Así es el plan del Gobierno para regular las sanciones a todos los "empleados antivacunas"
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Los empleados que se niegan a inocularse estando en condiciones de hacerlo configuran uno de los nuevos temas del mercado de trabajo. Un derivado inesperado de la pandemia de Covid-19, que de a poco se convirtió en un problema que debe ser resuelto para no llegar al cauce judicial.
Los empleadores, tanto del sector público como del sector privado, esperan reglas claras para saber cómo actuar. Por el momento lo que hay es una regulación a través de la Resolución conjunta 4/2021, que lleva las firmas del Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo.
La normativa, publicada el pasado 8 de abril en el Boletín Oficial, estipula que los empleados que forman parte de los grupos de riesgo o sean personal de salud y "opten por no vacunarse, deberán actuar de buena fe y llevar a cabo todo lo que esté a su alcance para paliar los perjuicios que su decisión pudieren originar a los empleadores o empleadoras".
No hace referencia concreta al resto del universo de los trabajadores y trabajadoras. Ello, según explicaron oficialmente, es porque se trata de un plan de vacunación nacional pero de carácter optativo. Por lo tanto, termina configurando una especie de gran zona gris.
Desde el sector privado ya pidieron varias cámaras empresarias una normativa para respaldar a aquellos empleadores que no puedan contar con los servicios de sus dependientes de manera presencial, por motivo de no haberse inoculado.
Sin embargo, el problema no sólo impacta en el sector privado. También en el ámbito público buscan soluciones.
En busca de un marco regulatorio concreto
Ya hay algunas provincias, de diferentes colores políticos, que tomaron decisiones drásticas y aplicaron licencias extraordinarias para quienes se negaron a recibir la vacuna.
En Córdoba, el gobierno del peronista disidente Juan Schiaretti, otorga licencias obligatorias y sin percepción de haberes a las y los empleados públicos mayores de 60 años, que integran los grupos de riesgo por comorbilidades, que no hayan querido recibir la vacuna contra el coronavirus. La decisión alcanza al personal administrativo y también a los docentes. La medida recibió, incluso, el respaldo del gremio mayoritario de maestros cordobés, la UEPC.
En Jujuy, tierra gobernada por el radical Gerardo Morales, ante el avance de la variante delta del coronavirus se resolvió exigir la vacunación obligatoria para los trabajadores públicos.
La medida se ejecutó a través de un decreto. Quienes no puedan acreditar su inoculación o justificar la determinación de no aplicarse las dosis serán considerados ausentes, con la pérdida de remuneración. Rige para todo los agentes dependientes de la administración pública provincial, entidades autárquicas, organismos centralizados y descentralizados, empresas y sociedades del Estado, cualquiera sea su situación de revista y lugar en que se presten servicios.
Para empezar a tener precisiones homogeneizar la actuación a lo largo del país, altas fuentes del Ministerio de Trabajo de la Nación le adelantaron a iProfesional que "lo más probable es que se lleve el tema al Consejo Federal del Trabajo".
Se trata del organismo que integran todos los ministros de Trabajo del país y que tiene como función impulsar las políticas generales y marcos regulatorios.
La idea sería conseguir un marco regulatorio concreto, que complemente la recomendación vigente y que evite una potencial controversia legal respecto de cómo actuar en estos casos y de las potestades de los empleadores para sancionar.