Segunda ola del coronavirus: a qué estatales del AMBA le otorgarán licencias durante dos semanas
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El Gobierno nacional autorizó a la administración pública a otorgar licencia hasta el próximo 30 de abril a trabajadores del sector que estén a cargo de hijos menores de 14 años que deban realizar escolaridad virtual y estén inscriptos en colegios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La Decisión Administrativa 378/2021 publicada este lunes por la mañana en el Boletín Oficial abarca licencias para agentes de las jurisdicciones, entidades y organismos de la Administración Pública Nacional, que podrán ser otorgadas "cualquiera sea la forma de vinculación jurídica de prestación de servicios de carácter laboral o personal con el sector público nacional".
En el marco de la emergencia por la pandemia de coronavirus, es necesario "facilitar la compatibilización de la integridad familiar", lo que "implica también el apoyo a la escolaridad virtual, resultando imprescindible otorgar licencia a uno de los progenitores", sostuvo la Decisión Administrativa.
En el caso de que ambos progenitores convivientes presten servicios en el sector público nacional, la justificación se otorgará solo a uno de ellos o una de ellas.
"La licencia podrá ser solicitada en la medida que se encuentre declarado el vínculo en los legajos personales, debiendo encuadrar al área respectiva las inasistencias por razones de fuerza mayor o bien efectuar un encuadramiento análogo según el régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias aplicable al personal de cada organismo", señala uno de los artículos.
Para quienes asistan a niños con Certificado Único de Discapacidad (CUD) a cargo, no regirá el límite de menos de 14 años de edad, indicó la normativa de la Jefatura de Gabinete firmada por su titular, Santiago Cafiero, y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro.
Asimismo, el Gobierno "invita a adoptar medidas similares al Poder Legislativo y Judicial de la Nación, a la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires y a los municipios del AMBA".
Los chicos deben ir a clases en la Ciudad
La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la ciudad de Buenos Aires emitió el domingo por la noche un fallo que ordena la habilitación de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, en detrimento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó el presidente Alberto Fernández el viernes pasado que dispuso el cierre de las aulas por dos semanas.
La votación del tribunal que integran los jueces Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Machiavelli fue unánime, y la medida se hizo efectiva este lunes ya que el Gobierno nacional no puede recusar, por no formar parte del caso.
En la mañana del domingo la fiscal ante la Cámara de Apelaciones de la Ciudad, Karina Cichero, había resuelto a favor del pedido de dos organizaciones no gubernamentales para mantener las escuelas abiertas a contramano del decreto del Gobierno.
El recurso había sido presentado por un grupo de docentes enrolados en la ONG Abramos las Escuelas y el espacio Centro de Estudios de Políticas Públicas, que consideraban que era prioritario sostener las clases pese a la escalada de contagios en el AMBA.
La medida de suspensión de clases presenciales por dos semanas había provocado el rechazo de sectores de la oposición y de grupos de padres preocupados por la educación de sus hijos.
Cientos de vecinos salieron a las calles en distintos barrios de la Ciudad y de la zona norte del conurbano para exigirle al Gobierno que de marcha atrás con la medida, organizando cacerolazos espontáneos.
Las escuelas no son foco de contaigio, según Ciudad
El Gobierno de la Ciudad sostuvo que las escuelas no son focos de contagio y presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema para anular el decreto presidencial.
También intentó torcer la voluntad de Alberto Fernández, quien tomó una decisión que sorprendió inclusive a integrantes de su propio Gabinete.
El argumento del Gobierno nacional tenía que ver no tanto con los contagios que pudieran generarse en las aulas, donde existen protocolos para que eso no suceda, sino en la circulación que iba a generar una mayor demanda de transporte público para llegar a las escuelas.
El Gobierno de la Ciudad modificó su postura respecto del año pasado, cuando acordó con el Gobierno nacional la suspensión de las clases presenciales frente a la incertidumbre que generaba la irrupción de la pandemia en el país, por lo que no hubo una judicialización del tema.
La prohibición del dictado de clases presenciales alcanzaba a 2.359 escuelas que abarcan un total estimado de 600.000 alumnos.