La Subsecretaría de Energía Eléctrica propone inyectar durante 2021 unos $60.000 millones en las dos mayores distribuidoras eléctricas para evitar cambios  en las facturas de electricidad que reciben los hogares.

Pese a la intención del ministro de Economía, Martín Guzmán, que pretendía segmentar las facturas de gas y electricidad en función de la capacidad económica de cada usuario, el gobierno se inclinaría, en cambio, por acentuar el atraso tarifario. La estratificación de los cuadros tarifarios —el objetivo que se había fijado la Secretaría de Energía para asignar de manera más justa los subsidios que recibe el sector energético—parece estar enterrada.

Por el contrario, la idea que impulsa el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, es intensificar una aplicación masiva de subvenciones estatales que terminará beneficiando tanto a hogares de bajos ingresos como a segmentos medios altos y altos.

En concreto, la alternativa que propuso Basualdo puertas adentro del gobierno consiste en subsidiar de manera directa a Edenor y Edesur para evitar un aumento —o en todo caso, un salto grande— de las facturas residenciales de electricidad en el área metropolitana de Buenos Aires.

Las empresas de energía podrían recibir subsidios.

Los recursos que el Estado vuelca en el sector eléctrico se canalizan a través de Cammesa —la compañía que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)— para comprar combustibles para las centrales de generación. Es decir, hasta ahora, las dos grandes distribuidoras no reciben subsidios.

Si la iniciativa que baraja Basualdo prospera, este año se inyectarán unos $ 60.000 millones -unos US$ 65 millones al tipo de cambio oficial- en Edenor y Edesur, las mayores distribuidoras del país y las únicas que permanecen bajo la órbita del Estado nacional.

¿Cómo se materializaría el plan de la Subsecretaría de Energía Eléctrica?

En la práctica, Basualdo prevé reeditar la resolución 32/2015 de la Secretaría de Energía, de marzo de ese año, que instauró un esquema a través del cual el Estado empezó a desembolsar recursos en Edenor y Edesur para cubrir gastos operativos e inversiones en la red que operan esas dos empresas.

La mecánica de esa normativa implicó, en los hechos, una especie de intervención informal por medio de la cual el gobierno tenía que validar los gastos de las compañías. Quien controlaba ese esquema era Roberto Baratta, por entonces coordinador de Planificación, que cumplía la función de autorizar personalmente cada pago que realizaban las distribuidoras.

Según indicaron a EconoJournal fuentes públicas y privadas sin contacto entre sí, en caso de optar por la continuidad del congelamiento de las tarifas eléctricas de los hogares del AMBA- que se mantienen sin cambios desde febrero de 2019-, el Estado inyectará entre 25.000 y 30.000 millones de pesos en cada una de las dos distribuidoras eléctricas.

Transición de dos años

Basualdo apunta a lograr un acuerdo con Edenor y Edesur para aplicar tarifas de transición durante los próximos dos años. A lo que aspira, concretamente, es a firmar un documento en el que los privados acepten voluntariamente que el Estado no aplique las tarifas que se aprobaron las RTI 2017-2021 realizada por el gobierno anterior. A cambio, el Estado se comprometerá a inyectarles un volumen cuantioso de subsidios para garantizar la operación de las redes de distribución.

Quieren evitar subas en las tarifas de luz.

El déficit operativo de Edenor y Edesur -es decir, la diferencia entre lo que recaudan por tarifas y lo que debería gastar en la operación y mantenimiento de sus redes- ronda los $ 30.000 millones en el año. Las compañías prevén, además, obras por $15.000 y $20.000 millones, pero advierten que por las demoras burocráticas -para conseguir aprobaciones y permisos para operar en pandemia- seguramente deberán adecuar hacia abajo esas proyecciones.

Plazos

Con todo, las negociaciones son aún incipientes. La Subsecretaría de Energía Eléctrica aún no dio a conocer el borrador del acuerdo que debería firmar con las empresas.

Deberá acelerar en estas semanas si pretende que el esquema esté en marcha a partir del 1º de abril. Las empresas, en tanto, esperan. Saben que, en el peor de los casos, si las tarifas siguen congeladas y se demora la implementación del esquema que prevé Basualdo, seguirán financiándose vía Cammesa dejando de pagar la energía que toman del mercado mayorista.