La Legislatura porteña aprobó este jueves la ley que agrava las multas para los conductores de Uber y hasta les quita el registro por hasta 30 días.

Ante esta situación, desde la app reclaman una apertura del diálogo con el Gobieno porteño para legalizar el servicio, que funciona con normalidad en otras ciudades del mundo. Entre ellas, Mendoza.

Uber opera en 650 ciudades de todo el globo. En la mayoría desembarcó con conflictos, por un lado con los taxistas, pero por el otro por la ausencia de regulaciones para un servicio difícil de encuadrar en las modalidades de transporte existentes, señala Clarín.

Es que, según la empresa, Uber es una aplicación, una plataforma tecnológica que reúne a una persona que necesita hacer un viaje con un conductor dispuesto a llevarlo. Un servicio que no se encuadra en las leyes existentes y que por eso necesita una regulación a medida.

 

"Hay 150 regulaciones distintas bajo las cuales operamos en distintas ciudades", contó en declaraciones a Radio Cultura Juan Labaqui, el Gerente de Comunicaciones para el Cono Sur de Uber. Y detalló que, en esas ciudades, además de pagar impuestos hacen contribuciones adicionales por cada viaje. Ese dinero se destina a mejorar el parque de taxis, la infraestructura de transporte o la coordinación entre distintos medios de transporte.

"Por ejemplo, para que puedas comprar tu boleto de tren a través de la misma aplicación de Uber. Es decir, la persona usa Uber para llegar de su casa a la boca del subte pero ya pagó el boleto del subte a través de la aplicación", explicó.

En el caso de la provincia de Mendoza, la Ley de Movilidad ahora reconoce el transporte entre privados a través de plataformas digitales como una nueva categoría, distinta y complementaria a las existentes.

Eso implica que empresas como Uber y Cabify deben ser “solidariamente responsables” con los prestadores del servicio y tributar impuestos locales, además de tener oficina comercial en Mendoza. Eso se traduce en un impuesto específico y la posibilidad de que los taxistas también puedan usar la aplicación.

 

Actualmente, se analizan proyectos para regular Uber en Provincia de Buenos Aires, Puerto Iguazú, Córdoba y Jujuy. En Capital hay una iniciativa, pero está cajoneada.

"En la Ciudad, pese a que la gente ya eligió moverse con aplicaciones, seguimos sin un conjunto de reglas claras que se apliquen a esta nueva manera de moverse", se quejó Labaqui.

Según Labaqui, a los conductores porteños que quieren manejar con la aplicación les exigen requisitos muy parecidos a los de otras ciudades donde la actividad está reglamentada: licencia profesional, certificado de antecedentes penales e inscripción en el monotributo.

"Y les ofrecemos un seguro que diseñamos en conjunto con un socio internacional para que las cuatro plazas que pueden estar ocupadas aparte del conductor estén protegidas con una caución de hasta $18 millones", explica.

La primera ciudad de América Latina que reguló y autorizó la actividad de Uber fue México DF. La empresa desembarcó en 2014 y, también, fue fuertemente resistida por los taxistas. En 2015, el Gobierno sacó un decreto que estableció las exigencias que deben cumplir este tipo de aplicaciones. Los conductores tienen que tener licencia profesional y que someterse a exámenes psicológicos, indica Clarín.

Además, la empresa debe pagarle al Estado el 2% de lo que recauda. Ese dinero es destinado a hacer mejoras en el sistema de transporte. Además, los choferes deben sacar un permiso anual de circulación que cuesta alrededor de u$s100. Y sus vehículos tienen que tener aire acondicionado y estar valuados en al menos u$s12.600.

 

Mientras, en San Pablo Uber está regulado desde 2016 por un decreto municipal. En esa ciudad les cobran un canon por cada viaje. Además, se busca a que la oferta se concentre en lugares donde hay poco transporte público.

Pero aún donde Uber está regulado, ahora buscan ponerle límites. En agosto, en Nueva York -donde hay unos 100 mil móviles que trabajan con la aplicación- una ley suspendió por un año el otorgamiento de nuevas licencias a vehículos para operar con Uber, mientras se analiza el impacto de la aplicación en el transporte.

Además, estableció que la empresa deberá cubrir un salario mínimo para sus conductores de US$ 13 por hora, después de que estallara la polémica porque la mayoría de ellos ganaba mucho menos. Desde antes, los autos ya tenían que pasar por una revisión técnica y que ser modelos previos a 2006.

En España, los móviles de Uber y de Cabify están regulados como "Vehículos de Alquiler con Conductor" (VTC). Pero ante el enfrentamiento con los taxistas, ahora el Gobierno sacó un decreto en el que traspasa a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos la potestad para regular los servicios de estas aplicaciones. Y si no quieren legislarlo, los VTC sólo podrán hacer viajes interurbanos.

Además, el decreto español establece que a partir de octubre de 2022 los ayuntamientos podrán limitar la cantidad de VTC que circulan en las ciudades, fijando una proporción de vehículos por cada taxi en circulación, detalla Clarín.

En Uber y en Cabify están preocupados, porque el ayuntamiento de Barcelona ya sacó un decreto que determina que sólo se permitirá la circulación de un vehículo VTC por cada treinta taxis. Eso significa que en esa ciudad, donde hay al menos mil vehículos que usan la aplicación, sólo podrían circular entre 100 y 200.