Poner en jaque a dos mercados: al de reducidores de teléfonos móviles, y al de la delincuencia. Esos son los dos objetivos de fondo que implica la puesta en marcha de la registración obligatoria de las líneas de telefonía móvil en todas sus modalides, aunque con foco en la prepaga, que comenzará a ponerse en marcha de manera definitiva a principios del año próximo y que deberá finalizarse en un plazo de ocho meses. A partir de ese momento, todos los celulares deberán estar registrados, asociados a una línea y a un IMEI.

Esto hasta ahora se cumplía sólo en el caso de las líneas con abono. Ahora se avanzará sobre la modalidad prepaga, que alcanza en promedio al 70% de las 60 millones de líneas de telefonía móvil en funcionamiento informadas por las tres operadoras de acuerdo a los datos surgidos de sus balances. Es decir, se trata de una iniciativa que, al menos en base a estos números, obligará a tener los datos fehacientes de unos 40 millones de líneas.

Las líneas que se venden bajo la modalidad prepaga tienen un modo de registración tan irregular que no es posible identificar a sus dueños. El objetivo es "hacer más difícil el robo de los celulares", dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en una conferencia que dio en conjunto con su par de Comunicaciones, Oscar Aguad, y el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones, Miguel de Godoy.

"El robo de celulares es un delito que afecta a muchos usuarios y eso genera mucha incertidumbre en la sociedad. El año pasado se robaban 5.000 teléfonos por día, y este año estamos en los 4.000 por día. Estamos registrando una baja de 20% en la proyección para 2016 con datos obtenidos hasta ayer", fundamentó Bullrich.

De acuerdo a los datos brindados por el Ministerio de Seguridad, en 2015 se robaron 1.877.195 celulares, mientras hasta el 21 de noviembre de 2016 esa cifra se ubica en 1.023.584 de unidades. De ahí surge la proyección mencionada.

El próximo jueves saldrá una resolución conjunta entre las carteras de Seguridad y Comunicaciones llamada de Nominatividad en Telefonía Móvil. A partir de esa publicación las compañías de telefonía móvil, Movistar, Claro y Personal, tendrán 90 días para ajustar sus sistemas a la decisión tomada en tal sentido.

Luego, cada compañía deberá pedir a cada usuario que se registre y valide su identidad como usuario titular con la empresa en cuestión antes de que puedan activar sus líneas, en cualquiera de sus modalidades.

El trámite podrá realizarse de manera telefónica, on line o presencial. Los usuarios tendrán que aportar su número de DNI y esos datos, a su vez, deberán ser validados.

La obligación, sin embargo, va a dos puntas: por un lado, las empresas tendrán que tomar medidas para que sus clientes informen sus datos a fin de asociarlos de manera fehaciente -y corroborar que esos datos sean reales-, y por el otro, los usuarios también deberán ocuparse de dar esa información pues, de no hacerlo, en un momento se dará de baja.

Una vez entrada en vigencia la resolución del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), ante la denuncia de robo o extravía se podrá identificar no sólo la línea sino también a su titular, y se podrá acceder al IMEI del último teléfono móvil usado por esa línea. Para los organismos involucrados, esto permitirá encarar un gran avance en la investigación de un suceso y para prevenir el uso ilegal de celulares para cometer delitos.

Las líneas nuevas que se vendan en este marco ya tendrán que activarse de acuerdo a esta disposición. Las que ya están en funcionamiento tendrán un cronograma para que esos datos queden finalmente registrados. Se prevé que el sistema tenga absolutamente registradas todas las líneas en funcionamiento en el país a mediados de 2018.

Si bien ya existe un sistema en marcha, basado en la denuncia del usuario que sufrió el robo de su celular y que pone a ese equipo en una lista negra, que se intercambia entre las compañías a fin de evitar su activación en una compañía distinta, en esta oportunidad se avanza más enfáticamente sobre aquellos usuarios individuales que usan la modalidad prepaga. Y también sobre los llamados "bolseros", es decir, aquellos que compran chips en cantidad para, luego, revender.

"En Seguridad vemos que hay, por ejemplo, 1000 o 5000 chips asociados a una persona. Y hay oportunidades en que advertimos que el chip está asociado al delito porque, para activarlos, los registran de modo irregular. Y hemos visto casos donde esas líneas está activas con nombres como Pato Donald", agregó la ministra.

"Desde Seguridad buscamos que no hayan chips voladores, que son los que tienen los bolseros. Porque en los allanamientos siempre encontramos estos chips. Seguramente (los delincuentes) algo nuevo van a inventar para eludir este tipo de registración pero ahora les vamos a dificultar el camino", añadió.

La funcionaria sostuvo, asimismo, que este año se desbarataron más de 50 negocios que en su fachada muestran ser tiendas de accesorios pero que, en la parte de atrás, se dedicaban a vender teléfonos robados.

"Las telefónicas tendrán la obligación de tener nominados los celulares y los chips. Los usuarios tendrán que registrarse y denunciar", enfatizó Aguad. La ministra Bullrich añadió que esto "pondrá en jaque a los mercados, el de los reducidores y el de los que cometen delitos".

Negociaciones renuentesPoner en marcha el sistema demandó un par de meses de negociación con las compañías que, según lo señalado por los ministros y el presidente Enacom, Miguel de Godoy, al principio se mostraron "renuentes" a colaborar en esta iniciativa.

Y para dar cuenta de ello, Bullrich ejemplificó con dos casos. En uno de ellos, para obtener información telefónica vinculada con el secuestro de un niño una de las compañías demoró ocho horas en dar la información y la geolocalización de las líneas involucradas.

En otro, al solicitarle la Justicia información a otra compañía por un delito grave, la empresa respondió que no podía brindarla. La ministra contó que ella misma tuvo que llamar al presidente de la compañía involucrada y advertirle que sería demandado penalmente por no colaborar con la Justicia. Al cabo de unos días los datos solicitados al principio fueron perfectamente provistos.

El ministro, en tanto, indicó que parte de la "renuencia" inicial de las compañías a prestar esta colaboración se debe a que "nadie quiere dar a conocer su cartera de clientes". Aunque también destacó que, una vez iniciadas las conversaciones, fue posible bajar esa resistencia.

Tanto Bullrich como Aguad destacaron la importancia de que el usuario denuncie si su celular fue robado. Porque esa será la manera de llevar un control fehaciente sobre los teléfonos y líneas que se usan para el delito.