La estrategia oficial para prevenir los ya tradicionales saqueos de fin de año se basó, entre otros puntos, en abrir el paraguas antes de tiempo y denunciar la presencia de conspiradores.

Es decir, de grupos que venían trabajando entre las sombras para infundir temor y generar desestabilización.

Sin embargo, entre los discursos de la Presidenta por un lado, y la exhibición del despliegue policial de Sergio Berni por otro, el Gobierno ha sido lo suficientemente persuasivo como para desactivar este tipo de movimientos organizados.

En cierta medida, las palabras de Cristina Kirchner parecen haber rendido sus frutos en cuanto a haber condicionado a los actores políticos de alto perfil. De hecho, muchos optaron por moderar sus reclamos para así evitar recibir el mote de "incendiarios".

"En estos momentos, no hay llamados a movilizaciones opositoras, porque los dirigentes saben que la gente podría tornarse incontrolable", opina el analista político Jorge Giacobbe.

Sin embargo, hay otro factor que al Gobierno se le escapa: los saqueos previos no sólo se habían conformado por un puñado de activistas que "encendieron la mecha" sino, sobre todo, por miles de personas de escasos recursos que, por su cuenta, arrasaron los comercios.

Esto último, en una clara demostración de que ellos tienen su propia interpretación sobre los tan difundidos conceptos de "inclusión social" y de que se toman muy en serio que el consumo debe ser "para todos y todas".

Es ahí donde reside el mayor desafío del kirchnerismo en estas vísperas navideñas: en darle a los más necesitados los argumentos necesarios para no volver a incurrir en desmanes.

Un punto resulta bien claro: la ayuda debe llegar en tiempo y forma y, además, no debe ser percibida como "una migaja".

En otras palabras, tiene que estar a la altura del "costo de oportunidad" que les significa no protagonizar otro hecho delictivo.

"Los gobernantes están al tanto de que los reclamos populares excederán los de años anteriores. Y son conscientes de que, si los hay, van a estar dirigidos directamente al poder político", afirma Guillermo Belliboli, integrante de la dirección nacional de Polo Obrero.

Tal como se presenta la situación para este 2014, el esfuerzo que debe hacer el Gobierno no sólo es financiero. Además, requerirá de una aceitada logística, a fin de poder garantizar que la ayuda llegue a todos aquellos que la están esperando.

Por lo pronto, ya hay un operativo en marcha para cubrir este último punto, si bien no todos están convencidos de que esa gestión será hecha de manera eficiente.

Sube el precio de la paz social

Lo que ha quedado en evidencia tras los disturbios de los últimos años es que evitarlos tiene un precio y que éste es cada vez es más alto.

Esto ocurre porque se ha naturalizado el concepto de que sobre fin de año todos los sectores de la sociedad tienen su "derecho adquirido" a exigir un dinero extra.

Para los asalariados, ya se ha generalizado la idea de adicionarle un bono al clásico aguinaldo e, incluso, hasta un adelanto del próximo aumento salarial. Y a todo lo anterior se le debe sumar algún tipo de "extra" como por ejemplo la tradicional canasta navideña.

El sector de bajos ingresos -que recibe asistencia estatal- también se acostumbró a que haya algún tipo de "aguinaldo" que puede llegar bajo la forma de asignaciones o incluido en los sueldos de las cooperativas de trabajo.

Desde el movimiento de coordinación barrial CUBa MTR, el dirigente Oscar Kuperman afirma que no están en contra de estas peticiones, si bien aclara que su organización no es de las que saquea.

"Sabemos que son alternativas que encuentran los compañeros desocupados para dignificar la mesa navideña", afirma.

El dirigente social señala que diciembre es el mes en el que se cobran los últimos subsidios, ya que en enero se produce un parate de la administración pública, de modo tal que recién en febrero vuelven a percibir la ayuda.

"Por eso es que si todo el año pedimos una botella de aceite por persona, en esta oportunidad necesitamos que sean tres", afirma Kuperman.

Para hacer frente a esta difícil situación, los movimientos barriales y organizaciones piqueteras optan por apelar a la "solidaridad" de los empresarios, que se materializa bajo la entrega de petitorios formales de mercadería a las cadenas de supermercados.

"Debido a la crítica situación que atraviesa una importante cantidad de habitantes en el país -producto de las suspensiones, los despidos y la inflación-, en los últimos años decidimos salir en forma organizada en busca de alimentos para pasar las fiestas", consigna el pedido formal que CUBa Mtr le realizara a una sucursal de Carrefour, a través del cual solicita unos 900 bolsones de mercadería.

Por la vía informal, los dirigentes del movimiento le han hecho a los supermercados una "oferta difícil de rechazar". "Yo le dije al gerente del local, 'para no tener que cerrar y para evitar encontrarse con gente necesitada agolpada en las puertas del supermercado que lo que le conviene es entregar bolsones'", cuenta un dirigente social.

En tanto, días atrás, un grupo piquetero se instaló en la puerta de ingreso del supermercado mayorista Vital, sucursal Avellaneda, con la intención de reclamar mercadería. No dejaron entrar ni salir a los clientes. 

El personal de seguridad del local se apresuró a cerrar las puertas del lugar y, según relató uno de los presentes, ofrecieron a los consumidores allí presentes dejar la compra en un lugar a resguardo para evitar salir con "productos en mano". 

"Recurrimos a supermercados mayoristas y frigoríficos porque sabemos que luego ellos se lo pasan al Gobierno como gasto, se lo deducen de los impuestos", revela Kuperman.

Cabe destacar también la difícil situación de las zonas que dependen de algún tipo de industria o de una empresa protagónica del lugar que ahora se encuentra en crisis.

Un ejemplo claro es la caída de la actividad en el sector de la construcción, que viene generando una fuerte disminución de la mano de obra empleada formalmente y deja a mucha gente sin las clásicas "changas".

La gestión del reparto, aspecto clave

La situación es particularmente desafiante para un gobierno peronista, porque lo confronta con su condición esencial de ser el "partido del reparto", aquel que se jacta de hacer una buena gestión entre los sectores humildes.

Lo cual no significa, claro está, que a veces pueda haber fallas. Por ejemplo, tras la derrota kirchnerista en las legislativas del 2013 en la provincia de Buenos Aires, el politólogo Artemio López señaló como motivo principal de ese revés a los "problemas de gestión en los segmentos vulnerables".

"Llama mucho la atención que los sectores populares no hayan votado en cantidad al Frente Para la Victoria. Hay que revisar qué está pasando ahí, porque la provincia de Buenos Aires recibe el 40% del monto total de Asignaciones Universales por Hijo, además de transferencias para obras públicas. Evidentemente eso no se está reflejando en las urnas", advertía López, dejando en claro que el problema no era la plata sino la logística.

No han sido pocas las oportunidades en las que quedó en evidencia que la magnitud de las necesidades excede la capacidad de gestión del Ejecutivo.

"Las organizaciones pro gobierno reciben sistemáticamente alimentos y asistencia económica. Yo lo sé porque cuando reparten alimentos, a mi me dan un producto y a otro compañero le dan tres del mismo, entonces se nota mucho que hay una diferencia", sostiene Kuperman.

Los políticos que han pasado por la cúpula del kirchneristmo admiten que la intermediación en la ayuda ha sido un problema.

En diálogo con iProfesional, Alberto Fernández, ex jefe de gabinete de Néstor Kirchner, recuerda: "Nosotros les dábamos el dinero a las organizaciones piqueteras y ellas lo repartían. Ahí detectamos que se quedaban con la gran parte. Si les dábamos $100 por persona, ellos les hacían llegar $10 y se guardaban el resto".

En la actualidad, este punto parecería estar superado a partir de la implementación de una tarjeta social. El problema es que muchos particulares en situación de pobreza no están encuadrados bajo ningún programa de asistencia estatal y dependen íntegramente de la ayuda de intendentes y punteros políticos. Esta situación, de por sí, es un grave problema en potencia.

En opinión del politólogo Giacobbe, "en muchos casos los culpables de los saqueos fueron dirigentes que intentaron llamar la atención de la Casa Rosada, sacaron gente a las calles y la situación los excedió mucho más allá de lo que pudieron imaginar".

Mejor prevenirFuncionarios y punteros están realizando gestiones en estos días para contener a la población más afectada por las desavenencias económicas.

"En cada gobernación se están caminando los barrios y haciendo todo lo posible para mantener un fin de año en paz. No se trata sólo de darles dinero y comida, también hay muchas otras cuestiones como por ejemplo garantizar que tengan electricidad en esta época tan calurosa", comenta Giacobbe.

En el caso de las provincias, a modo de ejemplo el gobernador de Tucumán, José Alperovich anunció un "Plan Anti Saqueos", que incluye el reparto de planes sociales entre los sectores más pobres".

"Cuando veamos gente que quiera (saquear) se le caerán los beneficios que puedan tener del Estado. Estamos trabajando con los intendentes y con los dirigentes", advirtió.

En definitiva, nadie definió el desafío mejor que Sergio Berni: "Los saqueos ya son parte de la cultura navideña".

Es el aspecto más duro de admitir para el kirchnerismo: que después de la "década ganada", y en abierta contradicción con la "inclusión" que proclama el relato oficial, sigue existiendo una gran fragilidad del tejido social en la Argentina.

La sensación que dejaron los últimos diciembres es que, más allá del hecho circunstancial que dio pie a los saqueos, existe una situación de marginalidad que resulta fértil para que cualquier chispa se transforme rápidamente en una hoguera.