El Gobierno lanzó un sistema de inteligencia artificial que genera dudas porque no se sabe cómo funciona ni qué datos recopila
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El Ministerio de Capital Humano anunció la creación del "Gemelo Digital Social", un sistema basado en inteligencia artificial que promete revolucionar las políticas públicas en Argentina. Pero el proyecto, presentado el 22 de mayo por la ministra Sandra Pettovello, desató más interrogantes que certezas.
El Gobierno lo define como una herramienta para anticipar escenarios y mejorar el diseño de programas estatales. Sin embargo, desde distintos sectores surgieron preguntas clave: ¿cómo funcionará la plataforma? ¿Qué datos utilizará? ¿Quién la desarrolla? ¿Existen garantías para proteger la privacidad de los ciudadanos?
La discusión se desarrolla en un contexto global donde los gobiernos incorporan análisis masivo de datos e inteligencia artificial para gestionar servicios públicos. Al mismo tiempo, crecen las preocupaciones sobre la transparencia de estos sistemas y los riesgos que pueden generar cuando toman decisiones que afectan derechos de las personas, especialmente en áreas sensibles como asistencia social, salud o seguridad, indica una nota de la periodista Karina Ocampo publicada en el sitio EconomiaSustentable.com.
Hasta ahora, el Ministerio de Capital Humano no brindó detalles técnicos sobre el proyecto. Esa falta de información alimentó especulaciones y motivó pedidos formales de informes en el Congreso.
Qué es un gemelo digital y por qué se usa en políticas sociales
La expresión "gemelo digital" proviene del ámbito tecnológico e industrial. Describe una representación virtual de un objeto, proceso o sistema real que se actualiza de manera permanente mediante el ingreso de información.
Tomás Pomar, presidente del Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA), explicó que no se trata simplemente de una base de datos. Es un modelo capaz de integrar información proveniente de múltiples fuentes para reflejar el comportamiento de aquello que representa, agrega la nota de EconomiaSustentable.com.
Cuando esta lógica se aplica a fenómenos sociales aparece el concepto de "gemelo digital social". Una herramienta diseñada para consolidar datos dispersos y construir una visión integrada de personas, organizaciones o dinámicas colectivas.
El avance tecnológico no radica únicamente en acumular información. Los Estados ya poseen grandes volúmenes de datos desde hace décadas. Lo novedoso es la posibilidad de vincular automáticamente esos registros, detectar patrones y realizar inferencias que anteriormente eran imposibles.
En este tipo de sistemas, el acceso a las bases de datos y las condiciones jurídicas para utilizarlas se convierten en aspectos centrales. Y ahí empiezan los problemas.
El pedido de informes en Diputados que no obtuvo respuestas
La falta de detalles técnicos motivó la presentación de un pedido de informes en la Cámara de Diputados. El legislador socialista Esteban Paulón impulsó el expediente 2380-D-2026 para solicitar información sobre el desarrollo del Gemelo Digital Social, remarca la nota de EconomiaSustentable.com.
Entre otros puntos, requirió copias de contratos, acuerdos o instrumentos suscriptos con proveedores tecnológicos. También pidió antecedentes de contratación y países de origen de las empresas involucradas.
Según indicó el diputado, hasta el momento no recibió respuestas oficiales sobre esos requerimientos. El silencio del Gobierno profundiza las sospechas.
El planteo se centra especialmente en la necesidad de conocer cómo se almacenarán y procesarán los datos, qué actores participarán en el proyecto y cuáles serán las garantías previstas para resguardar la información personal.
Las especulaciones sobre Palantir y por qué genera alarma
La ausencia de precisiones oficiales alimentó especulaciones dentro del sector tecnológico. Muchos apuntan a una posible vinculación con Palantir Technologies, una firma estadounidense especializada en análisis masivo de información.
La compañía desarrolla herramientas utilizadas por organismos gubernamentales, fuerzas de seguridad y agencias de inteligencia de distintos países. Su tecnología permite integrar grandes volúmenes de datos provenientes de múltiples fuentes y establecer relaciones entre ellos mediante algoritmos avanzados.
El nombre de Palantir suele aparecer asociado a discusiones sobre privacidad y vigilancia. Uno de los casos más citados es el trabajo realizado para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), organismo que utiliza sistemas de análisis de datos para identificación y seguimiento de personas sujetas a procesos migratorios.
Diversas organizaciones de derechos civiles cuestionaron el alcance de estas herramientas. Según informes difundidos por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), algunos sistemas utilizados por agencias gubernamentales pueden integrar registros provenientes de programas sociales, información financiera, domicilios y otras bases de datos estatales.
También se registraron debates en el Reino Unido respecto del uso de plataformas tecnológicas en el sistema de salud pública y la protección de datos médicos.
Sin embargo, especialistas consultados remarcan que actualmente no existe información pública que confirme una contratación de Palantir por parte del Estado argentino. Tomás Pomar subrayó que, hasta donde alcanza la documentación disponible, no hay elementos que permitan afirmar que esa empresa participe del proyecto.
Por esa razón, considera importante diferenciar los datos comprobados de las hipótesis que circulan en el debate público. Pero la falta de transparencia alimenta las dudas.
Qué dice la legislación argentina sobre protección de datos
La protección de los datos personales constituye uno de los aspectos centrales del debate. El abogado penalista Sergio Cej recordó que la Constitución Nacional contempla la acción de hábeas data, una herramienta que permite a cualquier ciudadano solicitar información sobre los datos que un organismo posee sobre su persona.
También permite conocer la finalidad de su tratamiento y exigir correcciones cuando corresponda. A su vez, la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales reconoce los derechos de acceso, rectificación y supresión de información almacenada por organismos públicos o privados.
Uno de los principios fundamentales de esa normativa es el denominado "principio de finalidad". Esto implica que los datos obtenidos para un propósito específico no pueden reutilizarse libremente para objetivos distintos sin una justificación legal compatible.
Precisamente allí aparece una de las principales dudas planteadas por especialistas. Si información entregada originalmente a organismos como ANSES o dependencias sanitarias fuera utilizada para alimentar modelos predictivos, podría abrirse una discusión jurídica sobre la compatibilidad entre ambos fines.
La pregunta es directa: ¿puede el Estado usar datos que los ciudadanos brindaron para cobrar un subsidio o atenderse en un hospital para otros fines sin avisarles?
El riesgo de las decisiones algorítmicas en políticas públicas
Otro de los interrogantes gira en torno al papel que podrían desempeñar los algoritmos en la asignación de beneficios o recursos públicos. Cej explicó que actualmente resulta difícil promover acciones judiciales porque todavía no existe información suficiente sobre el funcionamiento del sistema.
Sin embargo, señaló que la situación sería diferente si una persona viera afectado un derecho concreto a partir de una decisión automatizada. Ahí empezarían los problemas legales para el Gobierno.
La preocupación aparece especialmente en los llamados sistemas prescriptivos. Es decir, aquellos que no solo describen o predicen escenarios, sino que también recomiendan o determinan acciones.
En ese contexto surge una pregunta recurrente entre especialistas en derechos digitales: si una persona pierde un beneficio social debido a una evaluación algorítmica, ¿cómo podría impugnar esa decisión y conocer los criterios utilizados para adoptarla?
La transparencia de los modelos, la posibilidad de revisión humana y los mecanismos de apelación son aspectos considerados fundamentales. Sin ellos, el debido proceso desaparece.
Los pedidos de acceso a la información que tampoco fueron respondidos
La Fundación Vía Libre también solicitó información oficial sobre el proyecto. Entre los puntos planteados figura la existencia de posibles convenios para compartir datos entre organismos estatales y la eventual integración de información proveniente del sector privado.
La organización advirtió sobre escenarios de microsegmentación estatal basados en el cruce de datos provenientes de distintas fuentes. Como ejemplo, mencionó la posibilidad de utilizar información económica o patrimonial para revisar el acceso a subsidios o beneficios.
Además, señaló antecedentes internacionales relacionados con la soberanía de los datos. Y la necesidad de garantizar que la información sensible de los ciudadanos permanezca bajo marcos regulatorios compatibles con las leyes nacionales.
Hasta ahora, tampoco obtuvieron respuestas. El Ministerio de Capital Humano mantiene el silencio.
Tecnología, soberanía y el debate que viene
El debate sobre el Gemelo Digital Social también se conecta con una discusión más amplia acerca de la infraestructura tecnológica utilizada por los Estados. Para Pomar, la cuestión de fondo excede a una herramienta específica.
A su entender, el verdadero desafío consiste en determinar quién desarrolla estas tecnologías, bajo qué jurisdicciones operan, dónde se almacenan los datos y qué grado de autonomía conserva un país cuando depende de plataformas privadas para gestionar capacidades estratégicas.
En ese marco, sostiene que la soberanía informática podría convertirse en uno de los grandes debates institucionales de las próximas décadas. Especialmente cuando empresas extranjeras operan infraestructuras críticas de gobiernos soberanos.
Mientras continúan los pedidos de información y las consultas sobre el alcance del proyecto, el Gemelo Digital Social permanece rodeado de interrogantes. El Gobierno lo presenta como una herramienta de planificación basada en inteligencia artificial.
Pero especialistas y organizaciones civiles reclaman mayores precisiones sobre los datos que utilizará, las tecnologías involucradas y los mecanismos de control que garantizarán la protección de los derechos de los ciudadanos. Sin esas respuestas, las sospechas seguirán creciendo.