En un principio se pensó que era otro caso más de delincuencia común. Pero las investigaciones policiales determinaron que éste podría ser el más grande hecho de corrupción ocurrido dentro de la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Todo comenzó la mañana del martes 27 de enero de 2009, cuando La Paz quedó estremecida por el asesinato del empresario Jorge O'Connor D'Arlach Taborga, ocurrido en el zaguán de la casa número 601, de tres pisos, sobre la avenida Tejada Sorzano.

La Policía informó, además, que al empresario le robaron en la escena del crimen u$s450 mil.

La casa pertenecía a Gonzalo Aramayo Doria Medina, cuñado político de Santos Ramírez Valverde, presidente, en aquel entonces, de la petrolera estatal YPFB.

Aramayo resultó ser primo de Giovana Navia Doria Medina, diputada suplente del MAS en la primera gestión de gobierno del presidente Evo Morales y ahora, ex esposa de Santos Ramírez, informó AmericaEconomia.com.

O'Connor era socio de Catler-Uniservice, empresa que firmó el 14 de julio de 2008 un contrato con YPFB para construir la Planta Separadora de Líquidos de Río Grande, en el departamento de Santa Cruz. El costo de la planta ascendía a US$86,35 millones.

La presencia de Javier Navia y Gonzalo Aramayo (parientes políticos de Santos Ramírez) en la escena del crimen hizo que la Policía sospechara de él.

La institución policial determinó que los u$s450 mil habrían ido a parar a la Fundación Khantati, cuyos socios eran precisamente Javier Navia y su primo Gonzalo Aramayo.

Esta firma declaró su domicilio legal en la avenida Tejada Sorzano, número 601; la misma casa donde murió el empresario Jorge O'Connor D'Arlach y donde le robaron el dinero.

Según indicó el portal, las investigaciones también revelaron que la sociedad Catler-Uniservice había sido creada tres días antes de la firma del contrato con YPFB, es decir, el 11 de julio de 2008. Catler es una empresa argentina y Uniservice, boliviana.

Por último, YPFB habría desembolsado fondos a nombre de Uniservice y no así a la sociedad accidental con la que se firmó el contrato aquel lunes 14 de julio de 2008.

El 30 de enero de 2009, Ramírez dio la cara, al negar cualquier responsabilidad suya sobre la investigación iniciada contra los parientes de Giovana Navia por la muerte de O'Connor.

En esa oportunidad explicó que la contratación de la sociedad accidental que debía construir la planta separadora era legal.

Al día siguiente, el presidente Evo Morales separó a Ramírez de YPFB. Además, instruyó la suspensión inmediata de otros 10 funcionarios de la petrolera estatal, entre ellos Mario y Juan Carlos Navia Doria Medina, hermanos de la esposa de Ramírez Valverde.

El presidente Morales informó aquella vez que el dinero robado a O'Connor pertenecía al Tesoro General de la Nación (TGN), informó AmericaEconomia.com.

Tres años después, el Tribunal Primero de Sentencia del Distrito Judicial de La Paz condenó a 12 años de cárcel a Ramírez, ex presidente YPFB, por la supuesta firma de contratos irregulares con la empresa Catler-Uniservice de una planta separadora de líquidos en Río Grande, en Santa Cruz.

A la fecha, de los u$s16,5 millones presuntamente entregados a Uniservice y Gulsby Process Systems, la Fiscalía recuperó u$s9 millones.

La ex esposa de Ramírez, Giovana Navia Doria Medina, fue sentenciada a cumplir nueve años de presidio por "contratos lesivos al Estado, en grado de complicidad, cohecho pasivo propio y asociación delictuosa", informó ABI.

También se confiscaron bienes inmuebles, vehículos y otros valores. "Alrededor de u$s9 millones han sido recuperados y la mayor parte está en una cuenta del Banco Central de Bolivia (BCB)", explicó este jueves el fiscal de Lucha contra la Corrupción, Aldo Ortiz.

En un comunicado, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) señala que espera un resarcimiento de u$s16,5 millones que Santos Ramírez pagó por adelantado a la empresa estadounidense Gulsby Process Systems (u$s13,2 millones) y a la empresa Uniservice (u$s3,3 millones).

Estos recursos fueron desembolsados por el Tesoro General de la Nación (TGN) a través de un fideicomiso que se habilitó en el Banco Unión.

En ese entonces, el TGN erogó a esa cuenta u$s45 millones de los u$s86,3 millones que la empresa estatal y Catler-Uniservice acordaron para la construcción de la Planta Separadora de Licuables de Río Grande.

"Hay suficientes pruebas de un desembolso de dinero y un contrato suscrito (...) con la empresa Catler-Uniservice que no está enmarcado en lo legal", agregó.

De acuerdo con el portal, el fiscal Ortiz explicó que los u$s9 millones que fueron recuperados hasta ahora son "sin contar los bienes inmuebles, vehículos y otros valores" de los implicados en este caso.

Asimismo, aseguró que en el caso de Misael Gemio Jordán, Agustín Tomás Melano y Mauricio Ochoa Urioste, quienes fueron declarados prófugos, ya se realizaron las gestiones para su captura.

La sociedad accidental. El 14 de julio de 2008, el representante de Catler-Uniservice, Tomás Melano, y el entonces presidente de YPFB, Santos Ramírez, firmaron el contrato para la construcción de la Planta Separadora de Líquidos de Río Grande, en el departamento de Santa Cruz, informó AmericaEconomia.com.