El Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán procesó y trabó un embargo de $500.000 a Julián Patricio Rooney, ex CEO de la minera La Alumbrera, como partícipe primario en la contaminación ambiental con metales pesados de la empresa en sus instalaciones en Catamarca

El ejecutivo fue sobreseído en la misma causa en 2016, pero un grupo ecologista apeló la medida para revisar el dictamen y solicitó informes ambientales a la Dirección de Minería de Tucumán, provincia en la que la minera registra sus plantas de tratamiento.

El juez federal Fernando Luis Poviña justificó su decisión en base al fallo sobre otro directivo de la compañía en 2016, cuando se sentó que "la posición directriz de las autoridades en la firma" es un elemento probatorio suficiente para dictar la culpabilidad en delitos ambientales", según señaló Perfil.

El magistrado agregó que Rooney, en calidad de garante y con el deber de "vigilancia de una fuente determinada de peligro", ponderó la maximización de las ganancias de la empresa producto de la explotación minera por sobre la prevención de los daños.

"(El imputado) debió haber priorizado y puesto todo el empeño posible en adoptar las medidas necesarias para evitar la contaminación ambiental, que no hace más que afectar la salud, muchas veces con carácter irreversible. Se advierte que (La Alumbrera) vino a nuestro país con la única finalidad de realizar un negocio de gran magnitud, que le dejó dividendos importantísimos", alegó Roviña.

La decisión del magistrado de considerar como penalmente responsable a Rooney en su condición de directivo de una empresa contaminante se convierte en el primer fallo condenatorio desde la sanción en 1991 de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, que pena con hasta 25 años de prisión las acciones contra el suelo o el agua, condena aplicable a los directores de las empresas cuando la contaminación la produce una persona jurídica, según asegura Perfil.

Poviña revocó el sobreseimiento del ejecutivo tras una inspección ocular de Gendarmería Nacional a la causa iniciada en 1999 contra la minera La Alumbrera por la contaminación de la cuenca Salí-Dulce, que comparten las provincias de Catamarca, Tucumán, Córdoba, Salta, La Rioja y Santiago del Estero.

A través de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses catamarqueña, el juez constató la existencia de decenas de depósitos de materiales contaminantes que incluyen metales, cubiertas de neumáticos, maderas, plásticos, cañerías, bobinas, residuos industriales y chatarra pesada.

La minera explota desde 1997 el Bajo de la Alumbrera, un yacimiento de cobre, oro y molibdeno que ubicado a 400 km de San Fernando del Valle de Catamarca y a 320 km de San Miguel de Tucumán, unos 2.600 metros sobre el nivel del mar, en la que invirtió u$s6.000 millones.