La Procuradora General pidió la suspensión del fiscal de la causa de Lázaro Báez
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La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, pidió la suspensión y enjuciamiento de uno de sus subordinados, el fiscal José María Campagnoli, "por mal desempeño" y "abuso de poder" en una causa que involucra al financista Federico Elaskar y al empresario Lázaro Baez.
Gils Carbó adoptó esa medida al avalar un dictamen del Consejo Evaluador, un órgano integrado por los fiscales generales Javier De Luca, Alejandro Alagia, Diego Luciani, Ricardo Álvarez y Eduardo Álvarez, quienes recomendaron que el Tribunal de Enjuiciamiento resuelva si Campagnoli debe ser removido.
La jefa de los fiscales consideró que Campagoli, titular de la Fiscalía de Instrucción de Distrito de los barrios de Saavedra y Núñez y de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos con Autor Desconocido (UFIDAD), "avasalla reglas básicas de competencia" y tuvo una actuación "carente de mesura, prudencia y circunspección".
Según informó el sitio Fiscales, el 16 de abril pasado, dos días después de la emisión del programa periodístico "Periodismo para Todos" en el que se ventilaron supuestas maniobras por lavado de dinero del empresario Lázaro Baez, el fiscal Campagnoli, promovió la acción penal de oficio por los hechos relatados en el programa.
Pero el juez sorteado, Rodolfo Cresseri, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 40, se declaró incompetente y promovió el pase de la causa al fuero federal para ser acumulada con otras denuncias similares, a la causa N° 3017/13 caratulada "Báez, Lázaro s/ encubrimiento".
Dicha causa se tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 7, con la participación de la fiscalía federal N° 9, a cargo del fiscal Guillermo Marijuán.
Pese a ello, ahora en su calidad de fiscal subrogante de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 10, Campagnoli decidió seguir tomando intervención en los hechos denunciados en el programa televisivo, pese a la declaración de incompetencia dictada por el juez Cresseri.
"Para mantenerse en la investigación de los hechos el fiscal transformó una causa iniciada por el delito de defraudación en una por extorsión y convirtió, del día a la noche, a un imputado en víctima", dijo Gils carbó sobre Campagnoli. Los reproches contra Campagnoli también incluyen la violación de secretos ya que de acuerdo con la acusación, el fiscal habría facilitado inmediatamente a medios de comunicación los dictámenes por él presentados en la causa, con el riesgo evidente de frustrar las medidas allí solicitadas.
Según el Consejo, "los fines de tal difusión se encuentran en pugna con el de lograr el éxito de una investigación criminal, porque si se difunde a la prensa un dictamen donde se anuncian cuáles son las medidas a realizarse fácil es colegir que los imputados tomarán noticia de eso y arbitrarán los recaudos
necesarios para que no se pueda descubrir lo que estas medidas pretenden".
Gils Carbó recordó que fue una resolución dictada en octubre por la Sala V de la Cámara del Crimen la que cuestionó duramente la actuación de Campagnoli, ratificó la competencia federal y advirtió sobre una "duplicidad simultánea en la investigación" y una "sobreactuación" de la fiscalía, según consignó Télam.
El Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Nación que considerará la actuación de Campagnoli es un órgano autónomo, conformado por siete miembros: Ernesto Kreplak, Daniel Adler, Rodolfo María Ojea Quintana, Juan Octavio Gauna, Rodrigo Sebastián Bacigalupi (vocal, designado por la Federación Argentina de Colegios de Abogados), Adriana Olga Donato y María Cristina Martínez Córdoba.
