La provincia de Argentina donde casi el 100% de sus habitantes tiene acceso a la red 4G

La meta de la conectividad universal trascendió las fronteras de una aspiración regulatoria para instalarse como uno de los desafíos de negocio más complejos y urgentes que afrontan las telecomunicaciones. En un mercado ya maduro, donde los ingresos promedio por usuario enfrentan una presión constante, las exigencias de inversión en redes no cesan y los usuarios demandan cada vez más capacidad, la pregunta fundamental que se plantean las operadoras dejó de ser solo dónde hace falta cobertura.

Hoy, la cuestión central es cómo se puede implementar un modelo económico que permita llevar servicios de calidad a las zonas de baja densidad poblacional sin incurrir en una duplicación insostenible de infraestructura que, en última instancia, haga inviable la inversión privada.

Este problema adquirió una dimensión concreta gracias a la experiencia que Claro puso sobre la mesa a partir de su labor en la provincia de La Pampa. En asociación con la Empresa Pampeana de Telecomunicaciones, la compañía móvil diseñó un esquema innovador de infraestructura compartida. El objetivo primordial de este acuerdo fue extender la cobertura de telefonía móvil de cuarta generación (4G) hacia localidades y parajes que, por su escasa escala comercial, se consideran de alto costo y bajo retorno en el despliegue tradicional. 

En La Pampa en breve alcanzarán el 100% de acceso al 4G

Según los datos presentados por la empresa, la provincia ya no registra centros urbanos con más de 500 habitantes sin acceso a 4G. Solo restan seis parajes de menor tamaño para alcanzar la meta del cien por ciento del territorio provincial antes de finalizar el año.

El éxito de este modelo permitió cubrir al 99,1% de la población pampeana. En el plano de negocios, esta experiencia se postula como un caso testigo de relevancia nacional que podría ser replicado. Esto es importante en un contexto donde otras grandes operadoras, como Telecom y Movistar, cuya fusión aguarda una definición gubernamental desde hace más de un año, enfrentan desafíos similares para cumplir sus propios compromisos de conectividad sin necesidad de duplicar instalaciones ni comprometer su ecuación financiera.

El despliegue llevado a cabo por Claro combina tres pilares que, históricamente, suelen debatirse por separado al hablar de la reducción de la brecha digital:

• La disponibilidad de infraestructura pública ya existente.
• La inyección de capital privado en equipamiento activo de última generación.
• Una explotación eficiente y coordinada del espectro radioeléctrico.

La Pampa como plataforma mayorista y polo de inversión

La Empresa Pampeana de Telecomunicaciones (Empatel) opera como una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, establecida por la propia provincia de La Pampa. Su función no es ingresar en la competencia minorista por el cliente final, sino actuar como una plataforma mayorista de conectividad.

Para ello, Empatel administra una red que supera los 2 mil kilómetros de fibra óptica y radioenlaces, una infraestructura heredada en parte de la desarrollada originalmente por Aguas del Colorado. Esta red funciona como el soporte fundamental para todos los proyectos de conectividad que se planifican dentro del territorio pampeano.

El esquema de colaboración con Claro establece una división de responsabilidades entre los socios. Por un lado, Empatel aporta lo que se denomina infraestructura pasiva y el servicio de transporte: esto incluye la fibra óptica, las torres, los ductos, las canalizaciones, los terrenos necesarios y los puntos de apoyo físico. Claro, por su parte, concentra su inversión en los equipos activos de transmisión, despliega la tecnología móvil necesaria y emplea su propio espectro radioeléctrico para ofrecer el servicio final a los usuarios.

La principal motivación de esta lógica radica en la posibilidad de reducir sustancialmente el costo inicial de capital (Capex) y, a la vez, disminuir los gastos operativos (Opex) que se asocian a la llegada a sitios donde la demanda potencial es inherentemente limitada.

Diego Santos, director de asuntos regulatorios e institucionales de Claro Argentina, Uruguay y Paraguay, explicó cómo este diseño permitió superar una barrera que resulta clásica en el negocio de la telefonía móvil: el despliegue en áreas geográficas que si bien presentan una necesidad social de conectividad, carecen de la masa crítica de clientes indispensable para lograr amortizar una red completa que sea construida desde cero por un único operador.

Santos afirmó que "este modelo asociativo demuestra que la eficiencia financiera y la equidad social no son objetivos excluyentes. Al reducir el Capex y el Opex mediante infraestructura compartida, transformamos zonas inviables en proyectos sustentables, conectando de ese modo al 99,1% de la población pampeana".

Para poner esta apuesta en perspectiva, Claro había anunciado en 2022 una inversión que ascendía a los 4,9 millones de dólares (equivalentes a 510 millones de pesos al tipo de cambio de aquel momento) con el fin de expandir su cobertura en La Pampa. Si bien el monto sirve como un indicador de la magnitud de la apuesta de la operadora en la provincia, no se especificó si la totalidad de esos fondos estuvo destinada en exclusiva al proyecto conjunto con Empatel.

Este anuncio se inscribió dentro de una estrategia más amplia de despliegue de infraestructura, la cual se complementó posteriormente con el acuerdo de red compartida firmado con Empatel para llevar 4G a pequeñas comunidades y a las rutas, con el firme compromiso de alcanzar la totalidad de las localidades pampeanas antes de finales del año 2027.

Un nuevo enfoque económico y los retos del sector de telecomunicaciones

La implementación de este esquema en La Pampa fue objeto de análisis durante el panel "¿La universalización es una utopía o una realidad posible?", realizado en el marco del Internet Day 2026 organizado en Buenos Aires por la Cámara Argentina de Internet (Cabase). El caso pampeano fue presentado como un ejemplo para debatir los modelos de infraestructura que pueden prosperar en Argentina. En el panel participaron Santos; María Verónica Alderete, investigadora de la Universidad Nacional del Sur y el Conicet; y Sebastián Schönfeld, de la Internet Society.

Para Claro, la experiencia de La Pampa representa un quiebre en el tradicional enfoque económico que dominó el despliegue de redes. La relevancia de este caso radica en que emerge en un momento en que la industria de las telecomunicaciones enfrenta una convergencia de desafíos:

• Desafíos tecnológicos: La migración progresiva de las redes de cobre hacia la fibra óptica, la imperiosa necesidad de expandir la cobertura 4G en las zonas que aún permanecen rezagadas, y el arribo del 5G, obligan a realizar inversiones sustancialmente mayores en el desarrollo y modernización de las redes.
• Presiones económicas: Los ingresos promedio por usuario (ARPU) no siempre logran acompañar la creciente y constante necesidad de capital que demandan estos despliegues tecnológicos.
• Brecha geográfica residual: Las últimas zonas que quedan por conectar son, por definición, aquellas que presentan la menor densidad de clientes potenciales y, a su vez, imponen el mayor costo logístico y operativo para llegar a ellas.

En este contexto complejo, el modelo de infraestructura compartida gana tracción, y se consolida como una alternativa intermedia entre dos extremos definidos. Por un lado, se encuentra el modelo de subsidio puro, que requiere y depende directamente de fondos públicos. Por el otro, el despliegue privado tradicional, que solo avanza en aquellos lugares donde la rentabilidad esperada resulta suficiente para justificar la inversión.

El acuerdo Claro-Empatel exhibe una tercera vía: la utilización de redes mayoristas de carácter provincial o público como una base de soporte. Esto permite que operadores privados de servicios minoristas puedan brindar sus prestaciones sin verse obligados a duplicar la totalidad de la inversión en infraestructura pasiva.

El rol de la regulación y los tres planos de la brecha

El éxito de la fórmula pampeana tiene, además, implicaciones en el ámbito regulatorio. Para que este tipo de acuerdos público-privados se convierta en una política escalable a nivel nacional, es indispensable contar con un marco de reglas claras y previsibles.

Estas reglas deben abordar aspectos clave como el acceso a la infraestructura, el uso compartido de torres y emplazamientos, los permisos municipales, los derechos de paso, la gestión del espectro radioeléctrico y el establecimiento de condiciones comerciales justas entre los prestadores mayoristas como Empatel, y los operadores minoristas como Claro.

En este esquema colaborativo, la brecha digital no se resuelve simplemente mediante la instalación de más antenas, sino a través de la formalización de contratos sólidos, la simplificación de las autorizaciones administrativas y una coordinación público-privada que sea efectiva y ágil.

Más allá de la cuestión de la cobertura, Alderete introdujo una advertencia en el debate, al recordar que la brecha digital no se reduce únicamente al problema del acceso. La investigadora detalló que el fenómeno tiene al menos tres niveles interconectados:

• Acceso: Depende directamente de la infraestructura disponible.
• Uso: Se relaciona con las habilidades y capacidades digitales de las personas.
• Apropiación: Es el nivel superior, que implica que individuos, empresas y comunidades logren transformar la conectividad en herramientas para impulsar la productividad, la educación, el empleo, el comercio electrónico o el acceso a servicios públicos digitales.

Alderete también estableció un vínculo directo entre la discusión de la brecha territorial y el avance de la inteligencia artificial (IA). Según su análisis, la IA tiene el potencial de profundizar la disparidad entre regiones si su implementación se concentra exclusivamente en aquellos mercados que ya disfrutan de una mejor conectividad, una mayor disponibilidad de datos, centros de cómputo cercanos y un capital humano debidamente preparado.

Desde esta perspectiva, lograr cerrar la brecha territorial de conectividad se convierte en una condición sine qua non para evitar que la digitalización y el progreso tecnológico concentren, todavía más, las oportunidades de desarrollo en los grandes centros urbanos del país.

Schönfeld defendió la necesidad de promover la convivencia y complementariedad de diversos modelos de red. Esto incluye a las redes comerciales de los grandes operadores, las cooperativas, los proveedores locales (ISP) y las redes comunitarias, especialmente en aquellas áreas donde los modelos de negocio tradicionales no logran alcanzar una escala sostenible. Su planteo refuerza una realidad evidente en el mercado argentino: no existe una única tecnología ni un solo actor que sea capaz de cerrar la brecha por su cuenta.

La solución requerirá, en distintos contextos, una combinación híbrida. En ciertos lugares la fibra óptica será la respuesta definitiva; en otros, la expansión de 4G o la llegada de 5G; y en otras zonas, serán los enlaces inalámbricos, las herramientas satelitales o las redes comunitarias las que brinden el servicio. Lo que resulta trascendental es que el modelo de inversión adoptado sea sostenible en el tiempo y que el marco regulatorio no se convierta en un obstáculo que bloquee las soluciones viables.

El futuro de la conectividad argentina

El caso de La Pampa se perfila como un antecedente para otras provincias argentinas que poseen redes troncales propias, que crearon empresas estatales de telecomunicaciones o que tienen infraestructura pública subutilizada. Es un modelo de gestión observado por municipios, cooperativas y pequeñas y medianas empresas ISP que buscan la forma de ampliar su cobertura sin tener que cargar en solitario con la totalidad del costo de capital requerido.

Para los grandes operadores del sector, el principal incentivo reside en la posibilidad de reducir el costo de entrada a las zonas geográficamente marginales. Para las provincias, el atractivo es la oportunidad de transformar infraestructura que ya es pública en una plataforma productiva dinámica.

Para los usuarios finales, el beneficio se traduce en el acceso a servicios que el mercado, por su propia inercia y dinámica, demoraría mucho más tiempo en ofrecer. Y para el ente regulador, este tipo de acuerdos ofrece una herramienta de política pública que puede complementar de forma efectiva los mecanismos de subsidios, las obligaciones de cobertura y la creación de fondos específicos.

No obstante, la experiencia de Claro-Empatel también expone otro de los problemas estructurales que aquejan al sector telco en el país: la elevada presión impositiva y regulatoria que recae sobre los prestadores. Desde Cabase advirtieron que las tasas municipales, la aplicación de ingresos brutos y otros tributos impactan de manera directa sobre la capacidad de inversión de grandes operadores, pymes y cooperativas.

Este impacto se siente con una especial intensidad en las zonas de baja densidad poblacional, ya que cada punto de costo adicional debe repartirse entre una base de clientes potenciales mucho más reducida.

En este escenario de desafíos económicos, tecnológicos y regulatorios, la alianza Claro-Empatel sirve como un caso testigo. Su enseñanza es que conectar el "interior profundo" del país no exige solamente una mayor inyección de capital, sino una forma distinta de organizar y coordinar esa inversión.

Si la meta estratégica es alcanzar las zonas que hoy permanecen desatendidas, la discusión no se debe centrar en una elección binaria entre el Estado o el mercado. En lugar de eso, el debate debe evolucionar hacia la definición de qué parte del riesgo, de la infraestructura pasiva y del retorno económico asume y aporta cada uno de los actores involucrados.