La vinculación familiar del caso Picolotti y la ONG ecologista que está detrás
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En algún rincón del juzgado federal de María Romilda Servini de Cubría se acumulan 47 cajas de color madera con un sello que dice "reservado".
Están numeradas en varias pilas y contienen las facturas y comprobantes de todos los gastos que Romina Picolotti y su marido, Daniel Taillant, hicieron con fondos de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación mientras Picolotti fue su titular, entre 2006 y 2008.
Hay de todo: desde una chalina, productos de belleza, chocolates para regalo y cenas, hasta gastos de combustible y pasajes en vuelos privados de su familia, sobre todo a Córdoba.
En Córdoba, precisamente, vivía el matrimonio hasta que Picolotti se trasladó a Buenos Aires para desempeñar la función pública; allí mismo, ambos fundaron en 1999 el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), una ONG que sirvió como plataforma para que Picolotti recalara en la política.
Los desmanejos económicos de los fondos de la secretaría fueron los que le valieron a Picolotti el procesamiento que Servini de Cubría dictó recientemente. La jueza la encontró responsable del delito de fraude contra la administración pública y la embargó por 450 mil pesos.
En concreto, Servini le atribuye a Picolotti haber dispuesto de fondos públicos para sus gastos personales, los de su esposo, sus hijos y su hermano Juan, entre otras personas.
Juan Picolotti era, a su vez, el jefe de asesores de la secretaría. También se inició en el CEDHA, donde hoy es el coordinador del Programa de Clínica Jurídica y Legislativa. Taillant es actualmente el director ejecutivo de la organización. Y Romina Picolotti, la presidenta y coordinadora general.
Para dictar el procesamiento, la Justicia revisó las 47 cajas de boletas y los tickets de avión comprados desde la secretaría en ese período.
Dice textualmente la resolución que Picolotti y su entorno tomaron "la decisión de solventar los viajes del grupo de personas allegadas -contratadas durante su gestión-, y demás familiares, sin importar, verificar o haciendo caso omiso a que las normas que regulan los gastos del Estado no los permitían".
En el caso de Taillant, se detectaron por lo menos cinco vuelos Buenos Aires-Córdoba; Juan Picolotti acumula una cantidad mayor de pasajes, justificados por su condición de funcionario, varios en compañía de uno de sus hijos.
Una empleada de la secretaría declaró en Tribunales que "era habitual" que el hermano de Picolotti llamara por teléfono antes de llegar a la oficina y que exigiera que le tuvieran el desayuno preparado a su arribo.
El correlato de esos gastos está en la información que se reunió en la investigación: facturas, jugos, tostados mixtos, cafés y demás.
Otros comprobantes reunidos como prueba en contra de Picolotti y sus allegados dan cuenta de la compra, como delivery o fuera, de cervezas y ensaladas de fruta o salidas a restaurantes como Sorrento, Sushi Club o Hooters, conocido por ser atendido por "señoritas de medidas generosas y sueltas de ropa", según detalló la propia Servini en su resolución.
En ese sentido, una empleada de la secretaría declaró como testigo que "era normal" que Picolotti, su hermano y otros asesores "se juntasen a almorzar en la privada" cargando todo a la caja chica del organismo. Lomito de cordero, trucha, paella, ravioles de pavita y burrata fresca eran parte de los menúes reconstruidos en la investigación judicial.
En el plantel de Picoltti estaba también la prima de su marido Taillant: Stephanie Daveris. La chica tenía un contrato en la secretaría, pero -de acuerdo a lo que consta en la resolución- habría vivido con el matrimonio en Buenos Aires y se encargaba de cuidar a sus hijos. "Era quien acompañaba [a Taillant y a Picolotti] la mayoría de las veces" en los viajes aéreos que realizaban, pudo establecer Servini.
Muchos de esos viajes eran privados, en taxis aéreos en lugar de en vuelos de línea. En su defensa, Picolotti procuró explicar que obedecían a cuestiones relacionadas con su función. Servini detectó que, además, una buena parte de esos viajes tienen, sin "ninguna justificación", pasos o escalas a Córdoba, donde funciona el CEDHA.
"Se sabía dentro de la secretaría que todo el clan de Picolotti viajaba a Córdoba todo junto, y como dichas circunstancias comenzaron a ser mal vistas, entonces, desde su grupo íntimo se decidió la contratación de vuelos charter. No es casual que todos los vuelos privados contratados tienen paso por la ciudad de Córdoba, puesto que ya sea de ida o de vuelta, pasaban por allí llevando a la familia", declaró textualmente ante la jueza una ex empleada administrativa de Picolotti.
En tanto, en las últimas horas Picolotti por medio de su abogado Felipe Trucco apeló el procesamiento de Servini de Cubría por administración fraudulenta y ahora será la Cámara Federal la que defina si lo confirma. La apelación fue hecha junto con una presentación en persona en el día de ayer de Picolotti en el juzgado federal n° 1, en el tercer piso de Comodoro Py, en donde fue intimada por la jueza a hacerlo para notificarla de la imposición del embargo de 450 mil pesos que le trabó sobre sus bienes.
