El Observatorio de Economía Urbana y otras organizaciones, rechazaron la sentencia de la Cámara en lo Contencioso y Administrativo Número 2, que calificó inconstitucional el artículo 2 de la ley de alquileres, que prohíbe el cobro de comisiones inmobiliarias al inquilino.

La ley 5859 de alquileres fue votada por unanimidad por la Legislatura porteña a fines del año 2017, en un "contexto de un intenso proceso de movilización social" y a partir de su sanción se constituyó una mesa de trabajo conjunta entre el Gobierno de la Ciudad y diversas organizaciones de la sociedad civil para dar continuidad a la iniciativa y mejorar el acceso a la vivienda a través del alquiler en Buenos Aires.El 10 de abril, de este año, la justicia declaró inconstitucional la ley de alquileres, al dar la razón al reclamo de las inmobiliarias, que no están de acuerdo con el monto máximo de la comisión a cobrar en 4,15% del valor total del respectivo contrato, que según la ley corre "a cargo del locador".

Además, de acuerdo al fallo de la justicia, la Legislatura no cuenta con competencias suficientes para regular a quién pueden cobrarle honorarios los corredores inmobiliarios.

"En un mercado de compra venta de viviendas cada vez más excluyente para sectores medios, la tasa de inquilinización de la población porteña ha crecido de manera pronunciada en los últimos 10 años", según indicaron en la solicitada las organizaciones que defienden los derechos de los inquilinos.

"Desde el sector de los corredores inmobiliarios se señala que la regulación del mercado de alquileres perjudica a las/os inquilinas/os porque tiene como efecto un aumento del precio y una reducción de la oferta de inmuebles. Sin embargo, los datos afirman lo contrario: la variación mensual del precio de los alquileres posterior a la sanción de la ley muestra una tendencia decreciente, que desde 2018 fluctúa en torno al 2 por ciento", afirmaron.

Y agregan: "en un escenario de aumento del desempleo, la pobreza, los costos vida y de pérdida de capacidad adquisitiva, resulta fundamental garantizar mejores condiciones de acceso al mercado de alquileres. La eximición del pago de comisiones a las/os inquilinas/os es un paso fundamental en ese sentido".

La solicitud lleva las firmas de la Federación de Inquilinos Nacional, Asociación Civil por la Igualdad y Justicia (ACIJ), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Observatorio de Vivienda y Economía Urbana -CEPA, La Boca Resiste y Propone, Centro de Estudios Metropolitanos (UMET), Techo y el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.