Ofensiva de Microsoft contra la piraterí­a del software

Microsoft anunció que en los últimos dí­as desmanteló en América latina 53 redes de piraterí­a de productos informáticos y se incautaron 190.000 discos, cajas y portadas falsificadas.

La compañí­a señaló que las operaciones policiales contra las redes de falsificación se llevaron a cabo en la Argentina, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay desde el 5 de diciembre.

Las falsificaciones incautadas en los últimos siete dí­as se suman a otras 96.000 copias ilegales que las autoridades de estos doce paí­ses latinoamericanos, en combinación con la firma, han requisado en seis meses de investigaciones contra la piraterí­a.

El gigante informático también dijo que se han incautado 500 piezas de equipo, como discos duros, computadoras y reproductores de CD, y que se han iniciado más de 12 acciones legales contra piratas informáticos.

Los productos de Microsoft más pirateados son Windows Vista, Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2003, Windows XP y Windows Server, así­ como juegos de Xbox.

La empresa también aseguró que presentará a nivel mundial 51 demandas judiciales y referirá 23 casos a autoridades locales contra vendedores que supuestamente colocaron copias falsificadas de productos Microsoft a través de Internet.

El sector informático estima en 40.000 millones de dólares las pérdidas anuales en todo el mundo que ocasiona la piraterí­a de software.

A pesar de su progreso en el último año, América latina es una de las regiones del mundo con un mayor í­ndice de piraterí­a informática, estimado en la actualidad en el 66 por ciento.

Juan Hardoy, director de Antipiraterí­a de Microsoft en la región, estima "que con 10 puntos menos de piraterí­a, el sector de podrí­a crecer de 25.000 millones a 41.000 millones de dólares en la región, creando nuevas oportunidades y empleo", informó la agencia Efe.

Según la organización Business Software Alliance (BSA), la piraterí­a en América latina supone unos 3.000 millones de dólares en pérdidas al año para el sector. Para Hardoy las últimas redadas que se han dado en estos 12 paí­ses latinoamericanos son un "hito" por la colaboración entre "la justicia, la policí­a y el sector privado".