En un informe del programa televisivo PPT, se informó que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner busca la estatización del mantenimiento y dragado del eje fluvial Paraná-Paraguay, también conocido como Hidrovía, para entregárselo a una empresa de capitales chinos, un negocio de más de 300 millones de dólares anuales, según el ciclo de eltrece.

La concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay, una de las rutas fluviales más importantes del mundo, representa un negocio de 300 millones de dólares solo en cobro de peaje y mantenimiento.

Con más de 3.400 kilómetros de longitud, este corredor que conecta las provincias del Litoral, Paraguay y el sudoeste de Brasil con el océano Atlántico, transporta más del 70% del comercio exterior de la Argentina, como así también entre 20.000 y 40.000 millones de dólares en contrabando, narcotráfico y comercio de soja en negro, por lo que su control es vital tanto para la economía como para la seguridad nacional.

El ala del Frente de Todos encabezada por Fernández de Kirchner puja por cambiar la actual situación sobfre ese recurso. "En el Gobierno hay una interna feroz: mientras que Alberto Fernández quiere una licitación internacional, el kirchnerismo se quiere quedar con la caja, todo con el verso de la soberanía. Cristina apunta a entregársela a los chinos con Gerardo Ferreyra como socio", aseguró Jorge Lanata, conductor de PPT.

Sectores del kirchnerismo pidieron en público estatizar la Hidrovía una vez que el 31 de julio venza la concesión a Emepa y la empresa belga Jan de Nul, que tienen a su cargo el mantenimiento y dragado del eje fluvial Paraná-Paraguay desde 1995.

Un empresario arrepentido y otro ultra K en el medio

la concesiuón fue prorrogada en 2010 por un decreto de Fernández de Kirchner. De hecho, el dueño de Emepa, Gerardo Romero, es uno de los empresarios arrepentidos en la denominada "causa de los cuadernos", donde confesó el pago de coimas por 600.000 dólares para renovar la concesión de la Hidrovía.

"Mientras el kirchnerismo habla en público de estatización y soberanía, en privado el nombre que más suena para quedarse con la operación de la Hidrovía es la china CCCC Shanghai Dredging Company, la cual en la Argentina está ligada a Gerardo Ferreyra, un empresario ultra K dueño de Electroingeniería y socio de los chinos en las represas de Santa Cruz", apuntó el informe de PPT.

En el informe, la diputada nacional Mariana Zuvic (Coalición Cívica) apuntó que la licitación de la Hidrovía representa "un negocio fenomenal" para el kirchnerismo. "Se está sospechando que primero será la estatización para luego entregar llave en mano a China, lo que va en sintonía con los lineamientos que está teniendo la Argentina tanto con ese país como con Rusia, Venezuela e Irán", dijo la legisladora.

El exjefe de la UPE Hidrovía Federal, Gustavo González, señaló que en el Frente de Todos "se mezclan unos conceptos raros de soberanía y control, cuando la Argentina nunca perdió el control sobre la Hidrovía, ni de lo que se transporta".

Emepa y Jan de Nul cobran a cada barco un peaje de 3 dólares por tonelada de carga, lo que significa un negocio de 300 millones de dólares anuales. Todos los consultados en el informe de PPT coincidieron en que el dragado y balizado es difícil de realizar, dado que solo hay cinco empresas especializadas en el mundo, debido a las fuertes inversiones en la tecnología y conocimiento que requieren este tipo de tareas. Por eso, ningún Estado lo hace por su cuenta.

Mientras que el kirchnerismo impulsa su estatización, la Hidrovía se ve afectada por la desidia de los controles estatales. El eje Paraná-Paraguay es una ruta para el comercio ilegal y el narcotráfico.

La Prefectura está a cargo de la seguridad, pero las distancias entre los puestos de control hacen que proliferen los "puntos muertos" en cientos de kilómetros sin custodiar, donde el contrabando es moneda corriente.

Uno de los mayores ejemplos es el escándalo de la embarcación paraguaya con 16 toneladas de cocaína de máxima pureza que a principios de este año atravesó el río Paraná sin ningún tipo de control.

El Gobierno nacional tiene que definir lo que sucederá con la Hidrovía. La periodista Cecilia Boufflet indicó que lo más probable que ocurra "es una nueva licitación corta por un año, mientras que el cobro del peaje pasará a la Administración General de Puertos (AGP) conducida por José Beni, un santacruceño referente del Instituto Patria en los temas de transporte".

La periodista Mariel Fitz Patrick dijo que "en estos 26 años, el Estado no controló ni la profundidad del dragado, ni la inversión realizada ni las ganancias de la empresa. El 0,5% de todo lo recaudado durante todos estos años, equivalente a 23,5 millones de dólares, estaba destinado a un organismo de control que nunca se creó".