Allanamientos en el sur y en la Capital, tras las declaraciones de Fariña
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Pocas horas después de que hubiera terminado la declaración del financista Leonardo Fariña, contrarreloj, el juez Sebastián Casanello ordenó una decena de procedimientos simultáneos y urgentes en la ciudad de Buenos Aires, en Santa Cruz y en Chaco, en busca de pruebas que corroboraran las afirmaciones del valijero preso.
Durante su declaración, Fariña involucró a la ex presidenta Cristina Kirchner y a integrantes de su gabinete en maniobras de lavado de dinero ligadas al detenido empresario Lázaro Báez.
Tanto el juez Casanello como el fiscal Guillermo Marijuan propusieron medidas urgentes para probar o desmentir los dichos del valijero.
Según indicaron fuentes judiciales, la escribanía de Leonardo Albornoz habría tenido un rol fundamental en el esquema de negocios ilícitos.
El escribano constituyó la mayoría de las sociedades de Lázaro Báez, a través de las cuales se alquilaron habitaciones en los hoteles de la familia Kirchner.
Albornoz, por otra parte, también integró el directorio de Valle Mitre, la sociedad gerenciadora de los hoteles de los Kirchner. El dato le permitiría a la Justicia vincular los dos esquemas de negocios.
Báez le compró a los Kirchner al menos nueve inmuebles en Río Gallegos sólo entre 2008 y 2009, pagó $4 millones y los escrituró a nombre de Austral Construcciones, su empresa más emblemática.
Ahora, la Justicia investiga si es casual que Albornoz haya sido el escribano que actuó en todas esas operaciones.
Además, rubricó el balance de 2011 de Austral Construcciones, un documento que registra el ingreso de US$ 56 millones al patrimonio de Báez desde una firma inexistente por un proyecto fallido en Belice por medio de un fideicomiso en Uruguay.
Albornoz intervino también en el fideicomiso del Banco Nación por el que el Estado le permitió a Báez girar en descubierto $350 millones contra la presentación de certificados de obra del propio Estado como garantía de pago.
Por indicación del juez, la Gendarmería llegó hasta la escribanía de Río Gallegos para corroborar el domicilio y esperar la orden de allanamiento.
En ese momento, Albornoz llegó y les preguntó que hacían allí. Le dijeron que esperaban la orden para allanarlo. Frente a los gendarmes, el escribano entró a su despacho y al rato se fue como si nada pasara.
Más tarde, con la orden del juez, ingresaron los gendarmes.
Casanello emitió una media docena de órdenes judiciales más que esperaban ser ejecutadas en la Patagonia en las próximas horas.
En tanto, ordenó allanar la empresa Sucesión de Adelmo Biancalani, que se encuentra en Chaco, una constructora que adquirió Báez en esa provincia y le mantuvo el nombre original y que fue mencionada por Fariña.
Carlos Joaquín Alonso, a quién Baez le compró la empresa, fue meses después nombrado como número dos en Vialidad Nacional por Cristina Kirchner.
La empresa también es sospechada porque está incluida en el rescate financiero que recibió Báez, del Banco Nación, por $ 350 millones. Alonso también figura en la firma Epelco, que fue la que compró en nombre de Báez un chalet de Néstor y Cristina Kirchner en Río Gallegos, con la intervención del escribano multipropósito, Albornoz.
El juez también ordenó verificar domicilios de escribanías y casas particulares en la Capital y otros procedimientos en el Sur.
A pesar de que rige el secreto de sumario en la causa desde el viernes, trascendió que, entre otras medidas de prueba, el magistrado le pidió a la AFIP que le informe sobre las operaciones de compra venta de dólares de Lázaro Báez y su hijo Martín.
