian una intensificación del fenómeno entre 2024 y 2025, pese a la reducción progresiva de aranceles para la importación de celulares. El descenso impositivo no logró redirigir la demanda hacia los canales formales ni disminuir el volumen del mercado ilegal.
La procedencia mayoritaria de estos equipos es China, con escalas comerciales en Paraguay —especialmente en Ciudad del Este y Encarnación— antes de su ingreso a territorio argentino a través de pasos fronterizos como Posadas o Clorinda, desde donde se distribuyen a grandes centros urbanos a través de rutas nacionales.
El contrabando de celulares se manifiesta bajo diversas modalidades:
- En operaciones masivas, las cargas ocultas son transportadas en camiones, colectivos o contenedores que sortean los controles aduaneros y luego se comercializan en redes informales.
- En modalidad "hormiga", personas introducen pequeñas cantidades para abastecer ferias, ventas domiciliarias o circuitos no registrados.
Las fuerzas federales de seguridad detectaron en múltiples operativos vehículos acondicionados, compartimentos ocultos y paneles falsos destinados al traslado de mercadería ilegal. No obstante, el volumen estimado sugiere una elevada capacidad de adaptación logística de las organizaciones dedicadas al contrabando, asegurando así un flujo sostenido de dispositivos hacia el mercado interno.
Impacto del contrabando de celulares en la industria nacional
La dimensión del mercado ilegal de celulares resulta elocuente al compararla con la importación formal. Según la consultora Tesys para AFARTE, durante el primer cuatrimestre de 2025 —con un arancel del 16%— se importaron legalmente unas 185.538 unidades, cifra que disminuyó tras la reducción del arancel al 8%.
En 2025, las importaciones formales representaron apenas el 5% del mercado, bajando del 6% obtenido en 2024. Las reducciones arancelarias no lograron incentivar el crecimiento de la oferta legal frente a la persistencia del circuito informal, que continúa concentrando una parte sustancial de las activaciones.
Desde AFARTE, su directora ejecutiva, Ana Vainman, señaló que la reducción de aranceles —del 16% al 8% en mayo de 2025 y al 0% desde enero de 2026— planteó un reto adicional para las empresas, las cuales debieron implementar mejoras en productividad, logística y eficiencia.
Entre las acciones adoptadas destacan la optimización de procesos productivos conforme a estándares internacionales y avances logísticos significativos, como la habilitación de bitrenes para reducir costos de transporte.
Estas mejoras deberían reflejarse en una baja en el costo final de los celulares; sin embargo, la competencia desleal del contrabando continúa siendo el principal obstáculo para la industria local.
El impacto del contrabando se traduce en perjuicios directos sobre la producción formal, la recaudación fiscal y el empleo. Datos de la Unión Industrial Argentina (UIA) confirmaron que uno de cada tres celulares activados tiene origen informal, proporción que se mantiene inmutable incluso tras la eliminación de aranceles para la importación.
El problema fue expuesto públicamente por Martín Rappallini, presidente de la UIA, quien denunció que la Aduana permite el ingreso de aproximadamente 55.000 teléfonos ilegales por semana, principalmente provenientes de China y con tránsito previo por Paraguay y Chile. Extrapoladas, estas cifras equivalen a más de 3 millones de dispositivos por año en un mercado total de 9,4 millones de celulares comercializados.
Canales digitales: principales vías del comercio ilegal
El auge del comercio ilegal de celulares está directamente relacionado con la proliferación de plataformas digitales, redes sociales y plazas de negocios virtuales, que se transformaron en los principales canales de venta.
Publicaciones que promocionan "equipos liberados", "sin impuestos" o "a precio de frontera" permiten que miles de dispositivos sin homologación ni aval aduanero lleguen al consumidor final.
En muchos casos, quienes adquieren estos productos desconocen su origen ilícito, ya que las operaciones cuentan con sistemas de pago y entregas a domicilio similares a los del canal formal, minimizando la percepción de riesgo.
La falta de mecanismos efectivos de verificación y la ausencia de responsabilidades claras para las plataformas facilitan la circulación de mercancía ilegal, que compite deslealmente en precio y afecta la sustentabilidad del sector formal.
La adquisición de celulares proveniente del contrabando implica riesgos concretos para el usuario, como la ausencia de garantía oficial, la posible incompatibilidad con redes locales y dificultades para el registro de IMEI (una especie de DNI global de cada celular), lo que obstaculiza el bloqueo en caso de robo o extravío.
Se suman riesgos eléctricos por cargadores y accesorios no certificados, y la imposibilidad de efectuar reclamos ante fabricantes u operadores. Esto puede traducirse en costos adicionales para el usuario y contribuye indirectamente a la expansión del mercado ilegal.
Contrabando de celulares: desafíos en la fiscalización y control
Si bien se reforzaron los controles aduaneros en zonas estratégicas, los niveles de decomiso no reflejan una disminución significativa del mercado ilegal, lo que motiva reclamos desde el ámbito industrial y empresarial por políticas más integrales.
Entre las iniciativas propuestas destaca el fortalecimiento del bloqueo por IMEI, endurecimiento de sanciones penales y económicas para las organizaciones criminales y una mayor digitalización de la fiscalización.
Entre abril y septiembre de 2025, la UIA coordinó junto a las fuerzas federales 26 allanamientos en Buenos Aires y sus alrededores, logrando incautar 750 celulares, 230 relojes inteligentes y 330 cargadores.
Tanto UIA como AFARTE reclamaron incrementar la fiscalización digital, robustecer los controles fronterizos y aumentar las penas para quienes organizan el contrabando, con el propósito de resguardar la producción nacional y restablecer la competencia en el mercado formal.