Productoras de equipos de telecomunicaciones piden que se respete la ley de compre nacional
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Mientras el Gobierno nacional se prepara con expectativas auspiciosas para dar comienzo al Mini Davos, el Foro de Inversiones que busca ratificar la apertura del país al mundo y, así, atraer de una vez a las necesarias inyecciones de capital, desde diversos sectores elevan la voz para que se respete la ley de compre nacional y, con ella, a las pyme que forman parte del sistema productivo del país.
Tal el caso de los fabricantes de equipamiento de telecomunicaciones y energía, que se quejan de que, en el marco de los desembolsos que están realizando las empresas del sector para el despliegue de redes móviles y de banda ancha fija, están buscando precio y dejan de lado las alternativas locales. Aún cuando hay una ley que permite diferenciar en los casos en que un producto es posible fabricarlo en el país y cuando sólo existe la chance de importarlo.
"Si el Estado como herramienta de generación de empleo y regulador de las condiciones de producción no cuida a las pymes TIC argentinas, los operadores optarán por maximizar sus ingresos, comprarán más barato en China y se arruinará a otro sector generador de empleo y de valor agregado", disparó Pablo Perelmuter, presidente de la Cámara Argentina de Pymes Proveedoras de Telecomunicaciones (Cappitel).
Para el ejecutivo, la manera en que están procediendo las empresas de telecomunicaciones representa "una vuelta a los 90". Esto, debido a la flexibilización de las importaciones y el enfriamiento de la economía.
El Gobierno volvió al esquema anterior a las Declaraciones Juradas de Importaciones (DJAI) que tanto fastidio generaba entre cualquier empresa que debía traer algo del exterior.
Desde la Cámara señalaron que el retorno al esquema anterior, el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), que también funcionó durante el kirchnerismo, supone Licencias Automáticas de Importación (LAI) y Licencias No Automáticas de Importación (LNA).
En el primer caso, el de las LAI, son aproximadamente 12.000 rubros los involucrados. Mientras que en el de las LNA son 1.400. El problema es que la efectividad de la protección de la industria local planteada en los papeles de la SIMI con las LNA no estaría sintiéndose en la práctica.
"Queremos una mesa de trabajo entre las pyme que fabricamos equipamiento y las empresas de telecomunicaciones para definir los planes y ver qué se puede producir acá. Para eso debemos saber cuáles son sus necesidades y, así, prepararnos para satisfacer esa demanda. Y definir un proyecto a cinco años", agregó el ejecutivo.
CAPPITEL nuclea a 35 empresas pyme que fabrican desde gabinetes hasta componentes de electrónica. "No planteamos una sustitución indiscriminada, sino hacer algo inteligente. Podemos construir torres, encarar proyectos de metalurgia, de metalmecánica de calidad, software. Con una política clara esto se pone en marcha", añadió.
Desde la entidad se quejan de que el comportamiento de favorecer la importación de equipamiento por parte de las empresas de telecomunicaciones, como Telecom, Telefónica y Claro, también se replica en el caso de la estatal Arsat.
En ese sentido, Perelmuter sostuvo que la ley pyme, la diferimiento del IVA son sumamente alentadoras pero "si no está acompañado de una política clara, las grandes que tienen capacidad decisoria van a buscar maximizar su ganancia", insistió.
Lamentó que el encuentro que mantuvieron con autoridades del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) no tuvo los resultados esperados. Y que, en ese marco, continuarán reiterando sus reclamos.
"En la Argentina se fabrican los gabinetes donde se alojan los sistemas de radiobases celulares y tienen una posición de licencia no automática, pero si se ingresa un sistema de energía integral, es decir un gabinete que incluya transmisión y batería, se lo hace con licencia automática porque aquí no se fabrica ese rectificador", amplió el dirigente.
Piden, por ello, que el Estado se comprometa más con las pymes productoras locales y realice esa tarea de desagregación para determinar qué de lo que se está importando puede afectar a la industria nacional.
Las pymes agrupadas en Cappitel también esperan que el Estado fomente el "Compre Nacional" tanto en los organismos públicos como en las empresas, con metas claras y verificables por las autoridades regulatorias.
Sentido común
La Ley 25.551 establece normas para priorizar a la industria nacional en las compras que realizan el Estado Nacional y los concesionarios, licenciatarios y permisionarios de servicios públicos. Es decir, a empresas a las que el Estado les delegó, entre otras, prestaciones de telecomunicaciones y distribución de energía.
"Esta ley está lejos de promover la compra de productos más caros o que no satisfagan los estándares internacionales de calidad. De hecho, para competir en el mercado internacional de alta tecnología, debió satisfacer muchas exigencias internacionales", indicó la Cámara a través de un comunicado.
Además, para que un producto califique como de industria nacional, a ley establece que debe tener como mínimo el 60% de integración, nacional. De este modo, se promueven productos que tengan alto valor agregado nacional, y no simples ensambles de partes importadas.
Todo esto ocurre en la previa del Mini Davos organizado por el Gobierno para que comiencen a concretarse las inversiones anunciadas, y a moverse otras, nuevas, en los sectores más necesitados, como los de infraestructura.
En el terreno de las telecomunicaciones, la compra de insumos para el despliegue de redes depende de las compañías que operan en el país. En la actualidad representan el sector más dinámico en términos de inversiones puesto que en 2016 comprometieron desembolsos por más de $30.000 millones.
Las pyme nacionales piden que parte de esos aportes que, obligatoriamente, realizarán las compañías, se quede en el país. Argumentan que tienen posibilidad de realizar pequeñas inversiones de corto plazo para comenzar a dinamizar el mercado. Dar el primer paso. El necesario para que, luego, lluevan las de las compañías más grandes.
